Un paso adelante

Por primera vez en su historia el Congreso se apresta a debatir sobre un tema central de la agenda de derechos humanos de las mujeres: la posibilidad de permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Desde la Asociación por los Derechos Civiles hemos remarcado en diversas oportunidades la necesidad de que nuestro Parlamento sostuviera esta discusión y señalamos la conveniencia de modificar el Código Penal para legalizar el aborto temprano.

Por una parte, la relevancia de este tema en términos de salud pública es indiscutible: según el Ministerio de Salud de la Nación, anualmente mueren más de 100 mujeres por causas relacionadas con abortos practicados en condiciones inseguras, siendo ésta la primera causa de mortalidad materna.

Por otra parte, desde 1921 el Código Penal establece la penalización del aborto excepto bajo ciertas causales, que 90 años más tarde podemos concluir que, como modelo de política criminal, ha fracasado. Esto es así porque, en primer lugar, la criminalización del aborto no disuade a las mujeres de practicarse abortos clandestinos; se estima que en el país se realizan unos 500.000 abortos clandestinos al año. Asimismo, la norma es escasamente aplicada por los tribunales ya que en la última década sólo hubo una docena de sentencias condenatorias por aborto.

En segundo lugar, el acceso al aborto en los casos permitidos por la ley es prácticamente nulo, ya que en su mayoría se judicializan injustificadamente o bien se frustran debido a las presiones que se ejercen tanto sobre las pacientes como sobre los profesionales de la salud.

En tercer lugar, la prohibición induce a las mujeres a recurrir a métodos de aborto riesgosos para su salud y su vida, generando así un perjuicio irreparable. En síntesis, la manera en que el Estado decidió abordar la problemática del aborto ha sido no sólo absolutamente ineficaz, sino violatoria de los derechos humanos de las mujeres.

Frente a este panorama resulta ineludible que nuestros legisladores discutan de manera seria, comprometida y responsable las distintas estrategias posibles para revertir esta situación y asegurar el acceso efectivo a la salud para todas las mujeres de nuestro país.

Es preciso encontrar soluciones inclusivas e igualitarias. No se puede soslayar que las víctimas de los abortos inseguros son mayoritariamente mujeres de escasos recursos y muy jóvenes, lo que denota un perverso perfil clasista de la política criminal vigente. Esto constituye además una discriminación que ya no se puede ocultar: mientras que un grupo accede a interrumpir sus embarazos de manera segura, las mujeres pobres arriesgan su salud y su vida.

Nadie es "proaborto", pero esta es una realidad que no puede desconocerse. No podemos cerrar los ojos ante un problema que afecta a las mujeres, pero cuya solución nos involucra a todos.

El autor es director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles