Transporte: colectivos a $270 y trenes a $160, el objetivo de mínima del Gobierno para las tarifas de febrero

Se viene un impacto duro para los millones de usuarios de colectivos y trenes del área metropolitana. El lunes empezará a regir el aumento que se decidió sobre fin de año y que llevará el boleto mínimo de colectivos de los actuales $52,96 a $76,92, es decir, un 45% de incremento. Pero ese mismo día se dará inicio al proceso de revisión integral para tener un nuevo esquema vigente el 1° de febrero. En el Gobierno trabajan con un objetivo claro: los colectivos deberían costar, al menos, $270 por tramo, y el ferrocarril un 60% de ese valor, es decir, $160.

“Nuestro objetivo es colocar la tarifa en valores similares a los del interior. Y con eso no sólo me refiero a lo que sucede en provincias como Córdoba o Santa Fe, sino también, en Mar del Plata, donde se viaja en transporte urbano a cambio de $297”, dijo una fuente oficial empapada de la negociación.

En esas oficinas del Ministerio de Infraestructura, que maneja Guillermo Ferraro, y del secretario de Transporte, Franco Moguetta, también se empieza a delinear una fórmula de actualización para que el precio no se desacople de los costos de operación. Pero, a diferencia de lo que estaba vigente hasta diciembre, si bien fue suspendido en agosto -actualización por inflación todos los meses-, el Gobierno intentará que ese revalúo no sea mensual. “No queremos esa indexación, en épocas de alta inflación se hace pesado”, comentó la misma fuente.

En principio, el lunes empezaría el proceso de audiencias públicas. La idea en el ministerio en materia de transporte automotor es un pedido de aumento para que la tarifa mínima esté en torno a $300. De ahí en más, hay que ver qué se consigue, piensan en el oficialismo. Para el boleto de tren, en cambio, se tomará como referencia el de colectivo. En los papeles preliminares está calculado que, para pasar un molinete y llegar a un andén, habría que desembolsar el 60% de lo que se paga por el medio alternativo, es decir, alrededor de $160. Pero esto no será una regla que se mantendrá, sino todo lo contrario: piensan que, con el tiempo, ambas brechas deberían achicarse y ambos cuadros tarifarios tenderían a igualarse.

Entre la argumentación que mostrará el oficialismo en la audiencia sobresalen algunos números que expresan la catástrofe tarifaria que dejó el kirchnerismo en materia de transporte. Actualmente, la recaudación por pasajes vendidos en los colectivos del área metropolitana aporta apenas 6% del total del costo del sistema, mientras que, en el tren, ese mismo ítem recauda no más del 0,7% del total del desembolso necesario para que las empresas estatales presten el servicio. Para completar el cuadro: hasta hace 22 años, el colectivo no tenía subsidios y los argentinos podían pagar su pasaje. Actualmente, el Estado aporta 1 de cada 10 pesos necesarios para que circulen las unidades.

Si el cronograma se mantiene, en febrero ya estará listo este fuerte aumento de precios del transporte. Entonces, consideran, podrían empezar a bajar los subsidios. Si bien la proporción de aportes públicos versus tarifa cambiará, nadie es tan optimista en el corto plazo. Sucede que también se actualizarán los costos de la explotación, principal queja de los transportistas. No es para menos: para pagar subsidios, el Estado usa un cálculo de explotación con valores expresados en agosto pasado.

De acuerdo con la última resolución que se publicó en ese mes, mediante la que se actualizaron los costos para poner en marcha el colectivo, se estimó que una cubierta de las que utilizan estas unidades se podía reponer en diciembre a cambio de pagar $192.866. Nada más alejado de la realidad, ya que, inflación y devaluación mediante, el precio del producto (FS440 275/80), según un relevamiento de mercado, cuesta $546.737 al contado. Claro que se puede financiar a 60 días, pero el valor se va a $656.080.

Otro ejemplo es el gasoil. De acuerdo a es planilla vigente, el Estado reconoce $362 el litro de gasoil, mientras que los colectiveros desembolsan más de $800, según se trate de grado 2 o de grado 3, y si está dentro del cupo que tienen subsidiado o del que compran por fuera del convenio.

Serán meses complicados para los usuarios hasta que los funcionarios logren avanzar con la estructuración de un nuevo esquema de subsidios sobre la demanda, es decir, los pasajeros, y no sobre la oferta, los empresarios. “Imaginamos que se vendrán tiempos en los que la gente vaya a nominalizar su tarjeta SUBE, porque los atributos, que conceden un 50% de descuento, con estos valores de tarifas se vuelven relevantes. Antes, dicen en el Gobierno, muchos no hacían el trámite. Ahora, vendrán por sus beneficios.

Kicillof y un interrogante millonario

En medio de este panorama, asoma con fuerza un enorme nubarrón que podría convertirse en tormenta. La pregunta puntual es cómo hará el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para pagar de las arcas provinciales alrededor de $45.000 millones por mes de subsidios. Podrá decir el lector que lo hará de la misma manera que lo hacía. Pero ahí está el punto: ahora ya no recibe los fondos discrecionales que en los últimos cuatro años le envió la Nación para hacer frente al desembolso. “No vamos a poder pagar los sueldos si no mandan la plata”, dijo, con desparpajo, un funcionario provincial en una reunión en Infraestructura. “No hay plata”, le contestaron.

Ahora, bien vale la historia. Kicillof jamás pagó con fondos provinciales la mitad de los subsidios de los colectivos provinciales. Allá lejos, cuando los gobernadores peronistas se sentaban a la mesa de negociación del Pacto Fiscal con los ministros del gobierno de Mauricio Macri, brotaba el federalismo entre los mandatarios. Incontinentes de justicia impositiva entre las provincias, impusieron sus mayorías para pegar un fuerte golpe sobre la mesa. Todas debían poner la mitad de los subsidios. Conocían, claro, que el impacto presupuestario para la billetera bonaerense era fortísimo. Con eso condicionaban un poco más al gobierno de María Eugenia Vidal. Lo lograron.

Kicillof jamás puso ese dinero, ni siquiera antes de la cuarentena. Siempre llegó el auxilio de la Nación para hacer frente a los subsidios. Ahora, se terminó la ayuda externa discrecional. Al menos, no saldrá del presupuesto del Ministerio de Infraestructura. Pero, claro, el gobernador tiene otras puertas donde tocar para que atiendan su cuenta. Ya conoce perfectamente que en la Casa Rosada hay lapicera con poder para un cheque de tantos ceros. De hecho, de esa caja, de los fondos discrecionales, se nutrió todos estos años para pagar sin pestañear.