Se desató un regateo desesperado por lo poco que queda

Los hechos que se cuentan en los próximos cuatro párrafos ocurrieron entre las 15 y las 17 horas del 3 de noviembre pasado en las inmediaciones del Ministerio de Economía. Puestos en la perspectiva de un anuncio que hizo anteayer el Gobierno, muestran con crudeza cómo está funcionando la Argentina en la etapa final de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

Pablo Ruival es el CEO de Arauco, una compañía desconocida en el microcentro porteño, pero gigante en el norte del país. Tomaba un café en un bar céntrico para que se le hiciera la hora de ver al secretario de Comercio, Matías Tombolini, cuando empezó a recibir mensajes de sus ejecutivos con buenas noticias. Le decían que ya se habían destrabado las importaciones por las cuales la empresa estaba a punto de parar su producción en Misiones. Sorpresa para Ruival: había conseguido su objetivo antes de hacer su trabajo, que era mostrarles a los funcionarios por qué necesitaba que le aprobaran los dólares.

El jefe de Arauco, un gigante de la celulosa, llegó agradecido a la reunión en el piso dos de la Secretaría de Comercio, que depende de Sergio Massa y está a unas tres cuadras del Palacio de Hacienda. Sin darle garantías, Tombolini le prometió que el Gobierno acompañaría a la empresa en la necesidad de hacerse de las divisas necesarias para sostener la producción.

A cambio, le preguntó si estaría dispuesto a sostener un “determinado comportamiento” de precios por 90 días. Sin firmar papeles, Ruival aceptó la propuesta y la invitación a participar de un acuerdo que se llama Precios Justos.

A la salida, se cruzó en el mismo piso de la Secretaría con una multitud de empresarios que iban a discutir lo mismo. Varios de ellos le permitieron a LA NACION reconstruir la historia. Tenían detalles y la memoria fresca, porque el contenido de esas conversaciones se repitió varias veces esa tarde y en los días siguientes.

El equipo económico está a punto de corroborar la eventual utilidad de una herramienta surgida en los problemas del fin del ciclo político. Antes que vigilar al hombre para que sea mejor, como proponía Perón, conviene administrarle el acceso al dólar de tal manera que se acreciente el temor por el cierre de sus negocios. El dramático regateo cambiario para distribuir lo poco que queda en el Banco Central es algo que Sergio Massa hace menos por vocación y más por necesidad.

El ministro de Economía en persona comenzó a coleccionar evidencia. Cada vez más empresarios le confiesan que es mejor congelar precios por un tiempo determinado antes que parar las plantas. El Gobierno empezó a convencer al sector privado con la idea menos pensada.

La escasez de dólares involucra a la política. Cuando la situación llegó a un punto límite, directivos de Arauco llamaron al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, que inició las gestiones con Economía, según el detalle de un funcionario provincial.

Es la matriz que impone la crisis. Los problemas cambiarios se solucionan con un networking agotador: uno a uno, envueltos en la discrecionalidad y con un quid pro quo que navega por los límites de la legalidad del Estado.

La duda razonable que invade a los empresarios es la siguiente: ¿tiene el Gobierno tantos dólares disponibles como precios a controlar en la Argentina? La respuesta evidente a esa pregunta los lleva, cada vez que les dan un poco, a pedir un poco más.

Massa parece tener un diagnóstico cuidadoso de los límites que le pone la marea argentina. Por eso se esfuerza en dar patadas hacia la orilla de la estabilización antes que en demostrar capacidad sincronizada para el manejo de la economía. Esa conciencia llevó a recuperar opciones que habían naufragado en el pasado, en especial las que tienen que ver con el dólar.

Matías Lammens es el campeón de la insistencia. El ministro de Turismo estudió abogacía, pero se siente cómodo con los números y había desarrollado una relación cercana con el exministro de Economía Martín Guzmán.

Cuando la Argentina empezó a tener un evidente problema con los dólares, en 2020, Lammens le propuso por primera vez aplicar un precio diferencial para que los turistas que llegaran al país permanecieran en el sistema financiero, sin cruzar al territorio del dólar blue.

Guzmán puso reparos y advirtió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) impugnaría la idea porque se trataría de un desdoblamiento cambiario. De todas formas, hizo las consultas y se trajo dos sorpresas: Kristalina Georgieva, en Washington, aceptó, pero el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, en la city porteña, y en el propio equipo económico del Gobierno, la rechazó.

Pesce, en cambio, puso en marcha cuentas especiales para turistas, algo que según su criterio seguía las normas internacionales, pero fracasaron. Ese episodio está en la saga de las sospechas recíprocas que marcaron la relación entre Guzmán y Pesce, empoderado por la cercanía a Alberto Fernández.

Silvina Batakis repitió la propuesta en su breve paso por Economía. Llegó a tener una reunión virtual con Pesce y con Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, para trabajar en una norma que no prosperó por los reparos del presidente del Banco Central.

La negativa de Pesce se quebró el último 4 de noviembre, cuando una resolución de su organismo convalidó lo que antes no quería: quienes vengan a la Argentina recibirán un precio mayor por sus dólares, siempre que paguen con tarjetas. La historia detrás de ese cambio muestra un nuevo signo de los tiempos en la Argentina.

Recién llegado Massa al ministerio, Lammens fue a buscar sus viejos papeles. Sobre ellos charló en el viaje que encabezó el jefe de Economía a Washington a principios de septiembre. Fue la reanudación de una relación acelerada por el folclore del fútbol.

Lammens es un personaje sobresaliente en la política del club San Lorenzo de Almagro y un hincha empedernido. Desde hace tiempo vuelve loco a Massa con un dato que el ministro de Economía no niega, pero trata de disimular. Sucede que ahora está identificado con el club Tigre, pero es originalmente hincha de San Lorenzo, como su padre y su abuelo. La vida del ministro está marcada por los cambios.

