Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia InternacionalPatricio Pidal/AFV
De acuerdo con el último Índice de Percepción de Corrupción (IPC) elaborado por la ONG Transparencia Internacional (TI) en 2022, la Argentina no presentó cambios respecto de 2021, al obtener solo 38 puntos sobre 100. Nuestro país pasó apenas del puesto 96 al 94, pero no como resultado de mejoras propias.
La Argentina se encuentra en una ubicación semejante a países como Marruecos, Etiopía, Brasil y Moldavia.Uruguay y Canadá son los países menos corruptos de la región, con 74 puntos. Les sigue Estados Unidos, con 69.
Los diez primeros puestos los ocupan naciones con elevada calidad de vida y altos niveles de inversión en educación por habitante, como Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suecia, Suiza, Países Bajos, Alemania e Irlanda. Las peores posiciones fueron para Venezuela, con 14 puntos; Siria y Sudán del Sur, con 13, y Somalia, con 12.
Sobre el caso particular de nuestro país, Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, afirmó categóricamente: “Estamos absolutamente estancados y, como siempre, aplazados; no es una situación que sorprenda”. Ubicó como telón de fondo para la corrupción el deterioro de la calidad de las instituciones, los ataques a la independencia judicial y la falta de seguridad jurídica.
En la misma línea se expresó Marcelo Bermolén, director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, para quien “la Argentina vuelve a ser aplazada en la lucha anticorrupción en un marco de estancamiento, anomia y luchas de poder”.
La calificación y la posición de la Argentina en el ranking elaborado por Transparencia Internacional no deben ser motivo de sorpresa para nadie que haya seguido con algún grado de atención lo sucedido durante la pandemia del Covid-19: la compra de vacunas teñida de ideología (Sputnik y Sinopharm) en lugar de eficacia y seguridad (Moderna y Pfizer); el vacunatorio vip y la concurrida fiesta de cumpleaños en la residencia presidencial de Olivos durante el aislamiento ordenado por el propio Presidente son claros ejemplos de la falta de ética pública.
Una economía tan cerrada como la actual es el campo propicio para la creación de verdaderos quioscos que alimentan la caja política merced a la discrecionalidad de los funcionarios que deciden, por ejemplo, quiénes pueden importar, exportar, acceder a beneficios especiales, ganar licitaciones y subir o mantener los precios de alimentos y servicios.
La independencia real y efectiva de la Justicia es el presupuesto necesario para garantizar la ausencia de impunidad. Sin una Justicia imparcial e independiente, no hay forma de combatir la corrupción.
La cultura de la corrupción debe ser definitivamente sustituida por la cultura de la legalidad.
