Julián Rojo: “La Argentina no tiene estrategia energética”

Es licenciado en Economía por la UBA, y magister en Economía Aplicada por la UTDT; hizo una especialización en Economía de la Energía y Planificación Energética (Copime); es director del Departamento Técnico del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” y forma parte de la Asociación Latinoamericana de Economía de la Energía (ALADEE)

“La Argentina no tiene estrategia energética”, dice el economista Julián Rojo, director del departamento Técnico del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”, en referencia a un rubro clave de la economía local. Su enfoque apunta a cuestiones normativas, la gestión de las tarifas, el rol de YPF o la producción de hidrocarburos, en un panorama que atraviesa diferentes administraciones. En ese sentido, destaca con cautela el potencial de Vaca Muerta y advierte sobre los problemas en las políticas del sector, que podrían tener consecuencias negativas en los próximos meses

-¿Puede faltar gas en invierno?

-Sí, porque no tenemos asegurado una parte, que es el GNL por barco. Sabemos cuánto va a ser la producción local, aproximadamente cuánto va a entregar Bolivia y a qué precio, pero no tenemos cerrados los cargamentos de GNL para abastecer los picos de consumo en invierno. Hay mucha estacionalidad en el consumo de gas, y necesitamos cubrir esos cuatro meses, entre mayo y septiembre, con GNL por barco.

-¿Y existe esa disponibilidad?

-Se da por varios factores. Primero sí hubo una demora evidente en negociar los cargamentos y después el conflicto con Rusia dio vuelta los mercados, elevó muchísimo los precios, redujo las cantidades y la disponibilidad de gas en el mundo. La incertidumbre pasa por cómo lo conseguimos y a qué precio. En la Argentina hay una cuestión adicional que es si tenemos los dólares para pagarlo. Todo el mundo tiene este problema. La diferencia o desventaja argentina es que somos un comprador chico, de oportunidad y estacional. No tenemos contratos de largo plazo y es una desventaja porque el vendedor puede privilegiar la relación comercial con compradores más estables o importantes.

-¿Cómo impacta el tema precios? ¿Qué se puede esperar?

-Los dólares en Argentina son escasos. El año pasado gastamos en GNL unos US$1000 millones y este año se estima por lo menos US$6500 millones. Otros US$1000 millones fueron compras a Bolivia y este año se estima en US$1700 millones. Es decir que solo en importación de gas se van a gastar US$7500 millones, para abastecer al país en invierno de una manera que no es ni siquiera robusta. No va a sobrar gas, y se va a cubrir las necesidades con una demanda que no crezca demasiado. Con un impulso fuerte, nos quedamos cortos. Este año viene creciendo al 4% respecto de 2021, y con un poco más de demanda y menos inyección desde las cuencas del sur y la restricción de transporte de Vaca Muerta, tenés un tema de abastecimiento.

-¿Cuál fue el efecto de la invasión de Rusia a Ucrania?

-Los precios ya venían subiendo. La pandemia lo que hizo fue restringir un poco los stocks que había en el mundo y tardaron en recomponerse. Eso fue acompañado de una recomposición de precios: en diciembre de 2021, el GNL ya estaba a US$20 dólares, que ya era el doble del precio de principios de 2021. Ya había una tendencia creciente y lo que hizo la invasión fue magnificar los efectos y que pasara de US$20 a US$40 en apenas semanas. En algún momento los precios se van a acomodar, el tema es cuán duraderas son las sanciones que tendrás los países de Occidente con Rusia, que envía mucho gas a Europa y exporta mucho GNL en barco. Y esto también puede propiciar una reconversión hacia otras fuentes de energía, que es lo que Europa quiere hacer. Por ahora es una intención, de avanzar hacia fuentes alternativas, no reemplazar el gas ruso por otro gas, sino por otras energías. Es una transición que no es tan sencilla. Primero son intenciones y después hay que ver en qué se plasma todo eso.

-¿Cómo analiza la negociación con Bolivia? ¿Puede cumplir con lo pactado?

