La burocracia, contra el valor agregado

Tan importante como nuestra nueva inserción en el mundo, como un país normal en el que dos más dos son cuatro y mano dentro del área es penal, es la solución de los problemas que tienen los empresarios medianos o pequeños para cumplir con todos los requisitos que se le imponen, a veces sin sentido, desde todas las reparticiones que tienen algo que ver con la actividad.

A pesar de la insistencia declamada en cuanta oportunidad tienen los funcionarios de los estados provinciales y nacionales relativo a la necesidad de agregar valor en origen, el principal escollo que encuentran los emprendedores es las intrincada legislación que existe para cada sector de la economía.

El desaliento a la iniciativa privada se evidencia cuando los empresarios llegan a la conclusión de no invertir por el desgaste personal que significa cumplir con infinidad de requisitos burocráticos que pocas veces tienen sentido real. Al margen del claro efecto sobre la competitividad, la complejidad de la burocracia se convierte en enemigo del emprendedurismo.

Da la impresión de que los funcionarios viven en otro país, desconocen las reglamentaciones y los que manejan realmente el país son los estamentos intermedios en los ministerios y reparticiones.

Es evidente que el poder de las corporaciones, incluso la estatal cuando por ejemplo, se habla de energía, pesa enormemente en la configuración de leyes y decretos y dejan fuera de juego a todos los que no pertenecen a la liga.

Respecto de la energía, se promovió y se promueve la obtención de combustibles alternativos. Lograrlo no es tan difícil, hasta se redactó una ley de biocombustibles, pero una vez hecha la inversión y obtenido los productos, la ley no permite venderlos libremente. Entiendo que si esto fuera una actividad libre le pisaría los cayos a las petroleras, incluida YPF, entonces termina siendo una actividad marginal.

En la Argentina somos deficitarios en combustibles por aproximadamente 10.000 millones de dólares anuales, si esta cifra fuese achicándose sustituyendo combustibles fósiles por renovables, dejaría de ser interesante para los que manejan semejante cantidad de dinero ya que algunas monedas deben quedar en el camino.

La minería de áridos es la más amigable. En Córdoba es acosada constantemente por tres organismos por separado, que alternan sus requerimientos y lo que se va cumpliendo para uno, a pesar de ser lo mismo, no sirve para otro. Esto responde a diferentes intereses. En primer término a la avidez monetaria de la provincia. Y segundo, la utilización de servicios de las mal llamadas profesiones libres ya que dejaron de serlo. Todos necesitan firmas colegiadas y estar inscriptos en la repartición, generando prebendas para algunos ingenieros, geólogos y escribanos entre otros.

Entre las actividades agropecuarias la de feedlot también es víctima de dos reparticiones que requieren las mismas cosas en diferentes oportunidades. Todos deben tener un trabajo, pero no por este motivo hay que matar al que produce, si todos deben ser socios, incluido el Estado, tendría que ser para ayudarlo a producir más y mejor y no para obstaculizar.

Desde el INTA u otros organismos del Estado, se promueve y en cierta medida se ayuda a desarrollar proyectos de agregar valor a la producción agropecuaria. Incluso se estimula el avance hacia otros eslabones de la cadena alimentaria, pero si hoy ya resulta muy complicado ser productor, como vamos a avanzar sabiendo que cada vez se la hacen más difícil.

Para agregar valor no sólo hay que declamarlo, sino que hay que destrabar la burocracia y eliminar los impuestos distorsivos, de lo contrario se desalienta la inversión y se estimula la migración de capitales hacia otras provincias o países.

No es necesario crear el ministerio de desburocratización, tampoco hace falta despedir a todos, alcanza con cambiar los objetivos y estimular efectivamente la producción y la competencia con reglas claras y seguridad jurídica.