HSBC: la AFIP busca alargar el plazo para investigar cuentas

PARÍS.- La camioneta que trasladaba a los integrantes de la comisión bicameral que investiga una supuesta plataforma elaborada por el HSBC para permitir la evasión fiscal y fuga de capitales desde la Argentina se rompió y tuvieron que tomar taxis. En la biblioteca de la embajada argentina los esperaba la ex responsable de organización de eventos de UBS Stéphanie Gibaud, que hace siete años reveló la existencia de cuentas no declaradas en esa entidad.

Desde que el informático francés Hervé Falciani, ex empleado de la sucursal de Ginebra de la HSBC, reveló la existencia de más de 107.000 cuentas en su mayoría no declaradas, de las cuales 4040 son argentinas (sólo 39 estaban declaradas), el gobierno argentino está convencido de que esta entidad desarrolló en la Argentina un mecanismo, a través de sucursales e intermediarios, para facilitar la fuga de dinero. Si bien las revelaciones de Falciani recaen sobre cuentas de 2006, la mayoría desde entonces cerradas, el director de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo a LA NACION que la denuncia es por asociación ilícita.

"Hubo más de tres personas que participaron de la maniobra, además del banco que desarrolló una plataforma para fugar dinero. HSBC vendió el sistema y le reclamamos 3500 millones de dólares. Es un delito que prescribe a los diez años, o sea que podemos seguir hasta 2025", precisó Echegaray. Mediante un comunicado, HSBC Argentina reiteró su rechazo "enfático y categórico a la acusación de participación en asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos".

La comisión bicameral, integrada por 10 diputados y senadores, va aún más lejos: busca probar la existencia de un "comportamiento sistémico" en el mercado bancario y financiero que va más allá de HSBC y que involucra a otros bancos extranjeros con operaciones en la Argentina. Su presidente, el diputado del Frente para la Victoria Roberto Feletti, confirmó que planean presentar antes de fin de año un informe a la Justicia, al Poder Ejecutivo y al Congreso en el que propondrán modificar las legislaciones bancaria y cambiaria, lo que supone restringir la operatoria de bancos extranjeros en el país. "Se pueden tomar muchas medidas. Se puede incluso hasta suspender la licencia de un banco", agregó Echegaray, que también pasó por Suiza, por el caso de la FIFA, para reunirse con el presidente de la UEFA, Michel Platini.

El problema es que, a diferencia de Falciani, Giraud no tiene todavía la validación francesa, por lo que por ahora todos los datos que ella tiene, entre los cuales más de 4000 cuentas son de argentinos, no sirven. "No buscamos cuentas ocultas en UBS de la Argentina, pero sí cuentas ocultas en el UBS de la banca offshore donde no aparece directamente el nombre de un argentino. El dueño de la cuenta es una sociedad que está en las islas Jersey o Caimán, los socios son abogados de esas localidades, y los beneficiarios directos son ciudadanos que viven en Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe. Para llegar a ese punto tengo que tener la información validada en otro lugar donde se esté investigando a esa sociedad", explicó el titular de la AFIP.

Giraud dio detalles del mecanismo de UBS para captar clientes, lo que pareció interesar particularmente a los integrantes de la comisión, quienes remarcaron que esta entidad no tiene sucursales en el país. "Tengo nombres de directivos de bancos que siguen desplazándose a la Argentina. Hay intermediarios y administradores de fortunas que hacen esto. O también los responsables de los bancos, que llegan al país como turistas, pasan la aduana sin problema, van a algún restaurante y ven a algún cliente. Hacen el negocio sin que nadie los vea. Son proveedores. Posiblemente trabajen también con bancos argentinos", dijo la francesa.

Según Feletti, Cristina Kirchner quiere conocer los nombres de los funcionarios de UBS que viajan frecuentemente a la Argentina. El diputado de Nuevo Encuentro Carlos Heller comparó la evasión fiscal y la fuga de capitales con el delito de lesa humanidad. "Si 400.000 millones de dólares no hubieran salido ilegalmente del país, los problemas fiscales y de reservas se hubieran evitado", razonó.