Qué explica las brechas entre los diferentes índices de inflación

Las señales mixtas que el Banco Central mencionaba en su comunicado de Política Monetaria no se vieron reflejadas en la estadística oficial del Indec referida a la inflación. El registro de 1,3% de incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de enero se ubicó casi en línea con el dato de diciembre (1,2%). En tanto, el IPC Core (el índice que se elabora excluyendo los precios regulados o con alto componente impositivo y/o volátiles u estacionales) mostró una caída: fue del 1,3% cuando en diciembre había sido de 1,7%.

Los datos del instituto de estadística de la ciudad de Buenos Aires (que por primera vez desde mayo de 2016 -cuando arrancó el IPC del Indec- demoró el calendario para que saliera antes el dato nacional) no acompañaron y se ubicaron más en línea con el que mostraba nuestro indicador de precios (1,9% versus el 1,8% del Relevamiento de Precios Minoristas de nuestro estudio), en tanto que el índice núcleo se ubicó en 2.0% (Indec) versus 1,7% (RPM).

Durante la gestión del gobierno anterior, semejantes diferencias no generaban ninguna duda respecto del manoseo de las cifras oficiales. Es más, 10 años atrás, fue el dato de enero el que generó el inicio de la intervención con un Indec que iba a publicar 2,1% y terminó -expulsión de la directora de Precios del organismo y de parte de su equipo mediante- en 1,2%. Y 4 años atrás, los datos del IPC nacional lanzado por el gobierno anterior (el llamado IPC NU) que habían arrancado bien al principio con la publicación correspondiente al mes de enero, terminaron perdiendo rápidamente credibilidad cuando empezaron las divergencias con las estadísticas alternativas. Eso ocurrió a mitad de aquel año.

Con la reputación del nuevo Indec, los comentarios respecto de las diferencias actuales no fueron más allá de unos cuantos aportes en las redes sociales y algunos esbozos en la prensa, aunque con poco rating. Hubo agresiones cruzadas que más que discutir la metodología detrás de las diferencias, apuntan a descalificar al interlocutor.

Ahora bien, ¿qué explica semejantes diferencias?. La primera explicación es que las estructuras de los índices no son homogéneas, en parte porque los universos medidos son distintos (no es lo mismo la estructura de consumo promedio de la ciudad de Buenos Aires, donde alimentos pesa mucho menos en la canasta que en el Gran Buenos Aires (19% versus 36%), en parte porque ni las muestras ni la metodología de captación de datos son simétricas; pero, fundamentalmente, porque las estructuras de ponderaciones no responden al mismo momento del tiempo.

Otros precios relativos

Esto último si bien sutil, no lo es tanto teniendo en cuenta el brusco cambio en los precios relativos que enfrenta la economía que, a modo de ejemplo, hace que la electricidad que pesaba 1,9% en el IPC base 1999=100, pese 0,9% en el índice base julio 2011-junio 2012=100 de la CABA y 0,35% en el nuevo índice del Indec. Dicho en criollo, estas diferencias son el reflejo de lo que representaba la factura de electricidad en el presupuesto familiar promedio, y para calcular los impactos de la nueva suba tarifaria hace falta actualizar los ponderadores a hoy, algo que se puede hacer con los datos de la ciudad de Buenos Aires pero no con los del Indec actual, ya que no coincide el arranque del índice (mayo de 2016) con la estructura de ponderaciones (diciembre de 2015), justo cuando se concentraron los fuertes aumentos tarifarios en 2016.

Recordemos la desproporción entre el conflicto generado por las facturas de agua, gas y electricidad cuando llegaron los aumentos y el impacto sobre los índices en febrero y abril. Y es algo que puede volver a generar discrepancias en los índices cuando se publiquen datos de febrero y abril de 2017 con las nuevas facturas eléctricas y de gas, teniendo en cuenta que las subas porcentuales son mucho menores a las de 2016 pero sobre montos muchísimo más altos, por lo que la magnitud de los impactos no es tan distinta.

Respecto de las variaciones de precios en enero, la principal diferencia se centró en el capítulo vivienda, en el que la suba de 2,4% dentro del índice de la ciudad (en nuestro indicador daba 3,3%) no reflejó variación en el dato del Indec. Pero cuando uno descompone el dato del organismo surge que la variación neutra se compone de un alza de 2,1% en alquiler de la vivienda y una caída de 2,1% en gastos de mantenimiento, donde inciden fundamentalmente las expensas (frente al 6% de suba en la ciudad). En este rubro, el Indec muestra desde mayo una suba de sólo 0,8% frente al 30% acumulado en la estadística de la ciudad.

Otro rubro que genera discrepancias es el de servicios básicos y combustibles para la vivienda. Según el Indec, los precios en este caso se ubican sólo un 9% arriba de los de abril, cuando para la ciudad esta diferencia es más parecida al 20%, incluyendo las caídas transitorias en el precio del gas y la normalización posterior luego de las audiencias públicas a dos terceras partes del aumento original. Si bien no lo sabemos, dado que el Indec publica la información con muy poca apertura, es probable que la diferencia esté en el precio del agua de red, donde la metodología de medición no es homogénea. Mientras que en la ciudad el precio se mantuvo sin cambios (dado que no volvió a haber aumentos desde mayo), en el Indec, al tomarse una muestra de facturas, el indicador podría estar reflejando cambios en el consumo y/o en el status del cliente (factura social). Si bien es una definición metodológica discutible, hace ruido frente al brusco cambio de precios relativos que está operando en la economía.

Pero estas discrepancias sutiles de sólo dos o tres décimas por mes pueden escalar sino se unifica la vara con la que se hacen las mediciones. En efecto, con las estadísticas regularizadas las mediciones alternativas por definición tienden a estimar la inflación que va a dar el Indec. Sólo durante el gobierno anterior las mediciones alternativas (privadas y provinciales) intentaron estimar la inflación que el instituto oficial había dejado de medir en forma creíble. Y frente a estas situaciones, la disyuntiva es si hay que adaptar la metodología a los cambios ad hoc que va incorporando el índice oficial o hay que sostener la metodología original y aceptar las diferencias.

Suponiendo que los desvíos mencionados son hechos aislados, y que no se van a generalizar los cambios ad hoc en los índices en función de ningún objetivo de precios, se requiere que el Indec muestre todas las cartas y no sólo información fragmentada.

Con nueve meses de vida, no hay justificativo para que no se arme un índice con variaciones y para que los comunicados no presenten toda la información devengada, con un nivel de apertura a tres dígitos (que siempre se usó). Y mucho menos, para que no muestren la estructura de ponderadores consistente con el inicio del índice de modo tal que cualquiera pueda replicar y/o estimar los impactos. Si bien los ponderadores están publicados, corresponden a diciembre de 2015, cuando el índice actual arrancó en mayo de 2016, inmediatamente tras los aumentos tarifarios que se concentraron en los primeros meses.

Los índices coordinan expectativas. Y para ello tienen que ser creíbles. Hoy la credibilidad está basada en el cambio de autoridades del Indec y en la reputación que hereda el virtuoso frente al mentiroso, pero a medida que pasan los meses, el cheque en blanco de la herencia recibida podría reducirse y es importante construir esa credibilidad. La gran cantidad de aumentos ya anunciados (electricidad, gas, transporte, agua, naftas, peajes, etcétera) hacen imperioso que el instituto abra el juego para correr definitivamente el debate sobre el índice y empezar a discutir lo que el índice refleja: la inflación.

Los autores son economistas y directores de Estudio Bein & Asociados