Miguel, el hombre al que olvidaron en un neuropsiquiátrico hace 48 años

CORDOBA.- Si el 1 de enero próximo -como fija la ley nacional de salud mental sancionada en 2010- se cierran los neuropsiquiátrico de todo el país, Miguel A. no se enterará. Lleva más de la mitad de su vida (48 años de 70) viviendo en la Colonia Vidal Abal de Oliva ( Córdoba ), uno de los neurosiquiátricos más antiguos del país, fundado en 1895. El hombre llegó en 1971, cuando cayó preso por lesiones leves y la Justicia ordenó internarlo. En 1975 tuvo otro problema con la ley, pero lo consideraron inimputable. Después, lo olvidaron.

Jorge M. entró en 1986; dice que fue "en tren", no tenía documentos. Fue un NN hasta hace 15 días. Le tramitaron uno cuya llegada están esperando. Ninguno de los dos se enterará de la clausura de los neurosiquiátricos.

Miguel y Jorge no son casos aislados, hay 570 pacientes internados en los hospitales psiquiátricos públicos de esta provincia. 300 de ellos constituyen el núcleo más duro de externar. "No tienen lazos familiares, son muy viejitos y llevan seguro más de una década ingresados", describe María Pía Guidetti, directora General de Gestión Sanitaria de la Secretaría de Salud Mental de Córdoba.

La historia de Miguel salió a la luz cuando Consuelo Bisconti, una trabajadora social de Oliva, leyó su historia clínica. Entró al hospital el 27 de agosto de 1971. Tenía 22 años y era albañil. Fue procesado y detenido después de una pelea y el juez federal subrogante de Bell Ville, Eudoro Vázquez Cuesta, ordenó su encierro por un aparente cuadro de esquizofrenia. En ese entonces la colonia era de juridicción nacional. En su ficha dice que una hermana lo visitó tres veces en casi medio siglo y que otros dos, que viven en Santiago del Estero, no lo vieron nunca. No más familia, no más reuniones. La vida de Miguel fue siempre el neuropsiquiátrico.

Cuatro años después de ser internado, le pegó en una mano a un enfermero, se le abrió otra causa por lesiones leves y otro juez lo sobreseyó por considerarlo inimputable, pero ordenó que continuara internado. Recién hace un año la trabajadora social detectó que el hombre seguía procesado. Durante décadas la Justicia no se ocupó de él. Otro juez y un defensor oficial lo hicieron. Los peritajes determinaron que no está en condiciones de salir. Su hermana, quien vive en Buenos Aires , tiene casi 80 años y está enferma. No puede hacerse cargo, ni viajar para verlo.

Pabellones

"Cuando él entró, a los internados los pasaban de un pabellón a otro, el seguimiento era difícil -describe Bisconti-. Un incendio en el tribunal de Bell Ville quemó muchos expedientes. No sé cuál es la causa, deben ser varias, pero quedó y quedó. La hermana lo volvió a llamar, pero él no la reconoce. Su vínculo son sus compañeros, ya no puede salir. No está preparado, tal vez se moriría de tristeza". Fue la misma trabajadora social la que le tramitó una pensión y con esos pesos, mejoró algo su vida en la internación.

Guidetti admite que en ese caso -como en muchos otros de internaciones de años y años- si se hubiera procedido a tiempo, los pacientes podrían haberse reinsertado: "Hoy hay otra mirada sobre las enfermedades mentales. También psicofarmacología de avanzada. Sin embargo no es fácil, continúan los prejuicios. Es complicado a veces hasta conseguir cama para un enfermo psiquiátrico en un hospital general, o alquilar una casa para que sea ‘residencia protegida’, una transición antes de externarlos. El gran desafío es diseñar una estrategia terapéutica alternativa al encierro, que no cura a nadie".

La nueva Ley de Salud Mental apunta a cambiar de paradigma con el objetivo de evitar la internación permanente de los pacientes en instituciones psiquiátricas y promover los vínculos externos y la inserción en la comunidad. La adaptación y la transición paulatinas para cambiar el sistema de salud mental de la Argentina que planteó la ley nunca se llevaron a cabo y ahora, a pocos meses de que se acabe el plazo para cerrarlos, hay 12.035 personas internadas en 162 manicomios de todo el país que siguen esperando.

Las consecuencias del olvido

Jorge llegó a la colonia de Oliva de un pueblo cercano, James Craik. Nunca tuvo documento. Incluso pronunciaba su apellido con una "s" que no tiene. En los archivos del hospital era un NN. Bisconti se contactó el Registro Nacional de las Personas y después de medio año de trabajo completaron el trámite. Tucumano de nacimiento, no se acuerda si tiene familia. La trabajadora social ya encaró esa búsqueda. "Esto era un depósito de personas", se lamenta ella.

Las historias se acumulan: un hombre que entró en 2010 -también sin documento- decía llamarse Juan R. y que era del pueblo de Guatimozín. Después de "gastar la guía telefónica" de esa localidad, un vecino cansado de la insistencia, aseguró: "Había uno medio borrachín, era Néstor V". Efectivamente, ese es su nombre real; también lo están documentando. Juana M. llevaba 25 años internada cuando la trabajadora social dio con un familiar en Jujuy (había algún dato en la ficha). Cumpliendo los protocolos, lograron el traslado. "La sorpresa fue al llegar: tenía marido e hijos", cuenta Bisconti.

La colonia de Oliva tiene autorizada una parcela del cementerio municipal para sus internos. "Mueren y van ahí. Es muy triste. Hace unos días enterramos a una mujer que llevaba años adentro y ahora nos enteramos que tenía tres hijos -apunta Bisconti-. Muchas familias no saben cómo tratarlos, no pueden, tienen temor. Con la nueva ley se empezó a trabajar distinto. Hoy la mayoría de los ingresos son por adicciones y no son largos".

La legisladora y psicóloga Liliana Montero, lleva seis años trabajando para mejorar el sistema de salud mental cordobés. Denunció casos de malos tratos, de infraestructura deficiente y de hacinamientos. Reconoce que "aunque todavía falta, se mejoró". Señala que hasta hace unos los centros eran lugares muy similares a una cárcel, donde los pacientes se iban agravando en su estado psíquico. "Si no hay equipo de externación que acompañe es muy complejo que puedan salir, el seguimiento debe ser de uno a uno", dice.

El centenario hospital de Bell Ville tiene el área de Salud Mental desde mediados de los 60, cuando se creó para recibir pacientes de la colonia Montes de Oca. Incluso hay algunos que pasaron todas esas décadas allí y murieron hace poco. Hay algunos que están desde niños (solía haber internación para ellos) y otros de familias muy pobres provenientes de todo el país que "se cronificaron" porque nadie los retiró. Hoy tiene 150 internos, la mayoría de varias décadas y sin nadie afuera del lugar.

Desde la nueva ley, la cantidad se redujo a la mitad. Por un programa de reinclusión familiar se lograron 72 altas. "Es un trabajo lento, hay que lograr regenerar el vínculo con la familia, que los vengan a visitar. Los llevamos nosotros a visitar a su gente, hacemos altas transitorias hasta que se pueden volver a quedar", resume Claudio Bersano desde la institución. Uno de esos casos es el de un hombre que llevaba unos 30 años ingresado. Sus papás -cuando los encontraron- eran ya grandes y vivían en otra ciudad. El padre murió y su mamá se trasladó. Hoy viven juntos.

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