No más Marías, no más políticas que discriminan a los pobres

El caso de María Ovando nos abruma, escandaliza e indigna. Pero sería hipócrita decir que nos sorprende, al menos a quienes trabajamos con el sistema de justicia.

Frente a la trágica muerte de su hija, el sistema de justicia provincial reaccionó con todas sus fuerzas y todos sus prejuicios, consolidando preocupantes patrones de violación de nuestros derechos más elementales. Uno de ellos consiste en que una persona acusada de un delito sólo excepcionalmente debe ser encarcelada mientras dura el proceso penal. En otras palabras, la prisión preventiva sólo debe aplicarse en contadas situaciones, como cuando existe peligro de fuga o de que la acusada entorpezca el proceso.

Sin embargo, en la práctica ocurre todo lo contrario. El uso de la prisión preventiva es casi automático. Esto ha llevado a que nuestro país tenga altísimos niveles de presos sin condena. Las últimas cifras oficiales -las más recientes son de 2008- indican que en la Argentina hay aproximadamente 54.000 personas detenidas, de las cuales nada menos que el 59% no tienen condena. Esto muestra que en nuestro país se violan los derechos humanos más elementales, situación que fue presentada recientemente por la ADC y otras organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El caso de María se ve agravado por la irracional decisión de que permaneciera detenida durante los 22 meses que duraron la investigación y el juicio. ¿Cuál era el peligro de que estuviera en libertad? Cuesta creer que una mujer que vive en una situación de vulnerabilidad absoluta, abandonada por el Estado nacional y provincial, y con nada menos que 12 hijos, pueda ser un peligro para la investigación penal, o, más ridículo aún, que pueda fugarse.

Escribo esta columna desde Budapest, donde casualmente me encuentro participando de una reunión internacional para pensar estrategias para reducir el uso de la prisión preventiva y su impacto desproporcionado en grupos vulnerables. Ayer relaté con mucha frustración el caso de María Ovando, como un ejemplo de lo que no debe pasar nunca más en la Argentina. No más presos sin condena, no más políticas criminales y sistemas de justicia que persiguen, castigan y discriminan a los pobres, no más Marías.