Perpetua para tres policías federales

El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 porteño, Rodolfo Madariaga, aún no había terminado de leer el veredicto cuando la mayoría del público comenzó a aplaudir y a gritar, para festejar la condena a reclusión perpetua para el oficial subinspector de la Policía Federal Gastón Somohano como coautor del asesinato Ezequiel Demonty.

Cuando consiguió acallar al público, el juez terminó por asignar las correspondientes responsabilidades penales a los restantes ocho compañeros de Somohano.

Como Somohano, el oficial inspector Gabriel Barrionuevo y el suboficial Alfredo Fornasari también fueron encontrados culpables de los delitos de tortura seguida de muerte, privación ilegal de la libertad y torturas reiteradas, éstas, respecto de dos jóvenes, que, como Demonty, también habían sido obligados por los policías a arrojarse a las fétidas aguas del Riachuelo aquella madrugada del 14 de septiembre de 2002. Deberán cumplir una pena de prisión perpetua.

Otros seis policías recibieron condenas menores por omisión de evitar torturas y privación ilegal de la libertad. Cuatro de ellos podrán pedir la libertad porque recibieron penas de tres años de prisión.

Después de conocerse el veredicto, Dolores Sigampa, la madre de la víctima, aseguró que perdonaba a los asesinos de Ezequiel. "Se hizo justicia. Los que mataron a mi hijo no se la llevaron de arriba", sostuvo la mujer (ver aparte). Sigampa escuchó el fallo en el estrado. Se sentó al lado de su abogado querellante, José Vera.

Según la instrucción de la causa, aquella madrugada Ezequiel Demonty, Julio Paz y C. M. (un menor de edad), fueron obligados a arrojarse a las aguas del Riachuelo por hombres de la comisaría 34a. de la Policía Federal. Paz y C. M. lograron salvar sus vidas. Demonty se ahogó.

Para el tribunal integrado por Madariaga, Hugo Rocha Degreef y Alejandro Sañudo, los nueve policías federales imputados tuvieron una participación activa en el hecho.

El veredicto, que fue aprobado por mayoría, se leyó en la misma sala del Palacio de Tribunales en la que, en 1985 , habían sido condenadas las juntas militares del último gobierno de facto de la Argentina.

Al escuchar las palabras de Madariaga, Somohano no se inmutó. Eran las 19.15. Siete horas antes, cuando el tribunal le ofreció el derecho de decir sus últimas palabras antes del veredicto, había echado la culpa por su situación a los medios de comunicación, y había pedido ser juzgado conforme al Código Penal, y no por el juicio de la opinión pública.

"La querella tuvo como aliados a los medios gráficos y televisivos, a los que les importa vender la noticia de la forma más demagógica posible. No soy ningún torturador, ningún asesino", dijo Somohano, hijo del ex jefe de la policía bonaerense comisario general (R) Osvaldo Somohano.

Antes de conocerse el veredicto, LA NACION le preguntó a Somohano padre qué opinaba del caso. Se limitó a responder: "Con ustedes no voy a hablar [por los medios de prensa, en general] porque nunca dijeron la verdad. No dijeron que todo ocurrió por tres «chorros» y una puta [en aparente alusión a Demonty, sus dos amigos y una joven que los acompañaba aquel funesto día]".

"Sin precedente"

Al retirarse del palacio de Justicia, Vera estaba exultante. Definió el veredicto del tribunal como un fallo inédito desde la restauración del Estado de Derecho en la Argentina.

"Es un fallo sin precedente, porque es la primera vez que hay una condena por tortura seguida de muerte desde el retorno de la democracia, en 1983", explicó Vera, que adelantó que pediría que también sean investigados por este caso los oficiales que estaban a cargo de la comisaría 34a. la madrugada del crimen.

Además de Somohano, Barrionuevo y Fornasari, fueron condenados los suboficiales Luis Funes, Luis Gutiérrez, Jorge Solís, Maximiliano Pata, José Luis Martínez y el agente Sandro Granado. El tribunal los halló responsables del delito de omisión de evitar torturas y privación ilegal de la libertad, y los inhabilitó de forma especial y perpetua para ejercer como funcionarios públicos y para portar armas de fuego.

Funes y Gutiérrez deberán cumplir una pena de cinco años de prisión. Mientras que Granado, Pata, Martínez y Solís están en condiciones de pedir su libertad, pues fueron condenados a tres años de prisión y ya llevan cumplidos los dos tercios de la condena.

El tribunal hará públicos los fundamentos del fallo el próximo lunes.

En la sala, la familia Demonty estuvo acompañada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Oliveira, y su adjunto, Gustavo Lesbegueris, además de un grupo de padres que perdieron a sus hijos en casos de "gatillo fácil" (atribuidos a la policía) o asesinados por delincuentes.

"No creo que este fallo sea un golpe para la Policía Federal. Al contrario, esto la mejorará, porque nueve de sus integrantes, que son evidentemente delincuentes indeseables, dejarán de pertenecer a la fuerza", sostuvo Duhalde.

El público se retiró gritando: "Yo sabía, yo sabía, que a Ezequiel lo mató la policía". Ya en la calle, sobre Talcahuano, frente a la plaza Lavalle, hubo incidentes menores entre familiares de los policías condenados y allegados a los Demonty. La esposa de uno de los condenados insultó al pasar a una chica que llevaba una remera con una foto de Ezequiel. La rápida intervención del padre de la víctima evitó males mayores.

Dos años y un mes puede ser mucho o poco tiempo, según cómo se lo mire y de qué se trate la cuestión. En materia de procesos penales, el paso de “sólo” 25 meses entre la comisión de un delito y el castigo a los culpables en un juicio oral y público son casi un verdadero desafío a la tradicional mora de la Justicia en la resolución de los casos, a la que se suma el bajísimo índice de expedientes que concluyen con una sentencia: menos del tres por ciento de las causas criminales.

Tres sucesos de altísima repercusión pública tuvieron el mes pasado su sentencia: el 3, el de la llamada “conexión local” por el atentado contra la AMIA; el 10, el del secuestro exprés y asesinato de Juan Manuel Canillas, y el 27, el del secuestro de Ariel Strajman, quien sufrió en cautiverio la amputación de un dedo.

Curiosamente, el juicio oral y público por el ataque terrorista a la sede de la mutual judía ocurrido el 18 de julio de 1994 duró casi tres años (desde el 24 de septiembre de 2001, y con la absolución de los 20 imputados como resultado), bastante más que el tiempo total de los procesos por Canillas (26 meses, desde el 12 de julio de 2002) y Strajman (23 meses, desde el 17 de octubre de ese año).

El asesinato del esposo de la actriz y conductora de TV Georgina Barbarossa, Miguel Lecuna, ocurrido al cabo de un asalto en un taxi, el 2 de noviembre de 2001, tuvo sentencia para sus autores 16 meses después, el 24 de marzo de 2003. Igual tiempo demandó el proceso en el que fueron condenados, el 30 de diciembre de 2002, los captores del empresario textil Abraham Awada, liberado el 26 de agosto de 2001, seis días después de su secuestro.

En las antípodas está el caso de Walter Bulacio, muerto en abril de 1991 tras ser detenido por la Policía Federal, un caso por el cual la Argentina recibió una condena internacional por denegación de justicia.

11-3-2003: por el delito de homicidio calificado por alevosía, el policía federal Juan de Dios Velaztiqui fue condenado a prisión perpetua por los asesinatos de los jóvenes Adrián Matasa, Maximiliano Tasca y Cristián Gómez, ocurridos en una estación de servicio del barrio de Floresta en diciembre de 2001.

13-11-2003: doce policías federales fueron condenados a penas de entre 6 y 22 años de prisión por el asesinato del almacenero Manuel Fernández, de quien los uniformados dijeron que lo confundieron con un narcotraficante.

Abril de 2000: cinco policías federales fueron condenados por extorsión en perjuicio del vendedor ambulante Desiderio Mesa, hecho ocurrido en Constitución.

Por Gabriel Di Nicola

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