La justicia española reduce los cargos contra la infanta Cristina

MADRID.- La infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, se aferra a una esperanza después de tres años de calvario judicial por la causa en la que se investiga su conducta en la trama de corrupción con fondos públicos que tejió su esposo, Iñaki Urdangarin.

Un tribunal de apelaciones la liberó ayer del cargo más grave que pesaba en su contra -lavado de dinero- y, aunque ratificó su imputación por dos delitos fiscales, abrió un camino que podría salvarla de sentarse en el banquillo de los acusados durante el juicio oral.

La hija de Juan Carlos I podría beneficiarse de la aplicación de una polémica jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo español que exime de ir a juicio a un imputado si no lo acusa el ministerio público o el particular damnificado. A la infanta, tanto el fiscal anticorrupción Pedro Horrach como la Agencia Tributaria, teórica perjudicada por la evasión de impuestos, la consideran inocente.

El escándalo de Cristina y Urdangarin, los duques de Palma, lastró en los últimos años el prestigio de la monarquía española y ayudó a precipitar en junio pasado la abdicación de Juan Carlos I en su hijo Felipe.

El nuevo rey se desmarcó de su hermana desde mucho antes de llegar al trono, pero el juicio oral por el llamado caso Nóos y la posibilidad de que la infanta integre el desfile de acusados pende como una amenaza dramática en el horizonte político de la corona.

El fallo de ayer de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca se vivió con algo de alivio en el Palacio de la Zarzuela, aunque la Casa Real se limitó a comentar su "respeto" por la independencia del Poder Judicial. Se descartaba desde hace tiempo que los tres jueces de segunda instancia fueran a librar de todos los cargos a Cristina y existía el peligro real de que confirmaran también la acusación de lavado de dinero.

El juez instructor José Castro deberá decidir ahora si envía a juicio a la hermana del rey por los delitos de evasión fiscal, que acarrean penas de hasta seis años de prisión, o si se resigna a aplicar la "doctrina Botín", llamada así porque gracias a esa interpretación legal se salvó en 2007 de ser sometido a un proceso oral el fallecido dueño del Banco Santander, Emilio Botín.

Cristina de Borbón, de 49 años, está bajo sospecha de haber colaborado en la estafa organizada por Urdangarin y su ex socio Diego Torres a través del Instituto Nóos, una falsa entidad benéfica que se apropió de más de 6 millones de euros de contratos públicos entre 2003 y 2006.

Según la acusación de Castro, ella colaboró de manera activa en el desvío de fondos al gastar con fines personales parte del dinero malversado. Lo hizo a través de una "sociedad pantalla", Aizoon, que estaba registrada a nombre de los dos esposos.

Un informe incorporado a la causa calculó en 700.000 euros la cantidad que los duques de Palma usaron, vía Aizoon, para gastos como fiestas familiares, la remodelación de su palacete en Barcelona, viajes de placer alrededor del mundo y hasta clases de merengue.

La Audiencia de Palma hizo lugar a los recursos de la defensa de la infanta y del fiscal anticorrupción al juzgar que su conducta no constituyó una maniobra de lavado de dinero. En cambio, mantuvo la imputación por "cooperación en dos delitos fiscales". Los jueces sostienen que Cristina sabía que Urdangarin "estaba actuando de modo irregular con el fisco" y que es "innegable e inobjetable" que contribuyó a defraudar a la Hacienda Pública y que se benefició de eso.

En concreto, le imputan colaborar con su esposo en la defraudación de 182.005 euros en el ejercicio 2007 y 155.138 euros en el de 2008. En su única declaración indagatoria en los tribunales, la hija de Juan Carlos dijo desconocer qué hacía su marido con el Instituto Nóos -pese a que ella integraba el directorio- y se despegó de la gestión de Aizoon. Afirmó que confió ciegamente en él "por amor".

El matrimonio y sus cuatro hijos viven en Ginebra, Suiza, a donde se refugiaron el año pasado para escapar del escándalo. El fallo de ayer que alivió la situación de ella significó un mazazo para él. La Audiencia confirmó e incluso agravó los diez cargos que le imputa el juez y que podrían traducirse en penas de hasta 19 años de prisión cuando se sustente el juicio -algo que ocurrirá presumiblemente en 2016-.

La obsesión de la Casa Real es salvar a la infanta. Su abogado, Miquel Roca, expresó ayer cierta desazón porque no se le hubieran retirado todos los cargos. De todos modos, ve "antecedentes suficientes" para imaginar que la acusación no podrá seguir adelante, en referencia a la doctrina Botín. En un sentido similar, el fiscal Horrach dijo que no encuentra indicios de que la hermana del rey haya cometido delitos en el caso Nóos, y enfatizó: "No sé si tendrá que ir a juicio".ß

Más lejos del banquillo

Jurisprudencia polémica

La infanta podría beneficiarse de la aplicación de una jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo español que exime de ir a juicio a un imputado si no lo acusa el ministerio público o el particular damnificado.