Nuevo escándalo en el convento San Bernardo de Salta: denuncian a las autoridades por supuesta privación ilegítima de la libertad

CÓRDOBA.– Un nuevo escándalo rodea al convento San Bernardo de Salta, donde viven las carmelitas de clausura que, en abril, denunciaron al arzobispo Mario Cargnello por supuesta violencia de género y económica. Hoy, las autoridades del monasterio fueron denunciadas por presunta privación ilegítima de la libertad por la hermana de una de las monjas. La Justicia ordenó un allanamiento del lugar porque las religiosas no quisieron acatar la orden de dejar salir a la religiosa.

En diálogo con LA NACION, la jueza Ada Zunino, quien interviene en la causa, explicó que el allanamiento “no se llegó a concretar totalmente” porque cuando los bomberos empezaron a subir a los techos para abrir desde adentro, las autoridades del convento decidieron posibilitar la entrada de una comisión integrada por dos secretarias del juzgado, una ayudante fiscal y una médica legista de la policía, todas mujeres.

La denuncia contra las autoridades del monasterio fue presentada por la hermana de una monja que lleva 31 años en la clausura, con el patrocinio del abogado Guillermo Alberto. El letrado confirmó a este medio que en el texto se planteó que la religiosa venía insistiendo en que quería abandonar el lugar, pero no se lo permitían y le fueron dificultando los contactos con la familia.

A pedido de la familia, LA NACION reserva la identidad de la monja que hoy, alrededor de las 16.30, luego de entrevistarse con la comisión judicial, logró finalmente retirarse. El fiscal Ramiro Ramos Osorio es el que interviene en la causa y quien requirió medidas a la jueza.

“La denuncia está circunstanciada, con detalles de fechas y nombres –describe Zunino–. La comisión fue enviada para que mantuviera una audiencia privada con la religiosa, para que la médica constatara su estado de salud y para que se le preguntara qué quería hacer, cuál era su voluntad”.

La comisión y el patrocinante de la familia denunciante llegaron al convento, ubicado a cinco minutos de la plaza central de Salta, a las 13.30 y durante dos horas nadie los atendió. En paralelo, funcionarios judiciales sostienen que recibieron fotos de María Livia Galliano, la mujer que dice tener las “apariciones” de la Virgen del Cerro y su esposo, Carlos Obeid, ingresando por el acceso de atrás.

El vínculo de las carmelitas del San Bernardo con la fundación que gestiona todo lo relacionado con la Virgen del Cerro es el eje de la tensión con la Iglesia salteña, un conflicto que derivó en la intervención del Vaticano, que impulsó un acuerdo entre las partes, aunque no logró cerrar la grieta.

Cuando los bomberos y la policía se aprestaban a ingresar por los techos al convento, se presentó el abogado José Viola, quien patrocina a las monjas en la causa contra el arzobispo Cargnello. Fue advertido por la Justicia de la necesidad de que dejaran hacer la entrevista con la religiosa que quería retirarse. LA NACION contactó al letrado, quien no respondió a la consulta.

“Me quiero ir de acá”, fue la respuesta que recibió la comisión cuando conversó con la monja. Se retiró y le entregaron sus pertenencias en una bolsa de consorcio. En septiembre pasado, otra religiosa pidió abandonar el monasterio y también se fue.

En el texto de la denuncia se hace referencia a diferentes tipos de “irregularidades” en el trato. La monja que dejó el lugar transitó un cáncer y venía pidiendo tener un contacto más fluido con su familia, así como más facilidades de atención médica; por eso quería dejar la clausura.

“No debe existir trámite canónico para dejar la clausura –precisa Alberto–. Por más claustro que exista, siempre está presente la voluntad o no de permanecer. Hace una semana directamente su familia no pudo tener más contacto, por eso la denuncia”.

Si bien la religiosa que abandonó el convento habló con las secretarias del juzgado, será convocada a una ampliación de declaratoria y no se descarta que pueda haber imputaciones.