-El primer contrato establecía 26 millones de metros cúbicos diarios, después en 2018 se bajó a 18 y ahora se acordó en 14 millones por día en invierno, que es lo que puede garantizar Bolivia. La renegociación se tendría que haber dado en diciembre, el plazo vencía el 30 de abril, fue tardía y mala. Con Bolivia hay una relación comercial hidrocarburífera de larga data y sería bueno que se mantuviera ese vínculo, que propicie la integración energética regional. El país tiene el mismo problema similar al de Argentina en las cuencas del Sur, que es una declinación natural con el tiempo de los yacimientos, y que a medida que pasa el tiempo producen menos y pueden entregar con el tiempo cada vez menos. Para los contratos se hacen previsiones, y son volúmenes que, al ser del corto plazo, deberían estar bien planificados y cumplirse sin ningún problema mayor.

-¿Cuál es el potencial real de Vaca Muerta?

-No hay que pedirles a los proyectos lo que no estamos seguros que puedan entregar. Vaca Muerta tiene muchos recursos para que sea explotable tienen que pasar a ser reservas comprobables, y esa diferencia es la certidumbre respecto de la extracción con los precios actuales y una tecnología dada. Podes tener muchos recursos y pocas reservas. No hay una cantidad registrada de recursos extraordinaria. Tenemos 10 años de reservas de gas, y 20 de recursos. Son 10 años de reservas de consumo interno. Cuando uno quiere explotar o firmar contratos de largo plazo, el que te compra pide que certifiques que le podés abastecer el mercado con determinada cantidad de gas, y para eso sirven las reservas comprobadas.

-¿Qué impacto tendrá la construcción del nuevo gasoducto?

-Es la única forma de evacuar el gas de Vaca Muerta, que tiene una restricción de transporte porque el gas en Argentina vino tradicionalmente desde el sur. Es una obra necesaria. El problema que veo es que es un proyecto donde el Estado pone todo el riesgo, se financia todo con dinero público, sin ninguna participación privada, cuando las buenas prácticas indican que debería hacerlo un privado, correr su riesgo, cobrar una tarifa de peaje y prestar el servicio. Y es un riesgo excesivo porque Argentina no cuenta con el dinero para hacerlo, tenemos un déficit fiscal considerable de manera que cuando se financian estos proyectos suelen ser con fondos del Tesoro, que son impuestos básicamente, o participaciones de la Anses, que es básicamente plata de los jubilados, y destinar esos recursos en riesgo es quizás objetable. La obra va a contribuir a reducir la dependencia externa de gas, y segundo a contrarrestar la declinación crónica de las cuencas del sur, que eso es lo más importante: no es tan relevante dejar de importar gas pero sí que el gas local no caiga en términos de cantidades absolutas, porque si eso ocurre, sí hay que importar de manera creciente.

-¿Y puede exportar gas el país?

-Es muy difícil, hay que hacer muchas cosas y hacerlas bien. Puede ser por gasoducto a Brasil, pero hay que esperar que nos compren a nosotros y no a Bolivia, y que tengan la infraestructura para llevarlo a los centros de consumo y los centros industriales. Obviamente es más lejano exportar GNL. Hacen falta plantas de licuefacción y más transporte. Es muy caro: se habla de US$5000 millones por planta, pero son estimaciones. Además, tiene que tener certeza en el tiempo para que sea viable. Argentina en general no estudia mucho técnicamente los proyectos que hace, no hay estudios de factibilidad o ambientales, y eso genera muchas veces un problema. Nadie sabe bien cuán rentable sería hoy una planta de licuefacción, más allá de los precios internacionales actuales. Es seguro que no vas a exportar GNL a US$40 toda la vida.

-Mencionó el tema de la reconversión hacia energías renovables. ¿Es factible?

-Es una transición, se habla de llegar a la neutralidad de carbono en 2050. Es difícil y trabajoso para los países, se nota una dirección en ese sentido, pero más lento que los anuncios. El mundo todavía no ha logrado reemplazar el carbón, no pasó del carbón al petróleo, ni del petróleo a gas y del gas a las renovables. Va pasar un tiempo considerable, además de que en las renovables hay temas técnicos como la intermitencia y la seguridad de abastecimiento, y hay cuestionamientos a una matriz más limpia, por seguridad, temas de abastecimiento y costos.

-¿Qué potencial tiene Argentina?