Lammens intentó llevar la “gastada” a Massa a un nivel superior: mandó a pedir el carnet de socio del ministro en las bases de datos de San Lorenzo. El jefe de Economía se salvó porque hace unos cuatro años el club de Boedo hizo un reempadronamiento y su nombre ya no sale en los registros de uno de los equipos más grandes de la Argentina.

Massa puso a Lammens a trabajar con Lisandro Cleri, su persona de mayor confianza en el Banco Central, para destrabar cuestiones técnicas. La medida se terminó de implementar la semana pasada y es una muestra más de que los protegidos de Alberto Fernández bajan de precio político a media que se acerca el final de su mandato.

Los defensores de Pesce explican su rechazo a la propuesta de Lammens que hizo propia Massa por la responsabilidad que está atada a su firma, además de que siempre fue un crítico entusiasta de los desdoblamientos en cuotas, que son hoy la regla. De todas formas, muestra fastidio cuando le recuerdan que algunas de sus ideas fracasaron hasta ahora. Una de las últimas ocurrió en una reunión cerrada ante la consulta de una periodista. Lo miraban Massa, Lammens y Cleri.

Pesce, de todas formas, parece haber encontrado un lugar entre dos tierras. Con la llegada de Massa, está dispuesto a implementar lo que surja desde el consenso político de los socios del Frente de Todos.

El poroteo que ocurre con los dólares se extiende de diversas formas a casi todos los ámbitos de una economía imprevisible. Es el marco donde maduran aprietes y amenazas para sacar provecho ahora antes que esperar a un futuro que se vislumbra peor. Les pasa a los empresarios, pero también a los sindicalistas. En ciertos casos, sus intereses van de la mano.

El sector eléctrico es un laboratorio para ver ese experimento. Una nota inquietante llegó a las manos de Flavia Royón, el 27 de octubre pasado. La enviaba Armando Lenguitti, apoderado de Transba, la empresa que da el servicio de transporte en alta tensión en la provincia de Buenos Aires.

El objetivo de Lenguitti era avisarle a la secretaria de Energía que el gremio de Luz y Fuerza se había declarado en “estado de alerta”, con lo que había puesto en marcha medidas que afectan el “normal desenvolvimiento” de las tareas de la empresa.

El equipo económico lo tomó como un pedido encubierto de aumento de tarifas, algo que en términos concretos manifestaron ya Edenor y Edesur. Son reclamos que duelen más cuando se acerca el verano, temporada alta de cortes de luz, y están acompañados por números que les dan la razón a las empresas.

Economía tiene documentos que muestran que las compañías de servicios públicos sufren un atraso de 191% en sus tarifas. Nadie en el Gobierno piensa en asignarles ese aumento, pero saben que algo recibirán. Por eso, el interventor del ENRE, Walter Martello, convocó a audiencias públicas con el visto bueno de Massa.

Es un karma del kirchnerismo, siempre perseguido por sus errores en el manejo de los servicios públicos. Emprolijar ese desorden se lleva una buena parte de las charlas entre Royón y su número dos, Santiago Yanotti, que fueron sorprendidos por un artículo en el presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados que les da 90 días para hacer una revisión tarifaria integral, algo que podría llevar varios meses más. Le llaman el artículo fantasma: varios funcionarios de Massa revisaron en qué momento de la discusión se coló en el texto final, pero aún no lo encontraron. Confían en que caiga en el Senado o a través de un decreto de Alberto Fernández.

Pese a la situación adversa, hay calma en diversos funcionarios. Convive con el temor a un shock externo el hecho de que ya pusieron en marcha la mayor parte de las medidas que tenían previstas para esta altura.

Una muestra de tranquilidad en medio de la incertidumbre ocurrió en la última reunión de directorio del Banco Central. En la misma mesa en la que se aprobaron las decisiones más dramáticas con respecto al cepo cambiario, se trataron el jueves pasado cuestiones domésticas, como la implementación de una nueva regla sobre las casas de cambio para contener desfalcos millonarios por el acceso privilegiado al dólar oficial.

El rumbo acordado con Economía implica ir por un camino estrecho al filo de la cornisa que no permite hacer movimientos bruscos, pero da lugar a escapar de la turbulenta zona de julio pasado con un set de medidas que continuarán.

La devaluación paulatina sin saltos discretos seguirá siempre que las condiciones lo permitan. Es parte de un acuerdo político de Massa con Fernández y Cristina Kirchner, pero también de la Argentina con Luis Cubeddu e IIan Goldfajn, los que miran más de cerca el caso argentino en el FMI. Y el temor al dólar blue, creen en el equipo económico, parece estar todavía atrapado en el conjuro de las altas tasas de interés, que resucitaron a los plazos fijos como una alternativa atractiva de inversión para los ahorristas.

El equipo económico se encuentra frente a una situación extraña. No tiene mucho más que hacer para cumplir con algunos de sus objetivos para este año -como la acumulación de reservas, pese a la diáspora-, pero está muy lejos de otros, como controlar la inflación.

Los técnicos saben que es imposible avanzar en decisiones más profundas si el diálogo entre Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Massa no destraba desde la política la caja en la que están encerradas herramientas más ambiciosas del manual de la economía.

Ese estancamiento ha llevado en los últimos días a iniciar los preparativos de un duelo: los colaboradores del ministro creen que se aleja cada vez más la posibilidad de implementar un plan de estabilización como el que pensó el viceministro, Gabriel Rubinstein, y al que le hizo propaganda el propio Massa.