No alcanza con hacerle chapa y pintura al modelo

La economía argentina necesita de una rectificación total. No alcanza con un toque de "chapa y pintura". El modelo iniciado en 2002 y tuneado por los Kirchner a partir de 2003 tiene una falla estructural que debió gatillar su sustitución hace ya mucho tiempo.

No es que el modelo cambió en algún momento, o más precisamente a partir de la presidencia de Cristina Kirchner, como sostienen algunos políticos y economistas. El modelo ha sido siempre el mismo. Si no se percibían los desequilibrios que hoy saltan a "simple vista" fue porque las condiciones económicas, sociales y políticas iniciales, y la situación internacional así lo permitieron. Desde el mismo momento en que fue puesto en vigencia, la economía tomó un sendero de colisión.

La necesidad de compensar un peso débil (bajos salarios) con políticas de precios y de ingresos distorsivas y con gasto público e intervencionismo creciente era inherente al modelo. La combinación de tipo de cambio real muy competitivo, precios internacionales favorables para nuestras exportaciones y un dólar débil en el mundo permitió contar con un importante colchón de rentabilidad en el sector real de la economía. Y, al mismo tiempo, aseguró suficiente cantidad de recursos fiscales como para que las distorsiones de precios de relativos, los bajos salarios y las ineficiencias de la gestión pública pudieran compensarse cómodamente con más gasto público.

El gasto público primario creció, durante la administración de Néstor Kirchner, a una velocidad promedio de 27% por año (cuando el PBI real crecía cerca de 9% anual y la inflación no llegaba a los dos dígitos).

Pero el crecimiento imprudente del gasto público tiene límites. Las condiciones externas no pueden mejorar indefinidamente y un crecimiento tal del gasto termina más temprano que tarde en un déficit fiscal cuyo financiamiento (no inflacionario) tiene un techo. El superávit financiero del gobierno central, después de alcanzar un récord de casi tres puntos del PBI en 2004, había ya desaparecido hacia fines de 2007. Recordemos que en noviembre de ese año el presidente saliente Néstor Kirchner dispuso un aumento de las retenciones a las exportaciones que dieron cierto aire a los primeros meses de gestión de su señora esposa. Entonces, el conflicto con el campo desatado por el intento de incrementar nuevamente la presión impositiva de ese sector, la estatización de los ahorros previsionales, los controles de precios y el engaño inflacionario del Indec hicieron visible que el modelo tenía defectos más estructurales que coyunturales.

La inflación es la manifestación más visible de la falta de consistencia macro del modelo y es, al mismo tiempo, también el origen de varios de los problemas que hoy enfrenta. Fue la consecuencia natural de las políticas de peso depreciado y rígido, gasto público elevado e inflexible, y del apetito recaudador y confiscatorio del Gobierno. Cuando ingresaban capitales, se hubiera podido apreciar nominalmente el peso, pero no se lo hizo y se eligió que fuera la inflación la encargada de producir el cambio de precios relativos.

Desaparecidos tales ingresos de capitales y la demanda de pesos por remonetización, la inercia inflacionaria se perpetuaría de la mano de un déficit fiscal crecientemente financiado a través de la emisión monetaria del Banco Central. A pesar del aumento de varios impuestos (retenciones a las exportaciones, impuesto olímpico, impuesto al gas oil, etcétera), el impuesto inflacionario pasó a ser la fuente de financiamiento de último recurso del Gobierno.

Además, otros de los supuestos logros fiscales del Gobierno, el desendeudamiento, no ha sido tal. Para que un Estado pueda desendeudarse, se requiere de un superávit fiscal genuino. Dado que ese superávit hace rato que luce por su ausencia, la deuda pública registrada del gobierno central ha crecido de manera exorbitante, sobre todo, en los últimos seis años de déficit fiscal. La medición que mejor refleja la asociación entre deuda pública registrada y déficit fiscal muestra un aumento de US$ 78.000 millones desde 2003 (US$ 55.000 millones desde 2007). Y esa deuda pública en términos de un PBI no afectado por el "dólar oficial barato", desde fines de 2007, ya no cae, sino que aumenta.

La inflación es también origen de varios problemas. No sólo genera deseos de atesorar dólares "baratos" y pérdida de reservas (el único tema que parece preocuparle al Gobierno), sino que compromete la efectividad del resto de las políticas públicas. La inflación provoca, a estas alturas, evidentes problemas de rentabilidad en muchos sectores, lo que comienza a generar dudas sobre el futuro del empleo y reduce la efectividad de las políticas de precios e ingresos cuyos efectos sobre el consumo resultan cada vez más tenues y efímeros. Tal vez la política más efectiva para promover el consumo que hoy tiene en marcha el Gobierno radique en el subsidio al dólar turista (implícito en la diferencia entre el valor del dólar blue y el que se carga en las compras con tarjeta de crédito de pasajes y paquetes o bienes en el exterior). Pero, claro, sus efectos sobre el consumo pasan bastante inadvertidos localmente.