-Es minoritaria pero más importante que la energía nuclear, y eso pasó a partir del plan Renovar, que puso en marcha muchos parques renovables. El país tiene mucho potencial en renovables, especialmente en solar y eólica, con lo cual se espera que en algún momento siga creciendo. El problema de Argentina hoy para cualquier proyecto es que el costo financiero es muy alto, y es difícil fondear las iniciativas, porque tenés que cobrar un precio que quizás no es rentable en el largo plazo.

-¿Cuál es su visión sobre el esquema tarifario hoy?

-Hay una profunda crisis estructural de la economía energética. Y hay dos problemas importantes. La calidad institucional es muy baja, desde hace 20 años para ahora, solo con un período de recomposición entre 2016 y 2019, que fue parcial pero en la dirección correcta. Hay muy baja calidad institucional, con los entes reguladores intervenidos y un incumplimiento bastante sistemático de toda la regulación en gas y la energía eléctrica. Por otro lado, tenés precios y tarifas que se fijan bastante arbitrariamente, hay poco criterio técnico. Y la segmentación es parte de eso. La veo bastante ineficiente en el sentido de que no reduce los errores de inclusión y exclusión, que es cobrarle mucho a los que no pueden pagar y poco a los que sí pueden pagar. Y tiene incentivos incorrectos para el consumo de energía.

-¿Por qué?

-Porque la evolución de la tarifa va a ser distinta entre diferentes segmentos de ingresos, y eso hace que los sectores menos pudientes y los sectores medios terminen pagando precios que en el tiempo se van a atrasar. Solamente va a estar actualizado el precio del 10% de la demanda más pudiente, y en el tiempo es insostenible y desigual, porque va a llegar un momento donde el 60% de la población va a pagar poco por la energía, y su precio se va a actualizar por debajo de la inflación y la evolución de los salarios. Va a haber incentivos a consumir más energía porque la tarifa no refleja los costos del servicio, y eso es importante.

-¿Es factible la segmentación?

-Hubo varias idas y venidas, se planteó primero la georreferencia en el AMBA, que tiene la contra de dónde se cortan los polígonos. Eso lo hace Colombia. Después se pasó a un esquema de pensar por estratos de ingreso, que es distinto y abarcaría todo el país, pero tiene el tema de una implementación complicada y no sigue las buenas prácticas en el mundo en cuanto a cobrar tarifas y las ayudas, que deberían estar focalizadas en la demanda vulnerable, y reflejar los costos.

-¿Cómo sería?

-Es el espíritu de la tarifa social, que se implementó en 2016 y es la mejor herramienta disponible, que habría que mejorar y expandirla, pero es una herramienta esencial para utilizar. Que todo el mundo pague el mismo precio, y que la gente que lo necesita obtiene un subsidio para cubrir las necesidades básicas de confort energético de un hogar, que son los jubilados, los que reciben una AUH, los desempleados o quienes reciben un atributo social. Son la población a la que tenemos que enfocarnos en ayudar, para que puedan obtener esa energía básica, que por ejemplo son 150 kw/h en el hogar con los electrodomésticos más esenciales para funcionar. Esa es la herramienta que se puede mejorar, ampliar y hacer muchísimo más eficiente, pero es la que hay que utilizar.

-¿Cuál es su opinión sobre los subsidios?

-Hoy se usa un subsidio generalizado, plano, que quiere decir que es para todos igual. No importa si estás en el 5% más rico o el 5% más pobre, de manera que es poco progresivo y distributivo. Ese tipo de enfoque es ineficiente. Lo más eficiente es ir a un esquema focalizado en la demanda, en los que no pueden pagar. Los errores de inclusión y exclusión se dan en el momento de identificar a los beneficiarios. Siempre va a haber errores pero la idea es minimizarlos.

-¿Cómo se compatibilizan los aumentos pendientes y la cuestión política y social?

-La aceptación social es muy importante para hacer una reforma del sistema tarifario argentino y de los subsidios. La historia indica que las acciones de consumidores, industrias y comercios tienen un rol trascendente cuando hay aumentos desmedidos o desproporcionados, y se tienen que incluir en la discusión, pero muchas veces puede no alcanzar con eso, en cuanto a la aceptación política y social de una recomposición tarifara. Pero es algo que Argentina tiene que hacer. ¿Habrá costos? Sí, pero cuanto más se atrase la decisión, mayor es el costo de recomponer. No se puede seguir perdiendo tiempo, y si el costo es más alto, los impactos sociales son más altos y trascendentes.

