Guerra económica contra el sentido común

Una guerra provoca problemas de suministros de materiales, combustibles e insumos que reducen la oferta, generando un exceso de demanda sobre bienes cada vez más escasos y provocando inflación.

Las reservas del Banco Central en países con sistemas financieros y fiscales débiles se agotan por el aumento de la preferencia por liquidez en dólares y los retiros y corridas bancarias ante la incertidumbre de la duración de una guerra, produciendo escasez de divisas.

Los gobiernos administran la escasez de bienes, servicios y divisas mediante el racionamiento, con la intención de redistribuir recursos hacia la industria bélica. Asimismo, a los fines de evitar la inflación y la devaluación, los gobiernos recurren a controles de precios y de cambios y, en casos extremos, a corralitos.

Tanto Rusia como Ucrania afrontan el conflicto bélico con las medidas descriptas: obligación de liquidación del 100% de las exportaciones sujeta a mayores impuestos por el mercado de cambio oficial, cepo cambiario, controles de precios e incluso corralito, como en el país invadido.

La Argentina hace décadas que adopta iguales medidas de emergencia como si fuera un país en guerra. Pero nuestro país no ha afrontado ninguna invasión de una potencia enemiga.

Desde inicios de su independencia, la Argentina tuvo suerte: la revolución del general Riego durante el llamado “trienio liberal” abortó la invasión española, de tal manera que Buenos Aires fue la única capital virreinal jamás reconquistada por España. Con excepción de la guerra con Brasil y la Vuelta de Obligado, no hemos sido invadidos. En la guerra con Paraguay fuimos nosotros quienes invadimos al país vecino. El de las Malvinas fue un conflicto bélico que no afectó a la Argentina continental.

Hoy, el cepo y el control cambiario se han vuelto crónicos en tiempos de paz, provocando escasez de autos nuevos e incrementos en el precio relativo de los usados. La falta de gas provoca escasez de gasoil, polietileno y polipropileno. El control de alquileres provocó una escasez de oferta de viviendas en alquiler, subiendo sus precios. El cepo cambiario provoca una brecha cercana al 100 por ciento.

La administración del racionamiento de divisas es irracional, y conspira incluso contra la propia base electoral del oficialismo. Hoy vemos la prohibición de comprar dólar ahorro para los vulnerables que recibieron IFE, así como los bonos de montos vergonzantes que recibió el personal esencial, como médicos y personal de salud durante la pandemia continua, mientras los funcionarios acceden al dólar oficial sin racionamiento para tomarse vacaciones en el exterior sin cumplir sus funciones.

En su libro Guerra y finanzas en los orígenes del Estado argentino (1791-1850), Tulio Halperin Donghi señalaba que el gasto público, mayoritariamente pago de los soldados y armas asociados a la guerra de la independencia y posteriormente con Brasil representaban en promedio el 60% del valor de las exportaciones de Buenos Aires, que gozaba de un ingreso per capita superior a Gran Bretaña, por entonces potencia económica y bélica del mundo.

Hoy en día, el gasto público argentino duplica el valor de sus exportaciones, y representa un porcentaje del PBI (42%) similar al de Estados Unidos, cuyo destino mayoritario son los subsidios de todo tipo. Y al igual que pasaba durante la guerra de independencia, el gasto se financia con inflación, cuyos efectos se tratan con parches de emergencia, cepo y controles de precios transitorios que se han tornado permanentes.

La Argentina en tiempos de paz sigue en guerra contra el sentido común.