Tiene media sanción el proyecto contra el hambre

La Cámara de Diputados aprobó anoche la iniciativa popular El hambre más urgente, que apunta a garantizar la alimentación básica y la atención sanitaria a los menores de cinco años y a las embarazadas en condición de pobreza.

El proyecto legislativo para ayudar a terminar con el hambre de los sectores más desprotegidos de la sociedad fue aprobado a libro cerrado en un trámite veloz en el que no hubo discursos con el voto de los 185 legisladores presentes en el recinto.

El proyecto sancionado por los diputados será girado, ahora, al Senado de la Nación para ser tratado y convertido en ley. Una vez cumplido este requisito el plan deberá comenzar a ejecutarse dentro de los treinta días posteriores a la sanción de la ley.

En ese sentido, vale remarcar que la iniciativa fue incluida en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, por lo que podría sancionarse en la Cámara alta el mes próximo, tal como adelantó Juan Carlos Maqueda (PJ, Córdoba), presidente provisional del Senado.

El legislador adelantó que promoverá su tratamiento conjunto por las comisiones de Salud y de Presupuesto de la Cámara alta para acelerar allí también el trámite parlamentario.

Además del apoyo alimentario para los menores de hasta cinco años y de las embarazadas, el proyecto redactado por Horacio Rodríguez Larreta (h.) y avalado por LA NACION, la fundación Poder Ciudadano, la Red Solidaria y el periodista Luis Majul también apunta a garantizar la alimentación básica de los menores de 14 años, los discapacitados y las personas mayores de setenta años.

El texto de la ley crea un Programa Nacional Alimentario Nutricional que servirá para alcanzar el objetivo de atacar al hambre más urgente.

El plan se financiará por medio de una partida especial de hasta 1500 millones de pesos anuales que, según estableció la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, fue creada para tal fin en el cálculo de recursos nacionales para el período 2003 y que tendrá carácter de intangible.

Marta Alarcia (PJ, Córdoba), que además de presidir la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados fue una de las defensoras del proyecto, celebró la aprobación del texto y explicó que la sanción a libro cerrado y sin discursos obedeció a un pedido suyo al presidente del cuerpo, Eduardo Camaño (PJ, Buenos Aires), para asegurar un rápido trámite legislativo.

"Los chicos que se están muriendo de hambre -ayer en Tucumán falleció la 13a. víctima de la desnutrición en lo que va del mes- son más importantes que los discursos", dijo la legisladora menemista.

Los diputados acordaron anoche modificar el punto tres del artículo quinto, que estipulaba la procedencia de los fondos para financiar el programa. Según el texto aprobado se destinará una partida incluida en el presupuesto 2003 con carácter de intangible.

El dictamen original, en cambio, establecía que los recursos provendrían de un fondo integrado por las partidas nacionales asignadas y el tres por ciento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

"Era una barbaridad atar el éxito de un programa alimentario a la suerte de las retenciones agropecuarias", consideró el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Snopek (PJ, Jujuy), al justificar el cambio introducido en el articulado.

El legislador agregó que "el hecho de asignarle una partida específica en el presupuesto demuestra que hay voluntad política de financiarlo en forma sostenida".

Según los promotores de la iniciativa popular, se estima que son 2.300.000 los chicos menores de cinco años y 570.000 las embarazadas que viven en condiciones de indigencia.

Para ellos pusieron en marcha la campaña El hambre más urgente, que, en poco más de sesenta días, recogió más de un millón de firmas y adhesiones en todo el territorio nacional.

La coordinación del plan contra el hambre estará a cargo de una comisión integrada por representantes de los ministerios de Salud, Desarrollo Social, Educación, Trabajo y Producción, y de organizaciones no gubernamentales.

En tanto, su ejecución será descentralizada y realizada por comisiones provinciales y municipales.

La comisión nacional tendrá entre sus funciones instrumentar un programa de educación nutricional que permita a la población decidir sobre una alimentación saludable, y asegurar el desarrollo de actividades de estimulación temprana en los niños de hasta cinco años.

Asimismo, impulsará la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, incluyendo el apoyo nutricional a las madres hasta un año después del parto.

En los municipios, las comisiones se encargarán, entre otras tareas, de la inscripción de los beneficiarios en un registro único y de implementar una red de distribución de los recursos, integrada por instituciones educativas, entidades eclesiásticas, Fuerzas Armadas y de seguridad, entidades intermedias y voluntarios de planes sociales. El programa incluye, asimismo, la promoción de la producción alimentaria regional y la comensalidad familiar.

• Es el presidente de la Cámara baja y se comprometió personalmente con los impulsores del proyecto a acelerar el tratamiento de la iniciativa popular. En más de una oportunidad expresó su convicción sobre “la necesidad del proyecto” por el que el Estado asegure la alimentación de los chicos menores de cinco años y las embarazadas en situación de extrema pobreza.

• La diputada por el PJ de Buenos Aires preside la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y es vocal en la de Salud y Acción Social. “Será una norma en la que se garantice el derecho a la alimentación a todos los sectores, en especial a los más vulnerables. Esa es una obligación que debe estar a cargo del Estado”, afirmó la legisladora.

• El gobierno italiano decidió realizar una contribución de 800.000 euros a las provincias de Tucumán, San Juan y Jujuy, a través de la Federación Internacional de la Cruz Roja de Ginebra. En un comunicado que se difundió ayer, las autoridades del país europeo se manifestaron "preocupadas por la dramática situación social existente en las regiones del norte del país". Esta donación se agrega al programa de emergencia social y sanitaria de 4.500.000 euros destinados a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

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