-¿Cómo inciden las internas y disputas dentro del Gobierno?

-Es bastante preocupante, porque revelan muchas cosas. Primero, que no hay ninguna estrategia económica y energética, y tampoco hay un plan energético que se le haya presentado al ministro, que puede haber aceptado o rechazado. Las idas y vueltas generan muchos costos políticos y sociales en el sector, de manera que lo veo como una limitación bastante importante para el desarrollo normal de la gestión. Hemos visto episodios bastante crudos de internas, y es bastante contraproducente. La situación es bastante similar a los últimos tres años del gobierno de Cristina Kirchner, tenés déficit de la balanza comercial energética, congelamiento de precios y un atraso de tarifas considerable. En 2015 llegamos al atraso tarifario más importante de la historia argentina. Solo pagamos el 15% de la energía y el otro 85% lo ponía el estado. Era un atraso considerable y salir de eso generó muchísimos problemas. No era fácil ni rápido, y los errores se pueden discutir, pero era una situación extrema y vamos camino a eso.

-¿Cómo es la foto hoy?

-Hoy el 70% lo pone el Estado y el 30% lo paga la demanda. Con una inflación del 50% o 60%, con precios congelados sin ningún tipo de política tarifaria clara, eso tiende a empeorar.

-¿Cómo analiza la diferencia que se da en el costo de los servicios públicos entre el AMBA y las provincias?

-Esa desigualdad está explicada por lo que cobran las distribuidoras provinciales y los impuestos, porque lo que pagamos los consumidores residenciales de energía es exactamente lo mismo en todo el país. Después tenemos diferencias en lo que cobra la distribuidora en cada provincia, que en muchos casos son provinciales, y los impuestos. La diferencia en eso que cobra la distribuidora, que es el valor agregado de distribución, es bastante lógica porque no es lo mismo prestar el servicio en una provincia que en el AMBA, donde hay muchísima gente aglomerada en poco espacio. Las escalas son distintas, tenés que transportar la energía, distribuirla relativamente entre pocos consumidores relativo al AMBA, con los mismos costos, y eso hace que se eleve el costo por prestar el servicio. Puede haber sobrecostos por ineficiencias. El otro rubro es el de los impuestos provinciales y municipales, que en algunos casos llega a pesar el 30% de la factura.

-¿Cómo analiza el lugar que tiene YPF?

-Es siempre trascendente. Produce el 45% del petróleo y el 30% del gas, y produce en todas las provincias que tienen cuencas. Tiene un rol importante en el mercado, y refina el 60% de los combustibles líquidos. La pregunta es cuál es el rol que le quiere dar el Estado argentino en las diferentes administraciones. Deberíamos tener una visión más clara de qué es lo que quieren los gobiernos con YPF. La empresa tiene participación privada, pero la maneja el estado. La inclusión del 49% privado significa que no es solamente de los argentinos, no podés comportarte como si fuera una empresa pública.

-¿Y cuál es ese rol hoy?

-Es parte del desorden general. Más allá de YPF, las empresas venden naftas baratas en Argentina y refinan el petróleo a un barril cuyo precio se da solamente en el país: se pagan US$65 a US$70 para la refinación local y en el mundo se paga US$100. La importación de gasoil se hace a precios muy altos y se tiene que vender a precios bajos en el mercado, y eso lo hace una empresa, en este caso YPF, donde le cuesta dinero importar caro y vender barato. Es parte del desorden porque pasa lo mismo con las tarifas: deberíamos concentrar la ayuda en la demanda, que las empresas cobren el precio que tiene que cobrar y que el Estado ayude a los que no pueden pagar. Lo mismo pasa acá: el barril de petróleo debería ser export-parity, el precio de la nafta y el gasoil va a ser más alto, y después ayudar a los que no pueden pagar. Pero si no se hace, los mercados se distorsionan. Tenemos distorsión en todos los mercados. Por eso decía que la economía energética en Argentina está rota. Es un tema institucional, normativo y de precios.

Esteban Lafuente

LA NACION

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