Subsidios: radiografía de una herencia millonaria que desafía el plan de Javier Milei

Los subsidios son una de las cuentas bajo escrutinio en las planillas del gasto del Estado. Solo en diciembre, los destinados a diferentes rubros (transporte, energía y otros servicios públicos) representaron $702.713 millones, de acuerdo con los números publicados por el Ministerio de Economía, y serán en 2024 uno de los rubros sobre los que avanzará el Gobierno en su apuesta por alcanzar el equilibrio fiscal.

Más allá de su crecimiento nominal, en un contexto de aceleración inflacionaria, los números muestran que en 2023 los subsidios se contrajeron en términos reales. Así lo refleja un análisis del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), que indicó que en 2023 el desembolso en subsidios totales por parte del sector público (incluyendo energía y transporte) tuvo una caída del 15,4%.

“El pico en el gasto en subsidios se dio en 2022″, explica el economista Julián Rojo, miembro del IIEP-UBA, especialista en macroeconomía y energía. “Eso se dio porque se mantuvieron las tarifas congeladas y, al mismo tiempo, subieron los costos en dólares por las subas en el precio del GNL y en el gasoil importado”, acota el analista.

“En 2023 estuvo la ventaja de que los precios del gas bajaron, en particular el GNL importado y el gas de Bolivia. Además, a partir de mediados de año creció la generación hidroeléctrica, que es más barata, entonces esa combinación dio un menor costo del sistema energético, en particular del sistema eléctrico. Y también jugó el hecho de que se empezó con la segmentación [de usuarios] y el nivel de altos ingresos pagó el costo pleno”, agregó el economista.

En efecto, los números muestran que el ajuste en los subsidios se dio principalmente en el rubro energía. Según las estimaciones de este informe, este segmento implicó desembolsos por más de $3,3 billones durante todo 2023, cifra que marca una caída del 17,6% con respecto a 2022. De todas maneras, tienen un peso relevante en la evolución del rojo fiscal: aún en baja, los subsidios a la energía representan el 68% del déficit primario, según los cálculos del IIEP.

Detrás de esta contracción aparece la puesta en marcha del plan de segmentación tarifaria, que recortó casi la totalidad de subsidios para los usuarios de alto nivel de ingreso (N1) en los servicios de luz y gas, además de la progresiva eliminación de las subvenciones en el servicio de agua.

En efecto, el informe del IIEP indica que el desembolso en subsidios para AySA, la empresa proveedora del servicio de agua y cloacas en el área metropolitana de Buenos Aires, se contrajo un 45,3% en términos reales en 2023, y llegó a $20.315 millones.

El ajuste en el servicio de gas

El plan del Gobierno, definido por Milei incluso en los meses de campaña, es avanzar sobre las tarifas para intentar reducir el gasto en subsidios. En el caso del gas, el 8 de enero se realizaron las audiencias públicas previas al ajuste tarifario, que determinaron fuertes incrementos que podrían aplicarse a partir del mes que viene.

Además de avanzar sobre los meses de mayor consumo estacional, el ajuste tarifario podría tener mayor impacto por la futura evolución del tipo de cambio y la actualización en los márgenes correspondientes a los rubros de transporte y distribución del hidrocarburo (se harían según el índice de precios mayoristas).

La hoja de ruta oficial comprende un esquema de ajuste mensual. De acuerdo con el IIEP, a partir de los números aportados por empresas y el Gobierno en las audiencias, la factura promedio de Metrogas en el segmento R1 (el menor nivel de consumo) en el AMBA podría tener incrementos que van desde el 386% para el nivel N1 (mayores ingresos) hasta el 595% y 553% para usuarios N2 (bajos ingresos) y N3 (nivel medio).

Traducido a los montos finales, la factura para el N1, suponiendo un consumo máximo en la categoría R1, pasaría de $1335 en enero a $6495 en febrero y $11.336 en abril.

Para los N2, el impacto del aumento tarifario implicaría pasar de $886 en enero a $6158 en febrero y $9593 en abril.

En el caso de los N3, el aumento en la factura sería de $977 en enero a $6383 en febrero y $11.335 en abril.

En ese esquema, Rojo advierte por el impacto del ajuste tarifario sobre los ingresos y el principio de “gradualidad” que estableció la Corte al objetar la recomposición tarifaria impulsada por el gobierno de Mauricio Macri en 2016. “Es discutible cómo se aplica el aumento, porque en este caso la gradualidad es endeble. En el caso del gas, se plantea ir al costo en tres meses, y podría ser objetado”, analiza el economista.

Los números del transporte

En este apartado, los subsidios acumulados crecieron por encima de la inflación y tuvieron un crecimiento del 6,5% en términos reales en 2023. En ese punto, el congelamiento tarifario en el AMBA desde agosto (trenes y colectivos), que suspendió el ajuste mensual por inflación, implicó un mayor gasto en subvenciones.

Inversamente, se contrajeron los desembolsos del Estado en Aerolíneas. Según el informe del IIEP, acumularon $40.500 millones en subsidios devengados a diciembre de 2023, con una contracción del 76,4% real interanual.

El caso del boleto de colectivo, que ya tuvo un ajuste del 45% en el AMBA este mes, es paradigmático en cuanto a las heterogeneidades a nivel nacional. Aun tras el último incremento, que dejó el mínimo del colectivo en $76,90, el AMBA tiene el boleto más bajo en todo el país. De acuerdo con el relevamiento del IIEP, la tarifa promedio del colectivo en el interior es de $216,60, con los valores más caros en Neuquén ($370), Bahía Blanca ($345) y Viedma ($300).

La intención del Gobierno es llevar el mínimo del colectivo en $270 a partir de febrero, que será de $430 para quienes no tengan la SUBE registrada a su nombre. En términos reales, ese valor será inferior al del pasaje en abril de 2019, cuando el entonces presidente Macri decidió congelar los precios del transporte y los servicios públicos. A precios de hoy, según estimaciones del IIEP, ese valor ($16,50) se ubicaría en alrededor de $350.