La batalla por las reformas estructurales vista de lejos y de cerca

Si fuésemos extraterrestres mirando desde miles de kilómetros lo que pasa en la Argentina, veríamos un nuevo capítulo de dos luchas de largo aliento.

La primera es la de adecuar el gasto público a un nivel de ingresos sostenible en el tiempo con un sistema impositivo que no ahorque al sector privado. Esta batalla se tiene que dar porque en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner el gasto público consolidado se expandió irresponsablemente de 29,5% al 46,3% del PBI. La cantidad total de empleados públicos, que era de 2,2 millones en 2003, se expandió a más de 3,5 millones en 20 años. La batalla que comenzó el presidente Mauricio Macri en 2016 o, más precisamente en 2018, se interrumpió por cuatro años luego del rechazo que su impacto generó en los votantes, y la volvió a retomar recientemente el presidente Javier Milei.

La segunda lucha, de más largo aliento, es la de dejar de lado el modelo económico de “mercadointernismo rentístico” –en palabras de Juan Jose Llach– o, dicho de forma similar, el modelo corporativista instaurado, o al menos perfeccionado, por Juan Domingo Perón. El intento de transitar hacia una economía de mercado integrada a la economía internacional emprendido por el presidente Carlos Menem fue revertido por los gobiernos de Eduardo Duhalde, los Kirchner y Alberto Fernandez.

Cualquiera que mire estas luchas desde lejos comprenderá que el éxito en ellas es crucial si la Argentina quiere dejar de lado décadas de estancamiento e inestabilidad económica. El problema es que no somos extraterrestres, sino que estamos inmersos en el lodo de la política argentina. Y el espectáculo al que asistimos, cuando los detalles se hacen más cercanos, no es del todo alentador. Como decía Winston Churchill, “si te gustan las leyes y las salchichas, nunca deberías observarlas cuando se hacen.” Los argentinos acabamos de ser testigos de semanas de maratónicas discusiones y sesiones de una mega ley de más de 600 artículos, una experiencia que terminó trunca. Cómo no terminar asqueados.

Es difícil empatizar con alguna de las dos partes que condujeron al fracaso. Del lado del Gobierno, el fracaso parece estar fundado no solo en la inexperiencia, sino más generalmente en una estrategia política y comunicacional que busca rehacer todo el funcionamiento político y económico argentino. El Presidente se siente un guerrero con una misión, no un político.

Pero, más allá de la épica, estando en franca minoría en el Congreso, el oficialismo se encontró con el surgimiento de un centrão (según definió Carlos Pagni, parlamentarios atados a intereses específicos), que comparte ciertas características con el de Brasil –apoya reformas a cambio de concesiones–, pero que, a diferencia de lo que ocurre en el país vecino, está más que nada al servicio de los gobernadores. El centrão argentino pide recursos para las provincias y eliminar las partes de las reformas estructurales que perjudican a las elites provinciales. Este centrão se dio cuenta de que es pivotal en el Congreso y, por lo tanto, el Gobierno debió haberlo cortejado, rosqueando como le gusta a los Emilio Monzó de ese grupo, en vez de insultarlo.

Es difícil empatizar con al menos una parte de ese nuevo centrão. La votación en Diputados se empantanó cuando rechazó el inciso H del artículo 4 de la ley ómnibus, que delegaba al Poder Ejecutivo la capacidad de modificar y eliminar fideicomisos y fondos fiduciarios. Luego, siguieron otros rechazos, a los artículos 4 incisos I y J y a los artículos 5A, 5C, 5D 5E y 5F, relacionados a delegaciones para reestructurar el sector público y para privatizar empresas. Diputados como Monzó y como Nicolás Massot, y varios de Córdoba, que apoyaron la votación de la ley en general, se opusieron en el caso de algunos de estos incisos.

Hay pocas formas más claras de auto manifestarse como miembro de la casta que votar para evitar que se reestructuren los fondos fiduciarios. Existen al menos 29 fondos fiduciarios, con un gasto total de cerca del 1% del PBI. Si bien algunos pueden ser importantes, la mayoría son verdaderas cajas negras de la política, no sujetas a los mismos controles que el resto de la administracion pública. ¿De qué lado se parará el centrão en cuanto a las reformas? ¿Qué le dirán a sus votantes en las elecciones de 2025?

