Una jueza atrincherada a la espera de viento a favor

La decisión de la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa de seguir en su cargo de magistrada a pesar de haber cumplido ayer 75 años, edad tope de permanencia que estipula la Constitución nacional para que los jueces se jubilen, no puede interpretarse de otra forma que un atrincheramiento en beneficio político y judicial de causas que incriminan gravemente a la vicepresidenta de la Nación.

Figueroa comunicó a sus colegas que “por prudencia” no firmará sentencias ni seguirá ejerciendo la presidencia del cuerpo ni avanzará con decisiones administrativas que puedan ser objeto de impugnaciones a su pedido de continuar siendo jueza durante cinco años más, elevado al Senado, que es el cuerpo que debe decidir si continúa o no.

En varias ocasiones en los últimos tiempos, el kirchnerismo en la Cámara alta fracasó a la hora de obtener los avales que permitan a la jueza seguir ejerciendo como tal. No solo la oposición parlamentaria objeta esa continuidad en virtud de la cercanía que Figueroa mantiene con el oficialismo, sino que varios legisladores cercanos a Cristina Kirchner tampoco se mostraron proclives a sumar su voto –al menos antes de las PASO del domingo próximo– para cristalizar esta maniobra que, en los hechos, tiene como claro fin intentar garantizar la impunidad de la vicepresidenta de la Nación.

A la espera de algún cambio de aire político que la beneficie en el Congreso, la doctora Figueroa, quien entiende en las causas en las que se investigó a la familia Kirchner por lavado de activos (Hotesur y Los Sauces) y por encubrimiento en el memorándum con Irán, entre otras, apeló a una reglamentación de 2017 del Consejo de la Magistratura que dispuso que los jueces que cumplan 75 años pueden seguir provisoriamente en sus cargos solo si ya se encontraba en el Senado la comunicación del Poder Ejecutivo pidiendo su continuidad. Sucede que el pedido de acuerdo de permanencia de Figueroa es extemporáneo a aquella época y, además, hay otros elementos que la inhiben. Aquella disposición solo rigió temporalmente para resolver casos como el del juez Leopoldo Schiffrin, es decir, de magistrados que para aquella fecha contaban con 75 años, con una decisión judicial favorable respecto de su continuidad o que poseían pedidos de acuerdo. Mal puede la doctora Figueroa reclamar ese mismo tratamiento cuando, para el lapso en que duró aquella medida, ella estaba lejos de la edad jubilatoria.

Sin embargo, después de varias reuniones y de un acuerdo de la Cámara de Casación Penal, convocado por ella misma, Figueroa les adelantó a sus colegas que sus votos sobre Hotesur y el pacto con Irán quedaban “a resguardo” de una de las salas administrativas de ese cuerpo. Es decir, la doctora Figueroa conserva su cargo sin ejercer tareas y contraviniendo resoluciones previas. Hasta ayer se desconocía si, la misma prudencia que asegura tener, la ha llevado a pedir que los ciudadanos no le paguemos el sueldo durante ese tiempo y evitar convertirse así en lo que vulgarmente se ha llamado “ñoqui del Estado”. Tal como fue planteada, esa “prudencia” solo oficia como un eufemismo que no solo no condice con los hechos, sino que se da de bruces con la necesaria independencia de los jueces respecto del poder político.

Una clara muestra de las expectativas que alberga el kirchnerismo respecto de la continuidad de la magistrada fue expuesta escandalosamente en una audiencia de hace un par de meses por el senador del Frente de Todos José Mayans, recordado, entre otras barbaridades, por haber pedido “parar el juicio vergonzoso” contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, en favor de “la paz social”.

Dijo Mayans dirigiéndose a la jueza Figueroa: “Necesitamos más personas como usted en el Poder Judicial, que no se dejen amedrentar por el poder mediático”. Nunca dejan de ser interesantes las tan retorcidas como absurdas argumentaciones del kirchnerismo para enmascarar que ha venido por todo y que no se resigna a no conseguirlo, aunque para ello tenga que seguir mintiendo desvergonzadamente.

Es el mismo oficialismo que, ante pedidos en igual sentido de continuidad tras el tope de edad jubilatoria de parte de jueces probos e independientes como la doctora Liliana Catucci y del doctor Eduardo Riggi, histórico integrante de la Casación, se mostró contrario a que continuaran en sus puestos. Está demostrado que la independencia de criterio es un valor con el que el kirchnerismo no comulga.

El sensible caso de Figueroa –quien ha hablado públicamente de ensañamiento judicial contra Cristina Kirchner– no es el único con el que el oficialismo aspira a imponer su posición en el Senado. Junto con ese pedido, esperan ser tratados otros 74 pliegos de candidatos a magistrados, de los cuales le es afín una buena proporción.

Se trata de otra descarada arremetida del Gobierno y de sus representantes parlamentarios para afectar las instituciones de la república mediante la cooptación de jueces y fiscales amigos del poder, dispuestos a garantizar a funcionarios que no habrá justicia a la hora de sancionar aberrantes delitos cometidos en el ejercicio de la función pública.

Frente a esto, ¿qué credibilidad en la Justicia podrán tener los ciudadanos de a pie el día que necesiten recurrir a ella?; ¿qué inversores se animarán a apostar en un país donde la regla no es la ley, sino las adaptaciones de las normas a intereses político-partidarios?; ¿qué futuro nos espera sin independencia de poderes?

El caso Figueroa es la punta de un enorme ovillo que seguirá creciendo si no nos disponemos a revertir este estado de sumisión y tolerancia a hechos aberrantes que condicionan, día tras días, nuestra vida en sociedad y nuestro futuro como nación.