La economía no registrada concentra el 60% de los empleos en el mundo

MADRID (El País).– Combatir la economía sumergida sigue siendo uno de los problemas más complicados de resolver para todos los países del mundo, entre otras razones, porque bebe de las circunstancias particulares en las que se desempeña la fuerza de trabajo, y, por ende, del contexto sociopolítico que la lleva a apartarse del sistema.

El resultado es una simbiosis tan arraigada, que requiere de una transformación global compleja. Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicado pocos días atrás, seis de cada diez trabajadores operan hoy al margen de la legalidad a nivel mundial. La mayoría de ellos está en países con economías en desarrollo y emergentes.

Y hay algo que, de cara al futuro, es peor aún que el dato en sí mismo: los hijos de esos trabajadores predestinados a seguir los mismos pasos. Solo un refuerzo del escudo social y la implementación de políticas para el desarrollo de las competencias podrían acabar con este círculo vicioso, según advirtió el organismo.

En el documento, que tiene 166 páginas se titula Romper los círculos viciosos del empleo informal y el trabajo mal pagado, la OCDE –que agrupa a 38 países, en su mayoría naciones industrializadas– sostiene que las personas que tienen un trabajo informal representan el 60% de la mano de obra mundial. Según la definición de empleo informal, se incluye en ese grupo a quienes están dentro de la economía sumergida, un nicho de trabajadores entre los que los peor pagados tienen más probabilidades de caer en la pobreza, y de tener dificultades relacionadas con la salud y la vejez (no solo ellos, sino también todos los integrantes de sus hogares).

En esta línea, el documento advierte de que resulta “extremadamente infrecuente” que los trabajadores que están en esta situación cambien de lado y pasen a tener un empleo regulado (o formal). Y advierte sobre las condiciones negativas que tiene en muchos casos este trasvase. “Incluso cuando se producen estas transiciones, eso no se traduce necesariamente en una mejora de los ingresos de los trabajadores más pobres”, apunta el texto.

Una luz roja encendida

Esto es así, según un extenso análisis, por el perfil educativo de estos trabajadores: cerca de 45% terminó, como mucho, el ciclo primario –mientras que, entre quienes tienen un empleo formal solo el 7% está en ese grupo–. Es un déficit que les impide acceder a puestos regulados con mayores retribuciones. “Esto dificulta la adopción de nuevas tecnologías y la productividad, perpetuando el empleo informal y manteniendo un círculo vicioso intrageneracional de informalidad”, agrega.

La predestinación de los hijos de trabajadores irregulares a replicar la situación de sus progenitores es una de las principales luces rojas que remarca el trabajo elaborado por analistas de la OCDE.

“Esto se debe a que su asistencia a la escuela a partir del nivel primario es menor que la de otros niños”, explica el texto, porque sus padres “dedican menos recursos financieros y menos tiempo a su educación”. De allí que las transiciones de la escuela al trabajo “son más largas e inciertas para ellos”.

Junto con una radiografía del empleo precario en el mundo, el informe de la OCDE detalla en qué herramientas o estrategias deberían centrarse los países para atajar esta realidad. Y ahonda especialmente en dos: el refuerzo del escudo social y las políticas para el desarrollo de competencias.

Es posible ampliar la protección social a los trabajadores de la economía informal “con una combinación de regímenes contributivos y no contributivos” y con la “movilización de ingresos adicionales [...] mediante el refuerzo del cumplimiento y la aplicación de las obligaciones fiscales, de forma que no se incremente desproporcionadamente el coste de la formalización”.

De acuerdo con las políticas de desarrollo de competencias, el organismo internacional considera fundamental “crear más oportunidades específicas de formación [...] y programas públicos de desarrollo de competencias adaptados a sus necesidades”. Esto es, a través de vías de reconocimiento de las competencias adquiridas en el trabajo informal. El texto concluye que los responsables políticos deben reconocer que “algunos trabajadores nunca podrán abandonar los empleos informales mal remunerados”, y, por ello, deben enfrentar esta doble carga a partir de “políticas de remuneración que aborden la desigualdad”, como el establecimiento “de salarios mínimos efectivos” y de “medidas para mejorar el poder de negociación de estos trabajadores”. © El País