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No hay detenidos por el ataque a La Gaceta
La SIP condenó los actos de vandalismo y dijo que atentan contra el derecho de los ciudadanos de estar informados.
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SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- Una fuerte repercusión tuvieron en el gobierno de la provincia las afirmaciones del ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, José Ricardo Falú, quien relacionó la autoría del ataque al diario La Gaceta con personas vinculadas con un dirigente gremial local. Sin embargo, a cinco días del atentado, aún no hay detenciones.
Como publicó La Nación en su edición de ayer, el fiscal Falú, que dirige la investigación judicial sobre el ataque, anticipó que los hechos habrían sido dirigidos por un ex policía cercano al dirigente sindical Carlos Cisneros, vicepresidente de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán -un organismo oficial- y a la vez presidente de la Asociación Bancaria y de la CGT local.
Las revelaciones en torno de la investigación del caso se convirtieron ayer en el tema excluyente de debate en círculos políticos, empresariales, periodísticos, y entre los tucumanos en general.
" La Nación se animó a publicar lo que todos saben aquí, pero nadie se anima a decir. Las mafias controlan el poder", expresó un empresario que pidió absoluta reserva de su nombre.
Según pudo averiguar ayer La Nación , el policía mencionado por Falú sería un ex uniformado denominado Cucurucho Sánchez, vinculado con el ex comando parapolicial Atila, quien mantendría una fuerte amistad con Cisneros.
El fiscal Falú también había vinculado a los atacantes con un grupo de remiseros liderados por Rubén La Chancha Ale, una intimidatoria persona asociada con diversas actividades ilícitas.
Condena de la SIP
El caso trascendió las fronteras. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, expresó su alarma y condena por los actos de vandalismo contra el diario tucumano, los que constituyen -señaló- "una afrenta a la libertad de prensa y al derecho de los ciudadanos a estar informados".
"Restringir la libre circulación del diario y obstruir el flujo de la información representa una clara violación y un atropello a la libertad de prensa", afirmó el presidente de la SIP, Tony Pederson, del Houston Chronicle, de Texas.
El ataque al matutino La Gaceta comenzó en la noche del sábado último y se prolongó hasta las 10 de la mañana del día siguiente.
En esa oportunidad, grupos armados asaltaron simultáneamente los ocho puestos de distribución del diario, golpearon brutalmente a muchos canillitas, les robaron los diarios y posteriormente quemaron en plena calle los ejemplares de la edición dominical.
Falú sostuvo que la investigación sobre el ataque a La Gaceta "marcha por un camino firme" para descubrir qué ocurrió e individualizar a los responsables, aunque se encargó de negar por todos los medios las declaraciones suyas que publicó ayer La Nación .
En el gobierno
Las repercusiones alcanzaron al gobierno provincial, ya que el fiscal Falú se desempeñó hasta hace pocos meses como asesor del gobernador provincial, Julio Miranda, en el Poder Ejecutivo.
La Gaceta mantuvo una posición crítica frente a la gestión del gobernador Miranda, que asumió el 29 de octubre último. Recientemente, además, cuestionó por inconstitucional la designación del dirigente radical Miguel Mibelli como tercer senador por la provincia, que fue impulsada por el propio gobernador.
A su vez, Mibelli asesoró como abogado a Cisneros en una causa que le había iniciado el juez federal Ricardo Maturana, en la que se investigaba el tráfico de drogas. El vicepresidente de la Caja Popular de Ahorros provincial logró que la Cámara Federal de Apelaciones apercibiera a Maturana por controlar llamadas telefónicas y que se lo separara del caso.
En tanto, las actuaciones para determinar las causales del atentado al matutino prosiguen.
El fiscal que entiende en la causa, Carlos Albaca, continuó tomando declaración a remiseros que habrían sido contratados para perpetrar el ataque y a otras personas supuestamente involucradas en el hecho.
Por otra parte, la Legislatura provincial no aprobó anoche la interpelación al ministro de Gobierno, Miguel Nazur, sobre los hechos de violencia, ante una petición que había presentado el legislador peronista Osvaldo Cirnigliaro.
De todos modos, la Legislatura repudió enérgicamente los sucesos del domingo y prometió analizar el planteo del parlamentario contra Nazur la semana próxima.
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