Salvataje: el Estado invertirá US$15 millones y se quedará con la mayoría accionaria de Impsa

Finalmente, el Estado argentino y la provincia de Mendoza ingresarán como accionistas de la empresa metalúrgica Impsa, que fundó la familia Pescarmona en 1907. Tras lograr reprogramar su deuda de US$560 millones el año pasado, mediante un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), la compañía mendocina emitió nuevas acciones para capitalizar la empresa. El Estado invertirá US$15 millones y se quedará con el 63,7% de la firma, mientas que Mendoza aportará US$5 millones y tendrá el 21,2%.

El 15,1% restante de las acciones seguirá en manos privadas, repartido en un 9,8% entre un conglomerado de bancos y 5,3% para la familia Pescarmona. Si bien el control de la compañía lo tendrá el gobierno nacional, fuentes del Ministerio de Desarrollo indicaron que el plan es que la dirección se mantenga con el management actual.

En la actualidad, el 65% de las acciones de Impsa está en manos de un fideicomiso de inversores institucionales internacionales -Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Export Development Canada y bonistas internacionales, entre otros- y nacionales, con Banco de la Nación Argentina (BNA), BICE y obligacionistas, entre los principales. La fundadora familia Pescarmona tiene el 35% restante de participación en la firma.

Todavía falta que en la cartera que dirige Matías Kulfas se confirme la inversión, pero, por lo pronto, el ministro mantuvo un encuentro con el CEO de Impsa, Juan Carlos Fernández, el miércoles de la semana pasada en el ministerio. El Estado conformó un comité asesor que pidió informes a la Secretaría de Industria, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y al Tribunal de Tasaciones de la Nación.

A mediados del mes pasado, la legislatura de Mendoza votó a favor del ingreso de la provincia en la participación de la empresa. La ley promulgada que autorizó al gobierno de Rodolfo Suárez a invertir los US$5 millones traía una cláusula: Impsa no puede mudar sus talleres metalúrgicos de Mendoza dentro los próximos 25 años.

“Nos interesaba sumarnos con la intención de que Impsa no deje la provincia. Es una empresa del entramado productivo de Mendoza, que da trabajo a 100 pymes metalmecánicas que son proveedoras. Ha tenido un devenir complicado, pero no deja de ser una empresa de tecnología muy importante, referente de innovación vinculada a la energía. Además, genera que haya una mano de obra muy capacitada, con un capital social que en Mendoza no queremos perder. Queremos asociarnos en el salvataje que lidera la Nación y acoplarnos en un rol más secundario”, dijeron en el Ministerio de Economía y Energía de Mendoza.

Cerca del ministro Enrique Vaquié señalaron también que ingresar en una empresa privada no es el objetivo principal de la provincia, pero que “es peor no hacerlo”, ya que podría cerrar y se perderían los 700 puestos de trabajo. “Es gente calificada que hasta se podría ir a vivir a otro país si la compañía cierra. Es un capital social que no queremos perder”, remarcaron.

Impsa diseña y fabrica en su Centro de Desarrollo Tecnológico de Mendoza las nuevas turbinas de la central hidroeléctrica de Yacyretá, los aerogeneradores del Parque Arauco (La Rioja), equipamientos para la central hidroeléctrica El Tambolar (San Juan), equipamientos para YPF y la fabricación del primer reactor nuclear argentino para generación de energía, el Carem, entre otros proyectos.

El comienzo de la asistencia

El 25 de junio de 2020, el CEO de Impsa le envió una carta a Kulfas para solicitarle ayuda para “garantizar la continuidad de proyectos nacionales de importancia estratégica para la Argentina”. En diciembre, el Ministerio de Desarrollo Productivo confirmaba que la empresa había ingresado en el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (Paeerp) y que, por lo tanto, el Estado iba a pagar durante cuatro meses el 75% de los salarios de los trabajadores.

Unos días antes, Impsa había informado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que había logrado reestructurar su deuda de US$560 millones, pudiendo patear así el pago de intereses de sus obligaciones para 2025 y el del capital, a partir de 2028, con vencimientos anuales sucesivos durante nueve años, hasta 2036.

La deuda millonaria tuvo su origen en 2014, producto principalmente por “malos negocios” con Venezuela, cuando se tuvo que hacer un plan para restablecer operaciones, con un pasivo superior a los US$1000 millones, que finalmente se redujo a menos de la mitad. En abril de 2018, el empresario Enrique Pescarmona, de 78 años, tuvo que dar un paso al costado.

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