Secuestran a un director de Telecom

Alfonso Peña Robirosa no escuchó los consejos de su esposa y lo pagó caro. Ella insistía en que el vehículo que habían comprado era demasiado llamativo, pero a él le gustaba. Fue justamente un sedan de una afamada marca alemana lo que determinó que el director ejecutivo de la empresa Telecom fuera secuestrado por 24 horas cuando llegaba a su casa en Bella Vista. Lo golpearon con dureza y luego fue liberado tras el pago de 26.000 dólares de rescate, dijeron fuentes del caso a LA NACION.

La liberación se logró tras un primer frustrado un intento de abonar el rescate, porque los delincuentes advirtieron que la policía vigilaba el lugar o porque los captores se quedaron sin batería en el celular desde el cual hacían las negociaciones.

El secuestro de Peña Robirosa, de 41 años, que se desempeña como director de Asuntos Legales de Telecom, se produjo el lunes último al anochecer, cuando el ejecutivo llegaba a su casa, y tras bajar del Camino del Buen Ayre. A pocas cuadras de su domicilio, un auto lo sobrepasó, se le cruzó y tres hombres armados lo amenazaron.

Lo hicieron subir a otro vehículo, presumiblemente un Volkswagen Golf, y comenzaron un largo viaje del que la víctima, con los ojos tapados, no pudo dar muchos detalles. De inmediato comenzaron las negociaciones y los golpes. Peña Robirosa fue castigado con dureza y no pudo entender qué pretendían los delincuentes hasta que se cansaron de pegarle, tomaron su propio celular y llamaron a su esposa. Pidieron un importante monto de dinero de rescate.

La esposa de la víctima se comunicó de inmediato con un grupo de abogados amigos de su esposo, uno de los cuales hizo la denuncia ante la División Delitos Complejos de la Policía Federal.

Hubo 40 llamadas

Hubo por los menos 40 llamadas en esas 24 horas cruciales. Hasta que se llegó a un acuerdo para fijar el momento y el lugar del pago del dinero que había reunido el abogado. El pagador fue al lugar indicado con 4400 dólares, mientras se sucedían las conversaciones de la banda que le indicaba por dónde debía manejar.

Pero las comunicaciones comenzaron a tener cada vez más interferencias, eran poco claras y de pronto cesaron. Tal vez porque el celular de Peña Robirosa se quedó sin batería o porque los delincuentes advirtieron la presencia de los autos no identificables de la policía que estaban en la zona.

Frustrado el primer pago, Robirosa Peña trató de tranquilizar a los miembros de la banda y darles seguridad de que iban a cobrar el dinero, por lo que les aseguró que podían obtener el doble de lo que pedían. Así empezaron a reclamar hasta 100.000 dólares, pero las negociaciones se cerraron en 26.000.

Mientras tanto, el cautivo fue paseado en el vehículo y por la noche lo hicieron dormir en un Peugeot 504 destartalado, cubierto con ramas y una lona, mientras un delincuente, muy gordo, estaba al lado de él para vigilarlo. Los investigaron creen que el automóvil estaba en un campo.

Cuando se reanudaron las negociaciones se acordó nuevamente el pago, que duró varias horas. El pagador fue obligado a manejar por la zona norte, entre el Camino del Buen Ayre y la Panamericana; lo hicieron bajar en Martínez, a la altura de la calle Thames, recorrer esa calle y volver a subir a la autopista. Cuando estaba sobre el puente y todo el mundo pensaba que el dinero iba a ser arrojado hacia la Panamericana, apareció el auto de Robirosa Peña, que se puso a la par del vehículo del pagador. Por las ventanillas tres hombres con dos pistolas y un fusil FAL le exigieron el dinero.

El paquete pasó de auto a auto y antes de que pudieran intervenir los vehículos policiales los delincuentes huyeron en el veloz auto alemán por la Panamericana hacia el Norte.

Robirosa Peña fue liberado horas después en Del Viso, tomó un remise y llegó a su casa. El fiscal federal porteño Guillermo Marijuán estuvo a cargo de la causa junto al juez federal Juan José Galeano.

Intervino el comisario inspector Carlos Sablich, de la Policía Federal, y el caso fue seguido de cerca por el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y el secretario de Seguridad, Norberto Quantín. Por cuestiones de jurisdicción, el caso quedó luego en manos del fiscal federal especial de San Martín, Jorge Sica.