Un destape desigual en todo el país

Hace cuatro años, la Corte Suprema declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de cannabis (y otras sustancias ilegales) para consumo personal. Ese histórico fallo (más por sus consecuencias sociales que por su contenido jurídico) disparó diversas situaciones entre los ciudadanos y las instituciones.

En los grandes centros urbanos, en especial en la ciudad de Buenos Aires, motivó una largamente anunciada "salida del clóset" de los usuarios de cannabis, que tiró por el aire el estereotipo prohibicionista del fumador lumpen o delincuente. El destape vino con un aluvión de tiendas temáticas a lo largo del país. Sin embargo, existe una contracara inocultable que parte de la deuda legislativa por mantener vigente una ley que el máximo órgano judicial declaró contraria a nuestra Constitución o, dicho de otro modo, violatoria de nuestras garantías.

La aparente tranquilidad emanada desde el fallo choca cotidianamente (sobre todo en el interior y Gran Buenos Aires) con los embates de las fuerzas de seguridad, que detienen a 7000 personas al año por consumir o cultivar, fiscales que impulsan esas detenciones y jueces que imponen penas o tratamientos que, en el caso del cannabis, no son más que intervenciones hipócritas del poder y, en el de otras sustancias, exponen la criminalización del usuario problemático bajo el manto del "cuidado" de su salud. Mientras tanto las sentencias por narcotráfico son prácticamente inexistentes y escasean las tareas "reales" de prevención frente a esta actividad.

Según el Ministerio de Justicia, cada causa por consumo o tenencia simple cuesta al Estado $ 5000 por mes y esta cifra asciende a $ 15.000 en el caso de una persona detenida.

Mientras el mundo avanza hacia la regulación del cannabis, en la Argentina no sólo no hay despenalización, sino que desde hace años rige una ley que permite la continuación del avasallamiento a los derechos y que sólo profundiza los males que se propone perseguir.

Luis Osler