Fondo Nacional de las Artes: un nuevo proyecto busca “salvarlo” del cierre impulsado por el gobierno, que considera que es “disfuncional”

Sigue el debate por el futuro del Fondo Nacional de las Artes (FNA), que si se aprueba el proyecto de “ley ómnibus” del presidente Javier Milei tiene los días contados en la forma en que se lo conoce hace más de sesenta años. En el apartado “Cultura diversa” se pueden leer algunas líneas dedicadas al organismo creado por Victoria Ocampo para impulsar las artes en el país y apoyar a los artistas.

“Respecto al Fondo Nacional de las Artes, concluimos que no ha cumplido sus objetivos -se lee en la página 34 de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos-. Hoy recauda los ingresos de los impuestos al derecho público pagante, es decir, un impuesto que paga la misma cultura. Esos impuestos viajan al FNA que luego decide cómo distribuirlos a los mismos individuos que contribuyeron inicialmente. Pero el problema es que el FNA para decidir esa distribución gasta aproximadamente un 67% de esos recursos (según el presupuesto 2023) o 73% (según el presupuesto 2024). Mucho más efectivo es canalizar esos recursos directamente a una estructura ya existente como es la Secretaría de Cultura, evitando ese costo hundido y cuadruplicando los recursos que recibe el sector”.

Una propuesta titulada “Para salvar y revitalizar al FNA”, realizada por un grupo de coleccionistas y amantes del arte, autoridades de la Fundación Compromiso y la Fundación Sur, acercó hoy una alternativa que, al parecer, funcionarios del Gobierno recibieron con agrado. “Nuestro proyecto es verdaderamente liberal -dice a LA NACION la abogada Carolina Biquard, directora ejecutiva de la Fundación Compromiso y expresidenta del FNA durante la gestión de Cambiemos-. Queremos que el Fondo vuelva a su esencia original, la de ser un banco de préstamos para los artistas, y que sea autárquico e independiente del poder político”.

Según este proyecto, el FNA dejaría de ser un organismo descentralizado de la Secretaría de Cultura para convertirse en un ente público no estatal o en una fundación creada por ley donde el Estado no contribuye con recursos, siguiendo el ejemplo de la Fundación Premio Nacional a la Calidad (ley 24.127). El FNA dejaría de recibir recursos del Estado (como lo hace actualmente para el pago de sueldos y viáticos) y volvería a ser autosustentable, luego de un proceso de “reestructuración” que implicaría la reducción del personal y el pago de indemnizaciones. Los costos operativos de la institución -que según la “ley Bases” absorbe el 70% de los recursos del FNA (algo que ponen en duda expresidentes del organismo)- se reducirían ampliamente si el proyecto se lleva a cabo.

Los autores de la propuesta estiman que los costos de la transición hacia un modelo sustentable (indemnizaciones) debe pagarlos el Estado “por única vez” a lo largo de 2024, que sería además el último año en que se perciba el dominio público pagante (DDP).

Los cargos de presidente y directores del FNA serían ad honorem, como lo fueron hasta 2005. En la actualidad, los directores cobran viáticos, y el presidente, un sueldo similar al de un subsecretario de Estado. Con este “rescate” del organismo se excluye el financiamiento directo a través del Estado o de cualquier tipo de impuesto, no habría tampoco ninguna interferencia del Estado en la gestión del FNA. Se aceptarían, en cambio, desgravaciones impositivas, créditos fiscales y fondos provenientes de mecenazgo.

Los préstamos a artistas y productores culturales volverían a ser la principal política del FNA, y las becas y los concursos se mantendrían “por el sello de calidad que implican, pero en proporciones mucho menores a los préstamos”, se destaca en el proyecto. Se incorporaría el financiamiento privado para fondear préstamos y otras iniciativas del FNA. Respecto de los activos del organismo, algunos se mantendrían, como el edificio de la calle Alsina, la casa de Victoria Ocampo en Barrio Parque, la pinacoteca y los recursos que resultan de juicios pendientes y de la recaudación de sus ingresos por DPP hasta finales de 2024 (aunque no hay un acuerdo total entre los autores del proyecto sobre la prescindencia del DDP).

