San Martín de los Andes: ante la polémica por el sistema cloacal deficitario, la municipalidad apunta al esquema tarifario
Tras la denuncia de la intendenta del parque Lanín por contaminación, el Organismo de Control Municipal fijó postura
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SAN CARLOS DE BARILOCHE.– En un clima de creciente tensión institucional, el Organismo de Control Municipal (OCM) de San Martín de los Andes emitió un comunicado oficial para fijar postura ante la polémica por el estado del sistema de tratamiento de efluentes cloacales. Luego de recibir una dura notificación de la intendenta del Parque Nacional Lanín, Ana María de las Nieves Aquín, quien advirtió sobre la “extrema gravedad ambiental” que amenaza las aguas del lago Lácar, el coordinador del OCM, Saúl Castañeda, afirmó que el sistema está en funcionamiento y bajo monitoreo.
El comunicado del OCM surge como respuesta técnica a la reciente intimación de Parques Nacionales. El organismo municipal enfatizó que se encuentra abocado a brindar respuestas técnicas y que el sistema de tratamiento de efluentes –incluyendo las plantas PTE-1 Lago Lácar y PTE-3 Vega Chica– opera de manera continua y regular, aunque sujeto a sobrecargas por lluvias y conexiones pluviales indebidas.
Castañeda desestimó la adopción inmediata de una declaración de emergencia ambiental y sanitaria, calificándola como una herramienta excepcional que “no construye obras ni resuelve déficits estructurales por sí sola”. En su lugar, abogó por una planificación seria y una “tarifa justa y razonable” que permita sostener la ecuación económica del servicio de saneamiento.
“Resulta necesario señalar que el sistema cloacal no puede analizarse aisladamente de la ecuación económica del servicio. La prestación de saneamiento requiere recursos suficientes para operación, mantenimiento, renovación de maquinaria, energía, personal técnico, análisis de laboratorio, obras, ampliaciones y contingencias. Por ello, el OCM trabaja también en el análisis de una tarifa justa, razonable y técnicamente fundada, que permita preservar la ecuación económico-financiera del concesionario sin desatender la protección de los usuarios actuales y futuros”, afirmó Castañeda.
La controversia por el sistema cloacal urbano escaló tras la notificación enviada el martes pasado por Aquín al intendente Carlos Saloniti, en la que otorgó un plazo de 72 horas para presentar informes técnicos y planes de contingencia. Según la funcionaria, los vertidos de efluentes sin tratar en los arroyos Pocahullo y Calbuco están impactando de forma “irreversible” en el ecosistema protegido.
Aquín denunció una “continuidad, pasividad o negligencia” ante los vuelcos de líquidos, al tiempo que señaló que el crecimiento urbano y las factibilidades edilicias no pueden ignorar la capacidad real de la infraestructura sanitaria. En línea con lo que vienen advirtiendo diferentes vecinos de San Martín de los Andes, la preocupación se fundamenta en antecedentes recientes, como las roturas de cañerías en 2024 y 2025 que obligaron a clausurar playas céntricas por riesgos a la salud pública.
Contrapunto
El 19 de mayo pasado, la Cooperativa de Agua Potable admitió un “error involuntario” en la entrega de datos a los vecinos, donde se informó un valor de vertido diario que en realidad era mensual. Eso generó inicialmente alarma de “colapso” en la comunidad. De todos modos, la cooperativa reconoció que las ampliaciones proyectadas para 2008 y 2018 nunca fueron ejecutadas por el Estado y señaló que la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) en 2024 agravó la falta de financiamiento nacional para estas obras críticas.
Mientras tanto, vecinos y organizaciones cuestionan la promoción de nuevos planes de ordenamiento y movilidad urbana mientras el sistema sanitario opera al límite de su capacidad. También el defensor del Pueblo y del Ambiente, Fernando Bravo, alertó sobre la vulnerabilidad del sistema durante la temporada alta debido al aluvión turístico y reclamó la intervención de organismos provinciales y nacionales ante nuevos derrames.
Según indicaron desde el OCM, la protección del lago Lácar es una “prioridad absoluta”, pero insistieron en que debe gestionarse con responsabilidad pública e inversión sostenida, diferenciando los datos técnicos de las “interpretaciones apresuradas que circulan en medios y redes sociales”.
El coordinador general del organismo añadió que el OCM “participa y promueve mesas técnicas de trabajo orientadas a verificar el estado operativo de las plantas de tratamiento; analizar los informes periódicos remitidos por la concesionaria; evaluar el comportamiento del sistema en temporada baja y temporada alta; identificar puntos críticos asociados a sobrecargas hidráulicas; promover medidas contra conexiones indebidas de pluviales a la red cloacal; acompañar la búsqueda de financiamiento provincial y de otras fuentes posibles; y generar condiciones técnicas que permitan sostener, en forma responsable, nuevas factibilidades cuando ello resulte compatible con la capacidad real del servicio”.
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