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Reforma educativa: volvieron las clases, pero el conflicto estudiantil no cede
Los jóvenes insisten en prorrogar los cambios en el secundario; ayer hubo dos reuniones para discutir la iniciativa con autoridades del ministerio, que fueron rechazadas por los alumnos
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Los estudiantes de las escuelas secundarias porteñas que estaban tomadas volvieron ayer a clases. Sin embargo, todavía permanece latente el reclamo por la reforma en el nivel medio que impulsa el gobierno de la ciudad y que se implementará el año próximo. De hecho, ayer, volvió a fracasar el diálogo entre los estudiantes y las autoridades del Ministerio de Educación de la ciudad.
La semana pasada la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, había convocado para empezar ayer con una serie de encuentros por regiones educativas (en la ciudad se dividen en ocho). En los dos primeros, un grupo de estudiantes se mantuvo firme en su exigencia de que las reuniones se unifiquen para no fragmentar los reclamos y en la necesidad de prorrogar la implementación de la reforma.
En la primera reunión, que se hizo ayer al mediodía, se presentaron en el ministerio representantes estudiantiles de ocho escuelas, pero, según indicaron, sólo entraron para entregar un petitorio en el que explicaron los motivos del rechazo a esta modalidad de encuentros.
"Estamos pidiendo una reunión donde se escuchen todas las voces y sea realmente resolutiva", dijo Manuel Ovando, presidente del centro de estudiantes del Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas Juan Manuel Fernández.
El adolescente señaló que la ministra no estaba en el encuentro y que fueron recibidos por la subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, Andrea Bruzos, y el subsecretario de la Carrera Docente del Ministerio de Educación de la Ciudad, Javier Tarulla.
"Ambas reuniones [de las regiones 1 y 2] se desarrollaron con normalidad. En la segunda, hubo un grupo de chicos que representan a las escuelas que forman parte de la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB), que dejó una nota y se fue. Pero el encuentro continuó con el resto de las escuelas", señalaron fuentes del Ministerio de Educación porteño.
Después de la entrega del documento, algunos estudiantes permanecieron frente a la sede de la cartera educativa, en la avenida Paseo Colón al 200, porque a las 16 los representantes de la CEB, que agrupa los centros de estudiantes de las escuelas medias, habían organizado una conferencia de prensa.
"La coordinadora de base rechaza estas reuniones por la modalidad y porque no son vinculantes ni resolutivas", dijo Agostina Olivera, miembro de la CEB y presidenta del centro de estudiantes de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Broquen de Spangenberg, más conocida como "Lengüitas".
La escuela a la que asiste la adolescente no fue convocada a las reuniones de ayer porque no pertenece a las primeras regiones, pero acompañaron a los otros estudiantes.
"Exigimos la suspensión de la aplicación de la reforma por la menos un año y que se garanticen los espacios institucionales de debate y resolución durante 2018", leyó Martín Pont Vergés, presidente del centro de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, un documento frente a la puerta del Ministerio de Educación porteño. "Entendemos que logramos el objetivo de sensibilizar a la comunidad educativa y creemos que es momento de dar paso a otras instancias de lucha superadoras", continuó.
Razones
Desde la CEB, consideraron que rechazan la reforma educativa por "profundizar las diferencias entre escuelas públicas y privadas, relativizar del rol docente", porque es inconsulta e improvisada y porque "no es aplicable".
Los cambios que prevé el gobierno en 17 escuelas secundarias el año próximo van desde el agrupamiento de las materias en áreas temáticas hasta la realización de prácticas formativas en 5° año en empresas privadas y organizaciones sociales. Este último punto fue el que mayor polémica provocó entre los estudiantes. La reforma se aplicará de manera gradual hasta alcanzar a los 143 colegios secundarios en 2021.
"La idea es dar un gesto de buena voluntad y abrir el diálogo con el ministerio. Pero si no vemos una respuesta, no nos va a temblar el pulso a la hora de volver a tomar las escuelas", expresó Ovando.
