Mendoza, la mujer que inició la causa del saneamiento

Beatriz Mendoza sigue padeciendo las secuelas de la contaminación, pero ahora, aunque con algo de desconfianza, se permite un poco de optimismo. Ella y un grupo de vecinos de Avellaneda y de la Capital son los que presentaron la demanda que llevó a la Corte Suprema de Justicia a intimar a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño para que presentaran un plan de saneamiento del Riachuelo.

"Me encanta la idea de que el tema esté en la agenda política", dijo Mendoza a LA NACION, al hacer una pausa en su trabajo diario en la sala de atención médica en la Villa Inflamable, en el Polo Petroquímico de Dock Sud.

Mendoza comenzó la semana pasada con un trabajo que el Estado debería haber realizado hace tiempo: un banco de datos que registre todos los casos de contaminación de las miles de familias que viven en la villa instalada hace décadas en el corazón del polo.

Esta psicóloga social trabaja para la Municipalidad de Avellaneda. "Me pidieron que hiciera esta tarea porque saben que le voy a poner pilas. Queda claro que no es en busca de un beneficio personal porque la decisión de la Corte determinó que no habrá compensación económica", contó Mendoza. Ahora, encabeza el grupo interdisciplinario que acompañará a las primeras 280 familias que deben dejar el Polo Petroquímico y mudarse a un predio, lindero con la autopista Buenos Aires-La Plata, impulsado por el municipio bonaerense.

"Estoy recorriendo casa por casa. Recién empezamos. Hay algunos chicos a los que tenemos detectados que están contaminados con plomo, pero los estudios que arrojaron esos resultados son viejos. Necesitamos nuevas mediciones", explicó.

En 2003, un informe de la Agencia de Cooperación Japonesa en la Argentina determinó que más de la mitad de los 200 chicos analizados tenían altos valores de plomo en la sangre.

"Esos chicos, que tenían siete años en ese momento, hoy tienen 17. Tenemos que focalizarnos en la franja que va de los recién nacidos hasta los dos años", opinó Mendoza.

La mujer recorre las casillas de la Villa Inflamable con una encuesta que completa cada familia que diariamente soporta el ácido olor de los hidrocarburos que se transportan y se almacenan en Dock Sud. Y ella conoce bien los síntomas de la contaminación: calambres que derivan en falta de sensibilidad. "Si me corto un dedo cuando estoy cocinando, me doy cuenta sólo cuando veo la sangre", contó.

Los análisis de rutina no mostraban nada extraño, pero cuando le hicieron estudios sobre los niveles de tolueno en sangre (aditivo aromático cancerígeno), los resultados sextuplicaban los límites tolerables en la orina. El diagnóstico: polineuritis en bota.

Ahora recorre las precarias casillas. A pocas cuadras de la salita de primeros auxilios viven Daniel Esmite y su mujer, Mirta. Tienen cuatro hijos, uno de ellos con altos niveles de plomo.

"Yo me quiero ir de acá cuanto antes. Tratamos de no tener contacto con el agua; incluso compramos bidones para el líquido que tomamos. Cuando no tenemos plata para comprarlos, la hervimos", dijo Esmite. En el fondo de su casa se puede ver una laguna hedionda, llena de basura, que desborda cada vez que llueve. "Yo igual pongo veneno para ratas y trato de mantener [el lugar] para que mis hijos no se contaminen más", explicó el vecino.

Un problema similar tiene Salvador Amara, que nació en el Polo Petroquímico. "Acá hay contaminación, pero recién ahora se está sintiendo. Si me compran mi casa, me voy con mi mujer a Concepción del Uruguay. Esto no tiene solución", dijo.

Respecto del plan que presentó el gobierno ante la Corte, están un poco escépticos. Aunque ven que hay más movimientos, especialmente desde la municipalidad, sus oídos están adormecidos de escuchar promesas vanas.

Del mismo modo se siente Mendoza, que renquea al caminar por esas ulceraciones que se le producen en la piel y no siente hasta que el nervio se entera. "No sé si va a servir para algo, pero algún día hay que empezar."

Según los anuncios, las primeras empresas en trasladarse serían 11 químicas que hoy almacenan las sustancias en enormes depósitos. Si bien se firmó un acuerdo por el que tienen cinco años para trasladarse, poco se precisó sobre su destino en la audiencia ante la Corte.

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