“Necesitamos que nos escuchen”: la madre de Chano encabezó una marcha para reclamar por el cumplimiento de la ley de salud mental
Familiares de personas adictas se movilizaron frente a Tribunales para pedir por modificaciones en la legislación; “esta norma nos abandona”, señalaron
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Madres en distintas localidades del país solicitaron esta tarde a las autoridades de cada lugar donde no están disponibles los servicios para la atención de adicciones y salud mental que se declare la emergencia nacional frente a las barreras que están enfrentando las familias a diario con seres queridos para la internación o el acceso a tratamientos de manera oportuna. Fue durante una movilización nacional de @LaMadre_Marcha por la revisión de la Ley de Salud Mental.
“Si, como dice la ley, se asigna el 10% del presupuesto de Salud, se cumplen con las 10 camas disponibles por centro, si funcionan los tratamientos y se abren casas de medio camino, no tendríamos que estar acá”, dijo Marina Charpentier, madre del cantante Chano, en la Plaza Lavalle, del centro porteño, frente al Palacio de Justicia. “Necesitamos más médicos, enfermeros, hospitales especializados y, también, que nos escuchen”, agregó la cofundadora de la entidad que presentó un petitorio de nueve puntos, como publicó LA NACION.
La mayoría de los carteles que sostenían mujeres y familiares durante la convocatoria, que comenzó pasadas las 14, coincidían con el reclamo. “Nuestros hijos mueren por esta ley”, alertaban varios.
“A mí, nadie me ayudó. Todas las puertas se me cerraron cuando más lo necesité”, recordó Stella Maurig, confundadora de @LaMadre_Marcha. “Cumplí 64 años y, frente a las próximas elecciones nacionales, espero que el nuevo gobierno haga algo. Si no, vendré con un bastón, pero vamos a seguir pidiendo que nos escuchen”, agregó al tomar la palabra.
Además de reclamar por la asignación presupuestaria que se define por ley, lo que no se cumple desde la sanción de la norma nacional en 2010, piden que se multipliquen los lugares de atención ambulatoria, con internación y equipos multidisciplinarios; que exista una red de atención domiciliaria; que se difunda el listado de profesionales especializados en cada jurisdicción; que se facilite el patrocinio legal gratuito cuando sea necesaria la judicialización y que se capacite a docentes, policías, médicos, enfermeros y agentes de salud sobre patologías mentales y adicciones.
“Se está muriendo por el consumo”
“No estoy dispuesta a bajar los brazos. Esta ley no me permite rescatar a mi hijo de la calle. Se está muriendo por el consumo. Está la orden de un juez de hacerle una evaluación psiquiátrica y no la hacen. Estoy muy cansada”, contó Patricia Dipizzo. Su hijo tiene 28 años y hace dos que abandonó la última internación porque en las evaluaciones se niega a seguir un tratamiento. La familia, que vive en la ciudad, lo sigue a la distancia porque el joven deambula entre las ciudades de Bell Ville y Villa María, Córdoba. Abandonó su casa hace años.
“Lo tiene que ir a buscar la policía para la evaluación. Si cumple con todos los criterios de la ley, lograremos la internación involuntaria. Si evalúan que no hay riesgo para sí u otros, va a volver a la calle –contó la mujer, mientras le acercaban agua y un pañuelo para reponerse–. Es lo único que pude lograr y hace siete años que vengo pidiendo esto. Hoy, mi hijo es otra persona. Nunca lo abandonamos, pero él dice que no a todo. ¡No pidan más que las personas que consumen expresen su voluntad porque no están en condiciones ni pueden hacerlo!”
El hijo de Pilar tiene 41 años y consume desde los 14. “Hicimos todos los tratamientos, siempre a pulmón. Comunidades terapéuticas, psicólogos, psiquiatras y estuvo tres veces detenido en Devoto porque cuando necesitan consumir y no tienen dinero, roban. Golpeé muchas puertas de tribunales y nunca pasó nada. Hace ocho meses, mi hijo está en situación de calle. Se hizo una búsqueda, lo encontraron y lo llevaron al hospital. Desde el viernes, está internado en el Hospital Fernández contra su voluntad y con custodia para que no se escape. Pero no sabemos cuánto más podrá estar ahí porque hay cuatro camas para toxicología”, contó Pilar, que tiene 73 años.
“¡Se puede!”
Federico, de 36 años, era gerente en una empresa privada. Fumaba marihuana y hace cinco años empezó con cocaína; en la pandemia de Covid-19, fue peor, según cuenta Emma, su madre. La familia logró internarlo a pesar de que no quería. “Tenés que tener muchos recursos, obra social o prepaga que acompañe y fuerza para internar a un hijo en riesgo. Federico siempre me decía ‘Ma, lo manejo’ y no salió a robar porque vendió el auto y terminó por perder el trabajo. Las familias tenemos que luchar todos los días con un sistema creado detrás de un escritorio”, agregó Emma.
También participaron profesionales de la salud, abogados y trabajadores sociales que a través de @LaMadre_Marcha ofrecen orientación y contención a las familias sin costo. Julieta Maurig está a cargo de la asistencia legal a personas sin recursos. La mayoría está en situación de calle y consume desde hace más de 20 años. La abogada apuntó a un vacío legal en la ley nacional. “Cuando logramos que reciban asistencia, en la evaluación les hacen varias preguntas para determinar si están ubicados en tiempo y forma. Si en ese momento lo está, le indican un tratamiento ambulatorio que no pueden sostener –explicó–. Es la ley la que los abandona.”
Un grupo de jóvenes y adolescentes gritaba “¡Se puede!”. Eran de la comunidad Estrella de Belén, en la localidad bonaerense de Tortuguitas. Algunos se animaron a contar que están en recuperación. “Es difícil, pero no imposible”, aseguró Julián, de 20 años, que aprendió a decir que no, como dijo. “Mi mamá siempre me dice que valore que me pueden pagar el tratamiento porque no todos tienen esa oportunidad”, agregó Ezequías, de 21 años, está hace un año en tratamiento y está empezando a hacer las salidas a su casa en Pergamino. “La pasta base está arrasando. Sé cómo se sienten los chicos porque lo pasé. Me gustaría ir a las escuelas a hablar como prevención. Ni en la primaria ni en el secundario tuve una charla así”, contó. Para Franco, de 23 años, lo importante es que haya más comunidades sin costo. “Uno cuando está en el consumo no escucha y necesita un lugar que lo ayude”, manifestó.
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