La peligrosa reestatización de concesiones hidroeléctricas

Varias concesiones contratadas durante la gestión del presidente Carlos Menem están cerca de completar el plazo por el que fueron otorgadas. Es el caso de siete presas hidroeléctricas del sur del país concesionadas por 30 años. Este años corresponderá la terminación de El Chocón/Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Aguila, en Neuquén, y Alicurá, ubicada entre Neuquén y Río Negro. En 2025 finalizarán las concesiones de Futaleufú, en Chubut, y Cabra Corral y El Tunal, en Salta. En todos estos casos se concesionaron obras ya construidas, quedando a cargo de los concesionarios el mantenimiento, la operación y en algunos casos la realización de mejoras. El conjunto de estas centrales alcanza una potencia de 4170 MW que hoy significa un 11% del total del país, pero aumenta a un 31% si solo se incluye la generación limpia.

Estas presas, además de construcciones civiles, contienen importantes elementos electromecánicos. Una parte de ellos está cerca del fin de su vida útil y requerirá inversiones en los próximos años. En el caso de El Chocón, la antigüedad es de 50 años. En el futuro las inversiones serán necesariamente mayores que las requeridas durante los primeros 30 años de concesión.

El senador ultrakirchnerista Oscar Parrilli, acompañado por los senadores del Frente de Todos por Neuquén, Chubut y Río Negro, presentó un proyecto de ley que establece que, finalizados los plazos de concesión, la administración y operación pase a Energía Argentina SA (Enarsa), con participación de las provincias en las que están ubicados los aprovechamientos. Los considerandos del proyecto de ley reflejan el desvarío y la orientación ideológica que mueve la iniciativa. Se alega con tono condenatorio que, durante los 30 años de operación privada, disminuyó la participación de la hidroelectricidad en la matriz energética. No se dice que los concesionarios recibieron centrales en operación, en las que no podía ser significativo un aumento de la potencia ofrecida. También se desconoce que el potencial hidroeléctrico está ya explotado en una gran proporción y que restan aprovechamientos de menor rentabilidad o compartidos con países vecinos. La reducción del porcentaje de generación hidroeléctrica no ha dependido de los concesionarios.

Enarsa es una sociedad anónima estatal en la que el 98% del capital pertenece al gobierno nacional y el resto a algunos gobiernos provinciales. Su principal actividad es la importación de gas natural licuado (GNL) que, debido al retraso tarifario local, le produce enormes pérdidas compensadas con subsidios. Tiene a su cargo también la administración de varias obras. Entre ellas, el gasoducto desde Vaca Muerta, el gasoducto hacia el Nordeste y las dos represas sobre el río Santa Cruz.

Esta empresa no tiene la capacidad ni la eficiencia para operar las concesiones que el proyecto oficial le adjudicarían. Aun cuando se corrigieran las estructuras tarifarias, tendría la dificultad de cubrir financieramente las inversiones requeridas.

Debe descartarse de plano, por consiguiente, ese disparatado proyecto de ley. Sería más conveniente que, en la etapa que se inicie tras las elecciones nacionales, se creen condiciones para convocar al capital privado en estas actividades. Será imprescindible recomponer las tarifas para que cubran costos de eficiencia más la recuperación de las inversiones. Mientras no pueda corregirse la inflación, será necesaria la aplicación de fórmulas de ajuste y deberá darse plena seguridad jurídica en un marco de exigentes reglas de cumplimiento por parte de los concesionarios.

Si aspiramos a vivir en un país distinto, no debemos volver atrás ni tropezar con la misma piedra.