La estrategia elegida por el Gobierno tras la derrota es clara: ahogar financieramente a las provincias para hacer negociar a los gobernadores en una posición de debilidad. Los ingresos fiscales de las provincias ya sufren por la recesión, que hace caer los ingresos tributarios propios y los coparticipables. A esto se suma la caída de ingresos por la rebaja en Ganancias, apoyada irresponsablemente en campaña electoral. Y en enero el Gobierno restringió prácticamente a cero las transferencias discrecionales a las provincias (casi 8% de sus ingresos totales). Finalmente, el jueves anunció la eliminación del Fondo Compensador del Transporte, que da subsidios fuera del AMBA.

Mientras tanto, se logró en enero un equilibrio financiero, según dijo el ministro de Economía, Luis Caputo. Ese equilibrio está basado en licuar jubilaciones y otros gastos, en las medidas de contención de gasto y en la recaudación del impuesto PAIS, que pasó a representar el 6,1% de la recaudación, mientras que en enero de 2023 había sido el 1,5%. A eso se sumarán el impuesto a los combustibles –que, tras las subas implementadas y por implementar podría aportar más de 0,8% del PBI en 2024, comparado con el 0,25% de 2023–, la suba de las retenciones por la mejor cosecha y la devaluación, y la reducción de subsidios energéticos y al transporte.

Pero el Gobierno se equivoca si piensa que tiene el tiempo de su lado. Por un lado, parte de las bases de su equilibrio fiscal, como la licuación y el impuesto PAIS es efímera. Necesita asentar el ajuste fiscal sobre bases más seguras y para eso requiere del Congreso. Además, el mercado estará mirando la capacidad para hacer aprobar legislación antes de poner fichas fuertes. El status quo es una clara ventaja fiscal, pero a la vez una clara desventaja legislativa.

El otro problema que enfrenta el Gobierno es que a medida que pase el tiempo perderá popularidad, que es la base de su poder político. Ello se debe a que, si bien la inflación está bajando y puede quedar por debajo del 20% en enero y un poco por encima del 10% en febrero, esta desaceleración es a costa de una recesión brutal. Los datos de diciembre y de enero son preocupantes. Según el Indec, la producción manufacturera y la construcción cayeron un 12,9% y 12,2% interanual, respectivamente, en diciembre. Según la CAME, las ventas minoristas se desplomaron 13,7% interanual en diciembre y 28,5% en enero. Los despachos de cemento cayeron 13,3% en diciembre y 20% en enero; las ventas de autos, 25,2% y 27,9%, respectivamente, y la lista sigue. La recaudación del impuesto al cheque, muy vinculado a la actividad, se contrajo un 12,9% interanual en diciembre y un 15,4% en enero. Los datos de empleo y salario, que salen con más rezago, mostrarán un mercado laboral devastado.

Gran parte de esta recesión era inevitable, y se deriva de revertir el descalabro armado por Sergio Massa para intentar ganar la elección presidencial. Otra parte se debe al diseño del programa económico, enfocado erróneamente en licuar el valor de las Leliq o sus sucesores, los pases pasivos. Un inversor norteamericano me resumió muy eficazmente el dilema que crea el programa. Me preguntó: “¿Qué quiere el Gobierno, que te deshagas de los pesos o que baje la inflación?” Ambos objetivos son incompatibles. La reducción de la tasa de interés, para que las empresas y familias bajen sus depósitos bancarios, cuya contrapartida son en gran porcentaje los pases pasivos, lleva a una mayor inflación que en el escenario contrafáctico en el cual este intento no existiera. Una forma de contrarrestar esta mayor presión inflacionaria es con una recesión más fuerte, que limita la capacidad de las empresas de traspasar subas de costos a precios. Es lo que pasa en estas semanas.

Este programa monetario tiene fecha límite y poco se sabe sobre el después. ¿Buscará el Gobierno lanzar un plan clásico de estabilización, o seguirá buscando dolarizar la economía, para lo cual requiere seguir licuando los pases pasivos? El programa con el FMI parece imponer lo primero: exige una meta estructural para implementar, a más tardar a fines de abril, “el perfeccionamiento del marco y las operaciones de la política monetaria, a fin de garantizar que esté bien anclado en objetivos a medio plazo claros y bien comunicados, compatibles con la estabilidad de precios.” Un programa de estabilización con levantamiento del cepo podría ser expansivo, dándole aire al Gobierno para seguir negociando las reformas fiscales y estructurales. De todas maneras abril es, para quienes estamos mirando o sufriendo este proceso bien de cerca, un horizonte todavía muy lejano.