Tragedia de Once: cómo fueron los juicios a ocho años del terrible accidente ferroviario

Un 19 de febrero de 2012 a las 8:33 de la mañana, el tren 3772 de la línea Sarmiento que estaba llegando a la estación de Once, no detuvo su marcha y colisionó con los paragolpes de contención. Producto de este accidente murieron 51 personas y 789 resultaron heridas. Por su magnitud, se convirtió en la tercera tragedia ferroviaria más grave en la historia del país.

Posteriormente, se realizaron dos juicios conocidos como Once I y Once II. Como resultado los culpables terminaron presos con condena firme: el motorman del tren Marcos Córdoba, el empresario de TBA Sergio Cirigliano y los ex ministros de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime. El exministro De Vido, fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por defraudación contra la administración pública.

En la última marcha, María Lujan Rey y Pablo Menghini -padres de Lucas Menghini Rey, víctima que fue encontrada a los tres días del accidente- afirmaron: "No pedimos que se viole el Código Civil ni la Constitución pero la política no puede mirar para otro lado. Que el congreso deje de amparar a los ladrones".

El fiscal federal Federico Delgado realizó la investigación, bajo la supervisión del juez de instrucción federal Claudio Bonadio. El procurador acusó con dureza al magistrado de querer "apropiarse de la causa".

Durante la instrucción se investigó el estado general del tren como los frenos con el objetivo de establecer si el maquinista, Marcos Córdoba, evitó frenar o si el mecanismo de detención estaba averiado o no estaba mantenido.

Participaron seis peritos, tres oficiales: Raúl Díaz, Néstor Luzuriaga y Juan Brito; y tres de parte: Horacio Faggiani, Alejandro Leonetti y Julio Pastine.

Todos los peritos concluyeron que los frenos funcionaban correctamente, salvo el ingeniero Brito, que sostuvo que el conductor se quedó sin poder de freno. El juez Bonadío desestimó las conclusiones de la mayoría (Díaz, Luzuriaga, Faggiani, Leonetti y Pastine) y avaló las conclusiones del perito Brito para sobreseer al maquinista Córdoba, y poco después también procesaría a todos los peritos menos Brito, enviándolos a juicio acusados de ponerse "de acuerdo con el propósito de responsabilizar penalmente por los hechos al conductor del tren".

Luego, ambas decisiones fueron anuladas, el maquinista Córdoba fue procesado y llevado a juicio mientras que los peritos serían absueltos en el juicio oral.

En febrero de 2013 el juez Bonadío elevó la causa a juicio, con 28 procesados, entre ellos el maquinista Marcos Córdoba y los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

El 18 de marzo de 2014 comenzó el juicio conocido como Once I y llevado a cabo por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 (TOCF2), que estaba integrado por los jueces Jorge Luciano Gorini, Jorge Alberto Tassara y Rodrigo Giménez Uriburu.

En el procedimiento, que se extendió por casi dos años, se juzgaron dos hechos: el siniestro con la consecuencia de muerte y lesiones y, por el otro lado, la posible la administración fraudulenta de la empresa ferroviaria TBA y la gestión de estatal.

En el juicio fueron juzgadas dos cuestiones: por un lado el siniestro de Once, con su secuela de muertes y lesiones, y por otro lado si hubo administración fraudulenta de la empresa ferroviaria y la gestión ministerial.

Hubo dos hechos relevantes durante el desarrollo de Once I: la decisión del tribunal de rechazar las conclusiones de cuatro de los seis peritos (los ingenieros Horacio Faggiani, Julio César Pastine, Alejandro Héctor Leonetti y Raúl Díaz) y pedir que estos fueran procesados por falso testimonio, diligencia que realizó Bonadío. El ingeniero Leonetti fue arrestado por solicitud del Tribunal. Tras casi 24 meses, los cuatro peritos fueron absueltos.

La sentencia de primera instancia fue dictada el 29 de diciembre de 2015 y los fundamentos se dieron a conocer el 30 de marzo del año siguiente. El TOCF2 condenó a 21 personas -18 de ellos fueron empresarios, la mayoría de la empresa TBA, concesionaria de la línea férrea- y absolvió a siete.

Entre otras penas, el tribunal condenó a nueve años de prisión para el empresario Claudio Cirigliano, dueño de TBA, ocho años de prisión para el exsecretario Juan Pablo Schiavi y la pena única de seis años de prisión para el también exsecretario Ricardo Jaime.

Con respecto al maquinista Córdoba, los jueces consideraron que el accidente ocurrió porque frenó tarde, condujo a mayor velocidad que la permitida, y desconectó el sistema preventivo de "hombre muerto". Sin embargo, el tribunal sostuvo que Córdoba no tuvo la intención de causar el accidente, en contra de lo señalado por la defensa.

Por otro lado, los magistrados afirmaron que los empresarios y los funcionarios del Estado, tuvieron mayor responsabilidad debido a la administración fraudulenta de los recursos y, en algunos casos, también por agravar los riesgos que influyeron en la tragedia.

La sentencia de segunda instancia del juicio fue dictada el 8 de mayo de 2018 por la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Eduardo Rafael Riggi y Carlos Alberto Mahiques.

Con esta sentencia se confirmó el fallo de primera instancia en lo sustancial, pero se redujeron las penas de todos los condenados y se absolvió a Daniel Lodola, gerenta de la Línea Sarmiento, que fue condenado en la instancia anterior. No obstante, todos los condenados presentaron recursos de amparo ante la Corte Suprema.

El juicio Once II comenzó el 27 de septiembre de 2017 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 (TOCF4), conformado por los jueves Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabel y Gabriela López Iñíguez.

En este litigio fueron acusados Julio de Vido, quien fue ministro de Planificación, a cargo de la secretaría de Transporte, cuando sucedió tragedia de Once, y Gustavo Simeonoff, quien era el responsable de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN). Ambos fueron enjuiciados por dos eventuales delitos: el accidente de tren y la administración fraudulenta de los recursos públicos.

Como al momento del juicio De Vido era diputado nacional, debió ser desaforado por la Cámara de Diputados excluyéndolo de la Ley de Fueros Nº 25.320.

El 10 de octubre de 2018 el TOCF4 emitió su fallo en el cual Julio De Vido fue absuelto del estrago ferroviario de 2012, pero fue condenado por el delito de administración fraudulenta a cinco años y ocho meses de prisión. Además, el exministro fue inhabilitado a ejercer cargos públicos de por vida, y Gustavo Simeonoff fue absuelto de todos los cargos.