Para evitar cualquier interferencia del gobierno de turno, las autoridades del FNA se elegirían mediante un proceso “transparente y participativo” gestionado por una “consultoría de prestigio”. Si el proyecto se concreta, se establecerán “mecanismos transparentes de asignación de los préstamos” y la publicación de balances auditados anuales y reportes trimestrales no auditados, “un requisito esencial para incorporar inversores privados”, remarcan. En la actualidad, acaso por la alta inflación desde hace varios años, los préstamos no abundan. Por otro lado, la Secretaría de Cultura designa al presidente -como se vio en el bochornoso episodio del cineasta y escritor Javier Torre- y tanto este como los directores son nombrados por decreto.

Entre las primeras repercusiones que generó el proyecto, otros exdirectivos del organismo señalaron enseguida que “este no es momento de reformar sino de defender” al Fondo Nacional de las Artes y que en esta propuesta se puede apreciar “el interés en una privatización”.

¿Qué propone el gobierno?

Consultadas por LA NACION, fuentes del Gobierno nacional indicaron que el FNA “había empezado bien, pero hoy no funciona” y que era “disfuncional y una carga para la cultura”. Por ley, el organismo es autárquico y descentralizado de la Secretaría de Cultura, de la que dependería completamente como un programa de fomento si se aprueba el proyecto de ley. Así lo confirmó Leonardo Cifelli el jueves pasado en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde casi no respondió preguntas de los legisladores.

En el Gobierno no están de acuerdo con el modo de distribución de los fondos recaudados a través del dominio público pagante (DDP), que se aplica cuando se hace un uso comercial de obras de artistas fallecidos hace más de setenta años. Según el proyecto de ley, se debe evitar “que la estructura burocrática absorba los recursos de la cultura dejándola sin financiamiento”.

Expresidentes del FNA, como la misma Biquard y Diana Saiegh, ya habían indicado que los porcentajes mencionados en la “ley Bases” no fueron los mismos a lo largo de los años; remarcaron, además, que el FNA es superavitario.

Por otro lado, en el Boletín Oficial esta semana se comunicó que, en la distribución del presupuesto, la Secretaría de Cultura había perdido el Servicio Administrativo Financiero (SAF), lo que significa que cada gasto o inversión deberá ser aprobado por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. No pasó lo mismo con otras secretarías de ese ministerio, como la de Educación y la de Trabajo. Fuentes consultadas señalaron que esto se podría cambiar administrativamente; de lo contrario, Cifelli tendrá que pedir permiso para realizar cualquier gasto o inversión. Como antecedente, cabe señalar que cuando el Ministerio de Cultura se convirtió en Secretaría en 2018, el SAF se mantuvo.

En diálogo con LA NACION Biquard, que presidió el FNA en el gobierno de Mauricio Macri, hay otras posibilidades más constructivas que la del cierre del organismo o su pase a la Secretaría de Cultura. “El FNA tiene que tener más autonomía y más autarquía”, dice. Respecto del DDP, niega que el impuesto se traslade al consumidor de cultura. “El dueño de un teatro o de un cine no va a cobrar menos porque se deje de pagarlo. La formación de los precios no tiene nada que ver con el DDP. Como pasó hasta ahora, si la gente ve resultados, paga”.

La casa de Victoria Ocampo en Barrio Parque, actualmente Casa de la Cultura del FNA, debe convertirse en “un gran centro de intercambio de arte y tecnología y sede de residencia de artistas de las provincias para que puedan usarla como punto de encuentro con galeristas o gestores”, sugiere Biquard. En 2022, esta propiedad del FNA fue declarada Monumento Histórico Nacional.

Como muchos otros, opina que la Secretaría de Cultura no está preparada para implementar los programas del FNA. “Se necesitan equipos profesionalizados, gente que busque inversores privados, especialistas en fundraising, no tres personas; en el mundo todo apunta a las entidades de capital mixto, público y privado, como lo son varias fundaciones y organizaciones sin fines de lucro”, afirma. “No es un tema de plata, sino de conocimiento y gestión -concluye-. Lo que tiene que suceder es que el FNA deje de ser víctima del primer viento político que sople”.

El proyecto para “salvar y revitalizar” el FNA ya llegó a los despachos de los legisladores que debaten la “ley ómnibus” y también a los de algunos funcionarios y asesores del Poder Ejecutivo, que dejaron trascender que les parecía “interesante” y que estaban dispuestos a evaluarlo. “Es una propuesta que reconoce el problema; ya estamos mil pasos adelante”, dijo uno de ellos.

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