La crisis golpea a los empleados públicos en España

COLLADO VILLALBA, España— Nines Barbero, funcionaria de esta municipalidad de las afueras de Madrid durante 25 años, nunca pensó que pasaría a formar parte de la legión de desempleados, incluso en un país que no ha registrado ninguna creación de trabajos en cuatro años.

Sin embargo, Barbero, quien fue despedida en febrero, es sólo una de los miles de empleados públicos españoles que han perdido su trabajo en la última ronda de austeridad, la cual ha incrementado la desocupación en la cuarta economía de la zona euro a casi niveles récord. La situación amenaza con generar un círculo vicioso, conforme los despidos masivos para cumplir con las estrictas metas fiscales provocan una mayor contracción, que a su vez reduce los ingresos tributarios, eleva los costos de las prestaciones sociales y afecta el consumo.

Mientras España se prepara para divulgar hoy cifras que probablemente mostrarán una nueva contracción del Producto Interno Bruto en los primeros tres meses, por segundo lapso consecutivo, las oportunidades laborales escasean.

"Te sientes como si te tiraran al basurero, y te decepciona ver cómo las malas políticas acaban afectando a la gente", dica Barbero. "Tengo 55 años, tengo una niña, estoy coja. No sé dónde voy a ir a parar."

En febrero, Barbero fue una de los 34 funcionarios despedidos del gobierno municipal de Collado Villalba, un distrito de 55.000 habitantes a unos 50 kilómetros de Madrid. Otros cinco empleados públicos han sido despedidos desde entonces, lo que eleva la cifra a cerca de 10% del personal de la municipalidad.

Los despidos en Collado Villalba son sólo una gota en un océano de desempleo. Más de 5.000 personas en el municipio están sin trabajo. En toda España, más de cinco millones de los 45 millones de habitantes están desocupados.

No obstante, los despidos en el sector público constituyen una nueva y preocupante tendencia, ya que hasta el año pasado, los gobiernos regionales y municipales habían sido los empleadores de último recurso en muchas de las áreas más golpeadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Desde que la crisis financiera azotó a España en 2008, y hasta que las contrataciones del Estado alcanzaron un máximo en el tercer trimestre del año pasado, la cantidad de empleados en todos los niveles del gobierno español subió 11%. El salto se produjo conforme el total de empleos en todo el país disminuyó 11%. El desempleo ha aumentado a 24,4% de la fuerza laboral, frente a menos de 10% en 2008.

Las cifras de desempleo divulgadas el viernes indicaron que 32.000 empleados salieron de la nómina del gobierno en el primer trimestre, algunos porque se jubilaron pero la mayoría por despidos. Las reformas laborales han facilitado los recortes de personal por parte del gobierno y las empresas.

Los despidos en el sector público podrían contribuir al continuo incremento de la tasa de desempleo este año, según los economistas.

Cuando pierden su trabajo, empleados como Barbero pasan a recibir subsidios por desempleo hasta por dos años. Una vez que se termina el plazo, el gobierno central ha estado otorgando en los últimos años una ayuda mensual de 400 euros (US$530) a personas que aún no han encontrado trabajo. La mayoría de la gente reduce su consumo, por lo tanto no gastan en bienes y servicios que ayuden a estimular la economía o llenar las arcas fiscales.

De los tres millones de funcionarios de España, alrededor de la mitad son empleados públicos de carrera que pueden ser despedidos sólo bajo circunstancias extraordinarias. El resto, en cambio, afronta una situación incierta, ya que el gobierno central ha fijado estrictas directrices de reducción presupuestaria que dejan a los municipios con pocas alternativas al recorte de personal.

Bajo presión de los líderes de la Unión Europea, España se ha comprometido a reducir su déficit fiscal a 3% del PIB el próximo año, frente a 8,5% en 2011, el ajuste más amplio que haya tenido que implementar una economía grande en la historia reciente. Eso implica una reducción del déficit de cerca de 60.000 millones de euros, de los cuales alrededor de un tercio provendrá de gobiernos regionales y municipales.

Después de tres décadas de descentralización, los gobiernos regionales y municipales están a cargo de la mayoría de los servicios públicos, desde la recolección de basura a la atención médica y la educación.

El año pasado, los gobiernos regionales y municipales fueron la principal razón por la que el país no pudo cumplir la meta de déficit fiscal de 6% del PIB. Bajo los términos de las nuevas regulaciones de gasto, el gobierno central puede intervenir en la administración financiera de las comunidades autónomas que no puedan alcanzar los objetivos fiscales.