¿Qué hay detrás del proyecto que busca bloquear Internet ante contravenciones en la Ciudad?

En la Legislatura de Buenos Aires se está por tratar un proyecto de ley que permite a los fiscales tomar medidas precautorias, de clausura o suspensión sobre sitios web y aplicaciones. Incluso evitar que quienes cometieron el ilícito puedan acceder a Internet. Por ahora, y ante el rechazo de numerosos actores y organizaciones, que lo consideran una afrenta a la libertad de expresión, el proyecto podría tener modificaciones e incluso podría hasta quedar en el olvido.

En rigor, el Proyecto de Ley 2298/16 lleva la firma del diputado Daniel Presti (PRO) y de Claudio Palmeyro (del Sindical Peronista). Pero en realidad partió de un pedido hecho por Luis Cevasco, Fiscal General de la Ciudad. Y ya atravesó la Comisión de Justicia de la Legislatura (que preside Presti). Desde quienes impulsan el proyecto, el objetivo es bloquear sitios de Internet que puedan ser utilizados para discriminación, para pornografía infantil o para grooming. Cevasco agrega aquellos que ofrecen la opción de juego online, donde “se lava dinero e impuestos” (algo que ocurrió con Bwin en distintos momentos).

Algunas voces en la Legislatura sostienen también que Palmeyro, presidente de la comisión de Tránsito y Transporte, también apunta al bloqueo definitivo de Uber a partir de esta ley (después de un intento fallido con un pedido de la fiscalía al Ente Nacional de Comunicaciones). “El problema que tenemos es que a través de Internet se cometen varios delitos y contravenciones”, agrega el Fiscal General, quien asegura que “de ninguna manera” el proyecto es “un acto de censura” porque solo lo podrían aplicar “en caso que haya una contravención que esté investigándose”.

El proyecto es una modificación al Artículo 18, del Capítulo IV “Prevención”, de la Ley N12 del procedimiento contravencional. Allí se deja por sentado la “Suspensión o Bloqueo del servicio de internet. En caso de conductas que sean realizadas mediante la utilización de la red global de difusión de información “internet” o cualquier otro medio de comunicación, se podrá ordenar a las empresas prestatarias del servicio de “internet” bloquear, o denegar el acceso al dominio o aplicación de que se trate en forma parcial o total según la conducta ilícita sea generada dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o produzca sus consecuencias dentro de ésta”.

En la redacción no queda claro si la medida suspendería o bloquearía el acceso a Internet de quien causó una contravención o bien anularía la posibilidad de acceder a un servicio a través del cual se comete un ilícito (por ejemplo, clausurar preventivamente un sitio de reventa de entradas), y esa es parte de la polémica. Pero sí especifica que se podrá ordenar a las empresas prestatarias (los proveedores del servicio) que ejecuten estas acciones por pedido de un fiscal. El proyecto destaca que “se hace necesaria la incorporación de herramientas orientadas a una gestión judicial y administrativa ágil y eficaz”.

Bloquear, ¿es posible?

A nivel técnico es posible restringir el acceso a un sitio mediante el bloqueo de IP (su dirección real), aunque el bloqueo sería algo mucho más complejo. Por ejemplo: muchas veces estos sitios comparten una misma dirección IP con otros sitios que están bajo un mismo servidor. Por lo cual, al bloquear una dirección IP caerían otras páginas en la misma medida. También se puede intentar restringir un sitio en un determinado país, pero eso no invalida que un usuario pueda acceder “enmascarando” su ubicación real para saltear las barreras.

Son apenas dos ejemplos de lo dificultoso que sería de implementar esta medida sin eficacia y, además, afectando a terceros en algunos casos. “Hay una imposibilidad técnica desde una jurisdicción local de bloquear una página solo para la Ciudad de Buenos Aires. Se podría hacer pero lo debería realizar un fiscal o un juez federal, sino el bloqueo no tendría aplicación”, agrega Agustín Garzón, gerente del Enacom, quien a la vez cree debería hacerse en casos “muy excepcionales”. Aunque desconoce cómo hacerlo técnicamente, Cevasco cree que igual se deben bloquear esas páginas. “La opción nunca es que se siga cometiendo un delito”.

La libertad de expresión, en riesgo

“No podemos dejar de advertirle a la sociedad el enorme peligro que esto representa para las garantías previstas en la Constitución Nacional que resguardan el sistema democrático y las libertades individuales”, escribieron en conjunto numerosas organizaciones como Access Now, Centro de Tecnología y Sociedad - Universidad de San Andrés, el Centro de Estudios para la Libertad de Expresión (Universidad de Palermo), la Fundación Vía Libre y el académico Martín Becerra, entre otros.

En el comunicado, explican que “Internet es un medio de expresión que ha permitido el acceso a la información, el intercambio de opiniones, la adquisición de conocimiento y el desarrollo económico de los individuos como casi ningún otro en la historia”. Y que este proyecto “pone en serio riesgo esta herramienta al permitir que autoridades administrativas -entre ellas la fuerza policial- pueda censurar contenido para prevenir contravenciones locales. También otorga este poder a auxiliares de la justicia y a fiscales, generando masivas oportunidades para la fragmentación de Internet”.

Para Gonzalo Navarro, Director Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) el proyecto “entraña la potencialidad de generar gravísimas consecuencias respecto al normal desarrollo de Internet en Argentina, mediante el otorgamiento de una atribución amplia, genérica y de connotaciones ambiguas a la autoridad administrativa y a los fiscales, sin que exista la mediación de una orden judicial al respecto, propiciando de esta manera el establecimiento de condiciones de censura administrativa sobre la libre circulación de contenido en Internet…”, expresó.

Por su parte, Javier Pallero, analista de políticas públicas en Access Now, creó un petitorio en la plataforma Change.org titulado “No al proyecto de censura de Internet en Argentina" donde más de 17 mil personas ya se sumaron en su oposición al proyecto.

Cevasco, por su parte, no le ve objeciones al proyecto. “Le veo límites. Está vinculado a una contravención que está tipificada en la Ley. El segundo límite es que lo analiza un juez inmediatamente”.

La regulación de Internet, el trasfondo

El año pasado, otro proyecto que finalmente no prosperó apuntaba a a la regulación de los foristas por parte de los medios de comunicación, para evitar contenidos racistas. Los medios podían ser sancionados ante comentarios de terceros en sus plataformas, y la iniciativa estaba firmada por Remo Carloto, Diana Conti, Carlos Heller y Andrés Larroque. En 2011, el diputado Federico Pinedo propuso responsabilizar a las empresas que brindan servicios de Internet por el contenido de las webs que aloja, cuando éstas violen normas legales o derechos de terceros, como así también, a aquellas páginas que ofrezcan enlaces a otros sitios que también incumplen la ley. El proyecto contemplaba dar de baja la web en cuestión con sólo una carta documento y no con un fallo judicial. Finalmente tampoco prosperó.