Santiago Legato, presidente del centro de estudiantes del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, afirmó: "La mayoría de las escuelas va a empezar a normalizar sus clases mañana [por hoy] y vamos a esperar a ver si hay alguna respuesta en estos días". Hasta ayer, restaban sólo cuatro colegios para levantar la medida.
"Vamos a seguir difundiendo y convocando a diferentes movilizaciones. Seguimos reclamando y sabemos que la Asesoría General Tutelar presentó un amparo en contra de la reforma", agregó Victoria Caminos, secretaria general de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini.
De hecho, ayer, la asesora tutelar de primera instancia, Mabel López Oliva, y el asesor tutelar de cámara, Gustavo Moreno, presentaron un amparo contra el gobierno porteño "en resguardo de los derechos de los estudiantes a acceder a información sobre la reforma educativa". En una acción similar, los asesores habían presentado un amparo que logró dejar sin efecto el instructivo para directores y rectores sobre cómo proceder en caso de tomas.
"Nosotros no estamos pidiendo nada fuera de la ley. Queremos que los estudiantes sean oídos y participen en el proceso que antecede a la reforma. Ellos tienen el derecho a acceder a cualquier información que sea clara y precisa", explicó López Oliva. Por sorteo, el pedido de amparo recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 19, pero la propia asesora tutelar expidió un pedido de conexidad con el expediente correspondiente al amparo en contra del instructivo de las tomas. Este último fue aceptado por la jueza Elena Liberatori, que está a cargo del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 4.
"El Ministerio [de Educación de la Ciudad] no mostró ninguna información formal más que un documento en la Web. Esto es una cuestión de política pública y es información a la que deberíamos acceder todos. También pedimos que haya veeduría judicial en las mesas de diálogo", agregó López Oliva.
"Estamos al tanto de que hubo una presentación, pero no sabemos de qué se trata porque todavía no hemos sido notificados", indicaron sobre la cautelar fuentes del ministerio.
Ayer, tal como establecen los protocolos internos de los colegios, los estudiantes de las instituciones que levantaron las tomas debieron encargarse de la limpieza de los establecimientos. La idea es que los colegios se entreguen a las autoridades en las mismas condiciones en que estaban antes de las ocupaciones.
Los estudiantes manifestaron que la "devolución" fue tranquila. "No tuvimos ningún problema. Firmamos el acta de entrega y charlamos en buenos términos con las autoridades", dijo Ovando.
Sin embargo, el rector de Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, Leandro Rodríguez, denunció que hubo destrozos en el establecimiento y que desaparecieron elementos de trabajo del gabinete de audiovisuales, como una computadora y un monitor, entre otros.
Victoria Caminos, secretaria general del centro de estudiantes del Pellegrini, señaló: "Hubo cosas que se robaron y cosas que se rompieron. Es incomprobable si fue alguno de los estudiantes porque también ingresó personal no docente durante las tomas. Sin embargo, nos vamos a hacer cargo porque ocurrió durante nuestra medida".
Turbulencias en la universidad de San Martín
La Universidad Nacional de San Martín (Unsam), una de las casas de estudio que más crecieron en los últimos años, está atravesando serias dificultades. Además de problemas judiciales por el manejo de subsidios del gobierno de Cristina Kirchner, el Ministerio de Educación de la Nación le adeuda $ 120 millones y demoraría la entrega de los fondos a la espera del recambio del rector Carlos Ruta, cuyo mandato vence en febrero de 2018. Como sucesor de Ruta ya fue elegido el contador Carlos Greco, actual decano de la Escuela de Humanidades. Según fuentes de esa casa de estudios, el sucesor de Ruta habría sugerido que el traspaso de responsabilidades se hicieran antes de fin de año. Varios integrantes del consejo superior no acuerdan con esta actitud, que consideran contraria a la preservación del orden institucional.
