YPF: el fondo agresivo que podría poner en peligro el canje de la petrolera
LA NACION
Se trata de un viejo conocido de la Argentina. El fondo Fidelity busca poner en jaque de nuevo al Gobierno, luego de negociar de forma dura con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por otras reestructuraciones de deuda.
YPF no es una provincia más, pero es como si lo fuera. Las obligaciones que busca canjear alcanzan los US$6200 millones, apenas por debajo de los US$7148 millones que está negociando hace casi un año Kicillof, y muy por encima del resto de las deudas provinciales emitidas bajo ley extranjera.
Pero la oferta de canje que lanzó la empresa no sedujo a los tenedores de bonos y, según fuentes del mercado, casi no hubo acreedores que hayan ingresado en el plazo de adhesión temprana(early bird) que venció anteayer. La empresa tampoco realizó una comunicación al respecto, lo que confirmaría esta hipótesis.
La oferta de canje voluntario está disponible hasta el 4 de febrero. Sin embargo, pasado mañana se realizará la primera asamblea a la que convocó la empresa para modificar los contratos de los viejos bonos ya emitidos, que se buscan cambiar, de forma tal de inducir una mayor participación al canje. Antes de esta reunión se espera también que YPF anuncie una mejora en su oferta.
Al momento, la empresa pidió posponer todos los vencimientos de capital e intereses por dos años, ofreciendo tres bonos a cambio: uno que vence en 2026, respaldado por el flujo de cobranza de exportaciones, y otros dos títulos, con vencimiento en 2029 y 2033, sin respaldo de exportaciones.
El disparador que generó la necesidad de reestructurar la deuda es un vencimiento de US$413 millones que debería afrontar el próximo 23 de marzo. La empresa tiene los recursos para pagarlo, pero el Banco Central no cuenta con las divisas para vendérselas.
En el mercado financiero apuntan a Sergio Chodos, representante de la Argentina ante el FMI, como el ideólogo detrás del diseño del megacanje, aunque en la petrolera lo niegan. El economista fue uno de los que negoció el canje soberano de 2005, como asesor del exministro de Economía Roberto Lavagna y del exsecretario de Finanzas Guillermo Nielsen, el todavía presidente de YPF.
De hecho, fue el ideólogo de la famosa ley Cerrojo, que imposibilitaba al Poder Ejecutivo a reabrir el proceso de canje, aunque luego se derogó cuando, en 2010, bajo la gestión del exministro de Economía Amadou Boudou se volvió a negociar.
Chodos fue también exsecretario de Finanzas de Felisa Miceli. Luego pasó a administrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y fue director del Banco Central. Hasta hace poco tiempo era uno de los candidatos de la vicepresidenta Cristina Kirchner para suceder a Miguel Pesce en la entidad monetaria.
La preocupación que tienen los directivos de YPF es que el 30% de ese bono están en manos de Fidelity, el mismo que un año atrás se plantó ante Kicillof, y no aceptó posponer el pago de interés del bono Buenos Aires 2021 (BP21).
Fidelity es representado, junto con otros 13 inversores institucionales, por el estudio White & Case, muy conocido en la Argentina, ya que también negoció la reestructuración de la deuda soberana con Guzmán, el canje de la provincia de Córdoba y generó que se presentara una demanda en Nueva York contra Entre Ríos, tras no llegar a un acuerdo por el refinanciamiento de una deuda de US$500 millones.
Según indicó el estudio en un comunicado, los tenedores a los que representa son titulares de más del 25% del total de los bonos en circulación de YPF (US$1550 millones).
En paralelo hay otro comité de acreedores representados por los estudios de abogados Dechert LLP y DLA Piper Argentina, que tienen un perfil negociador más dialogista. En total representan a los tenedores del 20% del total en circulación (US$1300 millones).
Todos se verán las caras de manera virtual pasado mañana, cuando se realice la primera asamblea con los acreedores. YPF necesita lograr que haya una participación de los tenedores del 60% del capital que vence para poder cambiar las clausulas de concesión. Sino, habrá una segunda convocatoria, y más plazo para negociar.
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