La saga de Argentina y los fondos da otro giro

La insinuación por parte de funcionarios argentinos de que puede estar en marcha un deshielo del prolongado enfrentamiento del país con algunos fondos de cobertura ha impulsado el interés de los inversionistas en esa problemática economía, en anticipo a una audiencia en un tribunal en Nueva York este miércoles.

Daniel Scioli, candidato presidencial por el peronista Frente para la Victoria, dijo la semana pasada durante una entrevista radial que, de ser elegido, su gobierno negociaría un acuerdo con los inversionistas que han demandado al país en Nueva York por US$1.700 millones que les debe por bonos que entraron en cesación de pagos.

Axel Kicillof, el ministro de Economía de Argentina, dijo este mes que un acuerdo con los acreedores que no aceptaron un canje de deuda es cuestión de tiempo. "Es cuestión de encontrar la oportunidad precisa", señaló.

La semana pasada, el precio del bono argentino de referencia con vencimiento en 2033 subió 4%, probablemente en anticipación a un acuerdo tras las elecciones presidenciales del 25 de octubre, dijeron analistas.

Aún existen obstáculos considerables para una conciliación. Sin embargo, las declaraciones podrían indicar un cambio drástico para un país cuyo gobierno se refiere a los fondos de cobertura como "buitres".

El enfrentamiento ha limitado significativamente el acceso de Argentina al capital extranjero, en momentos en que su economía lucha con una inflación rampante, una disminución de las reservas de divisas, altos déficits y una moneda local depreciada.

"Hay presión para calmar los mercados financieros en casa de cara a las elecciones", dice Arturo Porzecanski, economista residente de la Escuela de Servicio Internacional de la American University en Washington. Esfuerzos para contactar a la embajada de Argentina y funcionarios del gobierno para que comentaran sobre el tema no tuvieron éxito.

El Índice MSCI Argentina, que cubre cerca de 85% de las acciones de ese país, se ha casi duplicado en los últimos dos años, en medio de las esperanzas de que la salida de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dé paso a un régimen más favorable a los inversionistas.

Los tres principales candidatos a la presidencia han expresado en los medios argentinos su voluntad de implementar reformas que atraigan capital extranjero al país.

"Los inversionistas tienen la esperanza de que después de octubre haya un cambio significativo en la política que no sólo re-abra los mercados de capital para Argentina sino que le permita al país crecer de una manera sostenible", dijo en una nota Arthur Carvalho, economista de Morgan Stanley.

No obstante, un acuerdo no parece inminente. El gobierno de la presidenta Fernández de Kirchner, que permanecerá en la Casa Rosada hasta comienzos de diciembre, no está buscando activamente una conciliación, y actualmente no hay conversaciones con los acreedores liderados por Elliott Management Corp., la firma de Paul Singer, dijo una persona al tanto.

"No estamos más cerca de un acuerdo que hace una semana", señala Sebastián Vargas, economista de Barclays.

En el núcleo de la audiencia del miércoles está la pregunta de si el gobierno argentino ha sido franco con los acreedores al in-formar sobre la ubicación de los activos que posee alrededor del mundo. Los fondos de cobertura encabezados por ML Capital Ltd., de Elliott Management, y Aurelius Capital Management Ltd. exigen sanciones, afirmando que el gobierno se ha rehusado a declarar sus activos.

Estos fondos han estado a la caza de activos soberanos de Argentina alrededor del mundo. En 2012, NML embargó en Ghana la Fragata Libertad, el buque escuela de la Armada Argentina, y trató de evitar que el país lanzara un par de satélites. Otros acreedores intentaron decomisar el avión presidencial en 2007.

Aunque 93% de los tenedores de bonos argentinos han aceptado ofertas de reestructuración que pagaron cerca de 30 centavos por dólar, el agente de pagos del país dejó de cancelar los vencimientos también a esos bonistas luego de que un juez en Nueva York falló que Argentina no les podía pagar a algunos tenedores de bonos sin hacerlo también a los acreedores que no aceptaron el canje. El país cayó así en cesación de pagos sobre US$29.000 millones en deuda reestructurada.

Los tribunales estadounidenses tienen jurisdicción sobre estas demandas porque Argentina acordó en algunos de los contratos de sus bonos resolver cualquier disputa bajo la ley de Nueva York.

Posteriormente, el país emitió cerca de US$4.500 millones en deuda bajo legislación argentina. Sin embargo, cuando los in-versionistas locales vendieron esa deuda a inversionistas internacionales, los acreedores que no aceptaron el canje argumen-taron que los nuevos bonos también caen bajo la jurisdicción del tribunal en EE.UU.