Juicio por YPF: la jueza Preska determinará en las próximas horas si extiende el plazo para evitar embargos

A partir de mañana, 10 de enero, los activos argentinos en Estados Unidos podrían ser sujetos de embargo, luego de que el país perdiera en primera instancia el juicio por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en 2012. Sin embargo, el buffete de abogados que representa al Estado nacional está tranquilo, ya que los demandantes no encontraron todavía ningún activo argentino que pueda ser confiscado en el exterior. Pese a esta situación, la jueza Loretta Preska, quien lidera el caso, decidirá hoy si extiende el plazo de suspensión provisional de la ejecución o si confirma la fecha límite de mañana.

La jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York -la misma que dio a conocer los nombres de involucrados en el caso de Jeffrey Epstein la semana pasada- le había concedido al Estado argentino extender el plazo para evitar embargos hasta mañana, para darle tiempo de aterrizaje al gobierno de Javier Milei. Durante este plazo, el país debía depositar una garantía, mientras que iniciaba el proceso de apelación por la sentencia en contra que determinó el pago de una indemnización de US$16.100 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park.

En los últimos días, ambas partes del caso estuvieron activas. Los fondos le enviaron una carta a Preska la semana pasada, diciendo que ya pasó un “plazo de tiempo razonable” desde la sentencia del 15 de septiembre y que están listos para embargar y ejecutar activos.

“A pesar de las declaraciones bienvenidas y optimistas del nuevo presidente de la Argentina, los abogados del Estado argentino han dejado en claro que la República no cooperará ni siquiera en cosas básicas (como aceptar la notificación de acciones para reconocer la sentencia en el extranjero) y, por lo tanto, los demandantes siguen convencidos de la probable necesidad de hacer cumplir la sentencia a través del arduo y lento proceso de embargar bienes no inmunes”, dijo el abogado Randy M. Mastro, del buffete King & Spalding LLP, que representa a Burford e Eton Park.

La respuesta de la defensa argentina no tardó en llegar. El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, mantuvo a Sullivan & Cromwell, el mismo estudio de abogados que había contratado su antecesor, Carlos Zannini. “No conviene cambiar de caballo en medio del río”, justificó Barra, el fin de semana, en una entrevista con Clarín.

El abogado defensor, Robert J. Giuffra, Jr., dijo que “los demandantes no han identificado ningún activo de la República en los Estados Unidos sobre el cual puedan embargar o ejecutar adecuadamente” y que cualquier acción sería “allanar el camino para el uso indebido y acosador de procedimientos de embargo sin respaldo de la FSIA [ley de inmunidades soberanas extranjeras] y uso despilfarrador de recursos judiciales”.

La defensa argentina también dijo que “incluso si la actual suspensión de la ejecución expira el 10 de enero, no es ‘razonable’ que los procedimientos de embargo y ejecución de la FSIA comiencen sólo cuatro meses después de la sentencia de este Tribunal. Muchos otros tribunales han considerado ‘razonables’ plazos mucho más largos incluso sin muchos de los factores convincentes presentes aquí”.

Al igual que se hizo en escritos anteriores, el abogado defensor se refirió a la crisis económica que atraviesa el país. Señaló que la sentencia de US$16.100 millones equivale al 32% del presupuesto del Estado argentino.

“Además, como han reconocido los demandantes, el nuevo gobierno de la República está abordando circunstancias económicas terribles, incluida la pobreza generalizada, la renegociación de los servicios de deuda con el FMI, la incapacidad de acceder a los mercados internacionales de capital y una inflación que ahora se acerca al 200%. La administración ha puesto en marcha medidas fiscales y monetarias muy significativas para intentar poner la economía de la Argentina en un nuevo rumbo, y está en medio de conversaciones con el FMI con respecto al ajuste de su programa económico”, escribió Giuffra.

El juicio por la expropiación del 51% de las acciones de YPF es el caso más importante que enfrenta la Argentina en el exterior. En primera instancia, la jueza Preska determinó que el país violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la estatización y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora. Por lo tanto, sentenció que el país pagara una indemnización de US$16.100 millones, pero eximió de responsabilidades a YPF.

Para evitar que la sentencia sea ejecutable, la jueza pidió que la Argentina presentara como garantía el 26% de las acciones de YPF y una supuesta deuda que el Ente Nacional Yacyretá tiene con el país por US$2000 millones, de la época de cuando se construyó la represa. Ambos activos son difíciles de prendar. Para entregar las acciones de YPF, se necesita la autorización del Congreso por la ley de Expropiación de la petrolera de 2012. Por el lado de la deuda, no existen documentos oficiales que la validen.

En paralelo, el 22 de febrero, la Argentina tiene que presentar ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska. Los demandantes, por su parte, también iniciaron el proceso de apelación para que se revoque la sentencia que eximió de responsabilidades a YPF.