A un año del Pacto Fiscal, vuelve a subir la presión tributaria

CÓRDOBA-. A casi un año de que se aprobaran la reforma tributaria y el pacto fiscal, ya hay cambios a los compromisos asumidos tanto por la Nación como por las provincias para reducir la presión tributaria sobre el sector privado e incentivar, por esa vía, una ganancia de competitividad. Las urgencias derivadas del déficit y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se impusieron, y en 2019 el peso de los impuestos -después de haber bajado- volverá a subir.

Si se consideran los tres niveles estatales (Nación, provincias y municipios), la presión tributaria entre 2015 y este año pasó de 33,8% del PBI a 31,9%. Entre los impuestos nacionales, venía bajando el peso de los tres considerados más distorsivos: las retenciones, el tributo al cheque y las contribuciones patronales.

Los datos fueron presentados por Marcelo Capello, economista del Ieral, en una jornada organizada por la Unión Industrial de Córdoba (UIC). Capello estimó que en 2019 la presión impositiva nacional será del 26,2%, 0,4 puntos porcentuales más alta que la de 2015.

Entre los cambios que tendrán sus efectos están la postergación por un año de la suba del 33% al 50% de la porción del impuesto al cheque que se puede tomar a cuenta de Ganancias (eso aportará ingresos adicionales equivalentes al 0,1% del PBI); el regreso de las retenciones, que sumará unos $280.000 millones (1,1% del PBI); la suba de Bienes Personales, con unos $20.000 millones, y el cambio en el ajuste por inflación de Ganancias, con otros $100.000 millones. También, a nivel provincial, se frena la baja de Sellos, que iba a pasar de una alícuota de 0,75% a 0,50%.

Entre los puntos aprobados un año atrás que están vigentes, los más importantes son: el compromiso de las provincias de avanzar en la baja de Ingresos Brutos; la suba de un monto salarial no imponible para las contribuciones patronales, y la rebaja del 35% al 30% de la alícuota de Ganancias para personas jurídicas. También, la baja de retenciones a la soja, aunque se agregaron otras.

Juan Carlos Ferreiro, socio de PwC, dice que la reforma fue "pensada en un contexto de país que, en marzo, cambió drásticamente". Además, señala que hay aspectos significativos sin reglamentar, lo cual trae incertidumbre. Plantea que las líneas "fundamentales" de reforma "se mantienen", pero que hay demoras para ajustarse al contexto. "Para atender al objetivo de déficit cero se avanzó vía gasto e ingresos", señala.

La mayoría de los aspectos de la reforma era de aplicación plena desde el 1°de enero pasado y, pese a eso, faltan reglamentaciones.

El economista jefe de la Unión Industria Argentina (UIA), Diego Coatz, cita como dato positivo que siga la baja de Ingresos Brutos, pero enfatiza que hay entre $4000 millones y $5000 millones retenidos por las provincias en concepto de saldos disponibles. "Independientemente de que se van a recuperar, las demoras impactan en las cuentas de las empresas, y las provincias usan eso para financiarse". Y enciende una luz roja sobre las tasas municipales: "Siguen cobrando cargos que en realidad son impuestos, porque en muchos casos no hay contraprestación. Hay que avanzar en esa discusión. Una posibilidad es que las buenas prácticas tributarias se premien con el criterio de distribución de recursos no coparticipables", propone.

Marcelo Almendros, director del departamento de Asuntos Fiscales de la UIC, entiende que la concepción "técnica" de la reforma fue muy buena, aunque admite que podría discutirse si fue lo suficientemente "abarcativa y profunda". Coincide en que la demora en las reglamentaciones son una complicación. Y considera, además, que la adenda al pacto fiscal no implica cambios sustanciales y que la postergación de la baja en Sellos "no es crucial".

Contribuciones más altas

Un foco conflictivo es la disposición respecto del decreto 814/01. Esa norma establece beneficios para las contribuciones patronales que, por la reforma del año pasado, ahora se reducirán progresivamente. En 2022 las provincias más alejadas de Buenos Aires y/o con mayor Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) ya no podrán contar con esta discriminación a su favor, a la vez que se elevará la alícuota de la contribución.

Capello apunta que las pymes de la mayoría de las provincias dedicadas a la industria o los servicios tendrán una mayor carga laboral hacia 2022, mientras que para las grandes empresas de servicios o comercio habrá una reducción. "No debería ocurrir que las regiones con mayores carencias a nivel socioeconómico experimenten mayor presión", advierte.

"Exportar desde el interior, de esta manera, cuesta más. Con los mayores ingresos que se obtengan por Bienes Personales o por retenciones, se podrían corregir aspectos como este; hay que trabajar más en la selección", aporta Coatz.

Ferreiro insiste en que entre las "incertidumbres" a las que los empresarios buscan respuestas, hay varios aspectos de la temática impositiva que siguen "abiertos", como los cambios en Ganancias para las corporaciones, la nueva metodología para precios de transferencias y el tratamiento de los dividendos. "La coyuntura sobrepasó las previsiones que se realizaron cuando se lanzó la reforma", considera.

La postergación del aumento de la porción del impuesto al cheque que se puede tomar a cuenta de Ganancias, a criterio de Coatz, complica "mucho" a las pymes que trabajan en blanco y que "ya tienen la competencia fuerte de las que operan en negro. Habría que repensar ese punto para que pueda haber un pago a cuenta de cualquier otro impuesto".

Almendros reconoce que hace un año "nadie imaginaba" la actual coyuntura. "Una de las principales expectativas era que se cumpliera lo prometido; hubo un problema de diagnóstico, y el progresismo aplicado para reducir el déficit primario debió haberse abandonado".