El Gobierno negocia para resolver nueve juicios pendientes en el Ciadi

Después de la salida del default, la herencia más ruidosa que le dejó al país la crisis de 2001 en términos económicos, el Gobierno aún debe resolver casi una decena de juicios contra el Estado planteados por compañías extranjeras en tribunales internacionales, otro lastre menos visible de aquel cambio de siglo tumultuoso. Los ministerios involucrados ya comenzaron a ensayar alternativas para resolverlos, confirmaron a LA NACION fuentes al tanto de la defensa argentina.

Desde el punto de vista de los inversores internacionales, se trata del último paso para salir completamente del default y recuperar la credibilidad internacional, dado que la Argentina se obligó a cumplir con esas sentencias para darles seguridad jurídica a las compañías extranjeras, que reclaman pagos millonarios como indemnización por el rompimiento de los contratos.

Las empresas internacionales, cuyas billeteras intenta atraer hacia el país la administración de Mauricio Macri, miran con atención la lista de casos pendientes que figuran en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre Estados y privados.

El Ciadi tiene 17 casos pendientes de resolución con el país, 8 de los cuales fueron suspendidos en los últimos años. Los restantes 9 preocupan al Gobierno, que con la nueva gestión cambió las formas con las que se maneja la Procuración del Tesoro en los tribunales extranjeros.

El kirchnerismo resolvió algunas disputas. Por caso, en octubre de 2013, el entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino, cerró cinco causas pendientes. Pero otras quedaron en pie y salpican aún al gobierno de Macri. El caso más evidente es el de la española Abertis, dueña del 31,59% de Ausol, concesionaria de la autopista Panamericana y a cargo del mantenimiento de la avenida General Paz y de los 56 kilómetros de la autopista que va de Buenos Aires a Luján (en el caso del acceso oeste la empresa es GCO).

Abertis presentó el 17 de diciembre, es decir, una semana después de que Macri asumió la presidencia, una demanda contra el país por las demoras en la renegociación de su contrato de concesión y las dificultades que le trajo a su negocio el retraso en las tarifas. El Gobierno comenzó a dar los primeros pasos para ensayar su defensa. Una fuente oficial informó a LA NACION que tanto la demandante como la defensa oficial designaron a sus árbitros. Ambas partes tienen 29 días para designar de mutuo acuerdo al presidente del tribunal. Si no lo alcanzan, pueden pedirle al Ciadi que lo designe. Luego llegará la primera solicitud de fondos para dar trámite al procedimiento.

Por otra parte, la compañía Salini Impregilo también reclama por su participación en Ausol. El 27 de octubre del año pasado inició negociaciones amistosas con el gobierno de Cristina Kirchner, que continuaron los funcionarios de Macri. El Occovi (organismo de control de las concesiones viales) está actuando en dos líneas de acción. En el marco de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), se creará un sector que atenderá en forma exclusiva los grandes juicios contra el Estado. "De esta forma procuramos desarrollar la mejor defensa posible", explicó un funcionario a cargo de la defensa de la Argentina.

Por otra parte, el Gobierno inició la renegociación de ambos contratos de concesión (Ausol y GCO), que intentará saldar los reclamos.

Mil intentos

Ausol había intentado de mil maneras solucionar esas dificultades en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El año pasado, a través de dos notas, el Occovi le pidió a la empresa que presentara un plan para hacer sustentable su negocio. El 19 de mayo, por caso, el director ejecutivo del Occovi, Gustavo Gentili, le reclamó a Ausol que presentara un documento con una "propuesta de plan económico financiero que permita equilibrar económica y financieramente el contrato de concesión". La compañía nunca llegó a un acuerdo, agotó las instancias y ahora reclama en el Ciadi.

Hay más demandas recientes. La italiana Impregilo, vieja litigante contra el país, planteó en septiembre del año pasado un nuevo litigio contra el país. Lo maneja el estudio King & Spalding. En enero, el alemán Jürgen Kurtz aceptó convertirse en árbitro.

Fuentes al tanto de la disputa sostienen que en las próximas semanas el Ciadi fallará en contra del país en un juicio que le inició al Estado un conjunto de empresas españolas relacionadas con Marsans, la ex dueña de Aerolíneas Argentinas, por la expropiación de la compañía, junto al megabufete norteamericano Burford. Piden US$ 1200 millones, pero quedarían satisfechos con mucho menos.

En abril de 2015, el Ciadi condenó a la Argentina a pagarle US$ 405 millones a la francesa Suez, dueña de Aguas Argentinas, a la que el kirchnerismo le quitó la concesión del servicio. Sobre esa decisión se creó AySA, la compañía de agua y cloacas de la zona metropolitana. La Argentina apeló la decisión. El caso sigue pendiente en el tribunal arbitral.

En 2006, el entonces gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, rescindió la concesión del servicio de agua y cloacas provincial a Aguas del Gran Buenos Aires, integrada por capitales italianos y españoles, que desde 2000 proveía el servicio a más de 1,8 millones de personas. Aunque la gobernación criticó la calidad del servicio, sus accionistas fueron al Ciadi. El tribunal se constituyó en 2009 y el caso sigue pendiente.

Algo similar ocurrió con Sauri, una sociedad francesa de un grupo empresarial dedicado al negocio de la producción, tratamiento, distribución y saneamiento del agua, a la que se le rescindió la prestación del servicio en Mendoza. El tribunal condenó al país a pagar US$ 40 millones más intereses y honorarios, pero el caso aún figura como pendiente.

Hay algunos casos que figuran como pendientes, pero en los que las empresas suspendieron los reclamos. Entre ellos los de Gas Natural Fenosa, dueña de la compañía del mismo nombre en el país, y de Camuzzi, otra firma encargada de distribuir gas por redes.

Junto a Venezuela, la Argentina lidera el ranking de demandas en el Ciadi. Otros países, como Brasil y Sudáfrica, decidieron abandonar ese organismo. Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner hubo amenazas de ese estilo, pero nunca se concretaron.