Prepagas: ampliaron una denuncia para lograr que las limitaciones a las subas de cuotas alcancen a más entidades

Un grupo de referentes de la Coalición Cívica presentó ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) un pedido de ampliación de la investigación sobre presunta cartelización de las prepagas, con la intención de que, finalmente, lo dispuesto por el Gobierno respecto de las restricciones para las subas de cuotas no quede limitado a las siete entidades mencionadas en la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio anunciada el miércoles de esta semana.

Lo resuelto por las autoridades respecto de limitar las subas de precios está basado en un dictamen de la CNDC, que se emitió a partir de una denuncia hecha a mediados de enero por el legislador porteño Hernán Reyes y otros dirigentes de la Coalición Cívica. En ese momento se habían reunido facturas y notificaciones de aumentos enviadas a sus afiliados por algunas entidades, que son concretamente las que ahora deberán recalcular sus cuotas. Pero, en rigor, no son esas las únicas prepagas que incrementaron sus precios en porcentajes similares, por lo cual lo establecido resulta discriminatorio.

El pedido de ampliación menciona a 13 entidades no alcanzadas hoy por las restricciones establecidas. Pero, además, en el escrito se pide que la Superintendencia de Servicios de Salud actúe como “coadyudante” en el trámite y que, además de brindar una serie de datos sobre el mercado de las prepagas, incorpore a otras entidades a la investigación.

Las entidades mencionadas

En concreto, la nueva presentación ante la CNDC solicita una investigación referida al comportamiento que, con respecto a sus precios, adoptaron Medicus, el Hospital Italiano, la Obra Social de Dirección de Sanidad Luis Pasteur, Hominis (Fundación Sanatorio Güemes), Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Accord Salud, Mutual Federada 25 de junio Sociedad de Protección Recíproca, ACA Salud, Asociación Mutual Sancor, Prevención Salud. Esas entidades fueron denunciadas anteayer ante la Justicia por la Superintendencia de Servicios de Salud, acusadas de supuesta cartelización.

“Asimismo -agrega la presentación firmada por Reyes y por Maximiliano Ferraro, Rubén Manzi y Juan Del Gaiso- existen más entidades que se encuentran en el mismo mercado, como el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno (Cemic) y Avalian Salud, y otras que debe incorporar la Superintendencia de Servicios de Salud”.

El trámite no significa que esas empresas queden ya alcanzadas por las nuevas medidas, pero si la CNDC siguiera los mismos pasos que dio tras la primera presentación, entonces la investigación solicitada podría derivar en un dictamen similar al que la Secretaría de Comercio utilizó como base para emitir su resolución (la resolución mediante la cual se puso límite a los incrementos). Antes, debería notificar a cada entidad y solicitarles información.

Lo resuelto por el Gobierno

Tal como ya se informó, esa medida sobre restricciones para las subas de cuotas anunciada por el Gobierno tiene alcance solo para Galeno, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE, Hospital Británico y Hospital Alemán. La Secretaría de Estado resolvió ir más allá de una sanción para esos casos, y estableció una regulación, al disponer exactamente cómo deben ser los aumentos, al menos por un período de seis meses. Pero esa regla recae solo sobre un grupo de empresas y no sobre la totalidad, lo cual genera un escenario de inequidad.

En esos casos, para definir cuánto cobrar a sus afiliados, las prepagas deberán considerar el valor de sus cuotas de diciembre de 2023 y aplicar un reajuste equivalente, como máximo, a la inflación que se haya acumulado al período correspondiente. En la práctica, los importes hoy facturados son muy superiores a los que resultan de hacer esa cuenta -en lo que va del año hubo subas, en promedio, de 140% a 160%-y, por esa razón, la medida implica una baja muy significativa de los valores.

En las empresas alcanzadas está, según el Gobierno, aproximadamente el 75% de los afiliados al sistema. El resto no queda sujeto a esa regla y las prepagas a las que están asociados pueden seguir cobrando, por ahora, según sus criterios. Para mayo, en muchos casos ya se anunciaron subas que rondan el 10%.

La explicación que dio el miércoles el Gobierno respecto de por qué lo establecido no alcanza a todo el mercado es que la resolución es una “medida de tutela”, emitida sobre la base del dictamen que hizo la CNDC, en repuesta a la ya mencionada denuncia de referentes de la Coalición Cívica. En esa presentación se mencionó a las siete entidades incluidas en la decisión oficial.

“Eso no está en control del Gobierno, sino de los denunciantes”, señalaron anteayer desde el Gobierno, ante la consulta de LA NACION respecto de por qué no se pudo llegar a emitir una medida generalizada. “La investigación no puede incluir a empresas no denunciadas, por riesgo de que se caiga por temas procesales”, agregaron las fuentes.

Reyes, uno de los denunciantes, había afirmado que, si bien el Gobierno –en el marco de una decisión tomada a partir de aquella presentación– no podría haber emitido una medida involucrando a entidades que no estaban notificadas de una investigación contra ellas, sí podría haber avanzado previamente para determinar qué otras empresas estaban presuntamente actuando de forma abusiva, para darles aviso e incluirlas en el expediente. De esa manera, dijo, podría haber habido una medida más abarcativa. Según Reyes, desde la CNDC no se agregaron argumentos a lo que habían sido presentado inicialmente, ni se amplió la investigación.

La nueva presentación ante la Comisión, de hecho, señala que se observa “con preocupación que la actividad de instrucción que surge del pedido hecho tres meses atrás, “no está dando el impulso que amerita la investigación de una conducta de cartelización” como la denunciada.

Los incrementos de precios de este año, que resultaron de alrededor de 40% solo en enero, fueron posibles porque el gobierno de Javier Milei derogó, mediante el DNU 70 de diciembre último, todas las normativas referidas a la intervención del Estado sobre el tema. Es decir, dispuso que las entidades podrían incrementar las cuotas sin limitación alguna. Hasta el último mes de 2023, en tanto, regía un mecanismo por el cual las autoridades de Salud disponían un tope para las subas. Desde hacía bastante tiempo, las prepagas venían advirtiendo que los reajustes eran insuficientes frente al alza de los costos de la prestación de salud. En 2023 las cuotas acumularon una suba de 138% (todas por igual, porque eran precios regulados por el Estado), mientras que la inflación general fue bastante más elevada: de 211,4%.

Según los dirigentes que presentaron la denuncia que dio lugar a las actuales limitaciones, “el Gobierno, que desreguló sin tomar conciencia del impacto de esa medida, habilitó la cartelización y aumentos tremendos en medicina prepaga; ellos tienen la responsabilidad y las herramientas para investigar a todas las empresas que formaron parte del cartel”.