Jubilados: un plan loable, pero que deja dudas

El proyecto para ocuparse de la deuda del Estado con los jubilados es motivo de celebración. Lógicamente, una ley general no puede cubrir todas las expectativas y quedarán numerosas situaciones sin solución, pero el esfuerzo es loable y probablemente el objetivo de reducir la litigiosidad sea alcanzado.

Pero hay cuestiones que incomprensiblemente no se consideran y la más preocupante es la falta de adecuación de una porción del haber: la PBU. La Corte dijo que esa parte de la jubilación debe ser ajustada. La PBU es la prestación básica, un piso al que se suma un porcentaje del salario según los años de aportes. Si no se ajusta su valor inicial pero se le reconoce movilidad, se estarían pagando distintas prestaciones según la fecha de jubilación. Y entre otras cuestiones por debatirse están los ajustes por servicios autónomos, las rentas vitalicias, los salarios mayores al límite imponible, el haber máximo, topes, topes y más topes.

Por otra parte, si la intención es acabar con la alta litigiosidad, y se busca que estos acuerdos sean voluntarios, es indispensable que la ley ordene al Estado no apelar las sentencias sobre las cuales hay criterios jurisprudenciales uniformes. La apelación por la dilación misma es una expresión de injusticia.

Hay otro detalle: el presupuesto del año destina, para cumplir con los juicios con sentencia firme, $ 12.500 millones: no hay razón para desafectar esos fondos y no es necesario acuerdo alguno para cumplir con esos fallos. He visto cientos de liquidaciones de la Anses que discrepan mucho con las aprobadas en tribunales, por lo que fijar acuerdos frente a las sentencias genera desconfianza.

Hace dos años, a los abogados nos llamaban "caranchos" y ahora, especuladores. Lo cierto es que en 30 años el sistema de ajuste jubilatorio sido el tándem abogados-jueces. Es hora de que esto cambie. Si no hubiera habido juicios no se habría gestado esta solución, no habría movilidad, no habría nada. En particular nuestro equipo ha logrado una decena de soluciones novedosas para que los jubilados accedan a una prestación que tenga una saludable relación con sus ingresos activos. La relación con el Estado ha sido antagónica: nosotros pedimos -y a veces logramos- que les paguen más a los jubilados, mientras que la administración ha procurado pagar menos, mal y tarde. Por esos antecedentes, el director ejecutivo de la Anses sostuvo que el organismo "se financiaba" pagando la deuda con tasa de interés pasiva; pero todavía no hay escritos judiciales en donde acepten una tasa más razonable.

Frente al plan oficial, es bueno que los jubilados se informen bien, porque quizás en su caso haya diferencias significativas en el haber que se les ofrecerá y el que podrían obtener. Y, para una buena praxis, los abogados debemos ser absolutamente detallistas en cuanto a la existencia (y en su caso, a la cuantía) de algún derecho al que estarían renunciando los jubilados de firmar un acuerdo.

El autor es abogado especializado en temas previsionales