Cómo combatir el crimen organizado

El desenlace de la fuga de tres acusados por crímenes vinculados al narcotráfico ha servido para que la sociedad tome conciencia, con satisfacción demorada por la recaptura, de las verdades ocultas tras la propaganda oficial de la última década. En pocos días cargados de pesadumbre, la triple fuga ha representado el papel de un disparador que revela la corrupción intrínseca al Estado y las herencias que padecemos.

Sin embargo, ese Estado, que con ánimo de simplificación denominamos en singular, conforma, en el orden nacional y en los niveles provinciales y municipales, un conjunto mal ensamblado dentro de un sistema federal que, en consecuencia, está muy lejos de funcionar como debería.

En este contexto, las contradicciones son patéticas, porque mientras, por un lado, la política de la década pasada practicó sin tapujos un unitarismo fiscal y un federalismo de provincias amigas, por el otro, cedió el control de la seguridad pública, de acuerdo con la Constitución vigente, a cada uno de los 24 distritos, exceptuada la ciudad de Buenos Aires (excepción que muy pronto podrá borrarse mediante la transferencia de una parte de la Policía Federal a dicha jurisdicción).

Este desacople entre astenia fiscal y seguridad pública a cargo de provincias sin apoyo ni coordinación con el Estado nacional es un escenario propicio para que el narcotráfico coseche sus productos de muerte y disolución de los vínculos sociales. El caso de Santa Fe es, al respecto, significativo por lo que no corresponde hacer: una provincia dejada de lado durante ocho años por el Poder Ejecutivo Nacional en los asuntos de seguridad porque estaba gobernada por una coalición opositora. El resultado fue la expansión del narcotráfico.

Por otra parte, si nos remitimos al caso de México, que hace las veces día tras día de un espejo en el cual reflejarnos, el sistema federal mal practicado es la vía más eficaz para favorecer la implementación de esas redes criminales (algo semejante, aunque en menor grado, ocurre en Brasil). Por cierto, ésta no es una regla general. Colombia, por caso, no es un Estado federal como Brasil, México y la Argentina; pero el hecho de que tengamos que afrontar el gobierno de uno de los sistemas políticos más complejos de cuantos nos ha legado la tradición republicana y democrática merece que sigamos explorando el conjunto de malformaciones que están degradando las formas estatales que hoy coexisten en nuestro territorio.

El primer punto para destacar son los grados e intensidad de la corrupción. En vista de lo que pasó, el lugar sobresaliente en esa escala que altera la forma de gobierno y el sentimiento de seguridad ciudadana lo ocupa la policía de la provincia de Buenos Aires: la ya mitológica "bonaerense", con su cohorte de 90.000 efectivos, que de nuevo dio muestras, junto con el régimen penitenciario, de ser una corporación infiltrada y dueña, en sus repliegues secretos, de poderosísimos recursos para fracturar el monopolio legítimo de la violencia. Allí, la criminalidad está dentro y no solamente fuera del estado provincial.

La "bonaerense" conforma un enorme desafío de control interno, frente al cual han fracasado, hasta el momento, todos los proyectos de reforma que se han encarado en estos más de treinta años de democracia. La reforma de la provincia de Buenos Aires en todos sus niveles –fiscal, de seguridad y de tamaño y desproporción de su población– debería ser un gran objetivo. Con este peso agobiante, la gobernabilidad de la Argentina seguirá enfrentando grandes riesgos.

Codo a codo con el desafío de la fragmentación de la seguridad, el federalismo plantea la exigencia de una eficaz cooperación entre provincias y Estado nacional. Estas carencias, la rivalidad entre gobiernos provinciales y fuerzas nacionales, la falta de equipamiento y la atmósfera de radical desconfianza que impregnó el ambiente en estos días azarosos pintaron el cuadro patético de nuestra insuficiencia institucional aplicada a la defensa de la seguridad de la vida (ése es, como desde hace siglos sabe la teoría política, el nervio más sensible del aparato estatal).

Por estas razones teóricas y prácticas que el Presidente reconoció con sinceridad el martes, estos fenómenos no son nuevos en la política comparada y en la historia de las naciones. El sistema federal de los Estados Unidos, el más antiguo en el mundo republicano, enfrentó desafíos análogos, hará pronto cien años, y los encaró estableciendo el FBI (una autoridad federal que unifica funciones e interviene directamente en los delitos atinentes al ámbito federal). Es hora de avanzar resueltamente en este campo minado mediante tres pasos estratégicos.

El primero consiste en crear una agencia de carácter nacional para combatir el crimen organizado sobre la base de reservas de coacción menos contaminadas, lo que demanda poner en caja a las fuerzas nacionales y provinciales (un enorme esfuerzo que no se saldará en poco tiempo). El segundo implica nos sólo la unificación de las fuerzas de seguridad, sino también, en el plano judicial, la unificación del debido proceso y, si cabe, de las sanciones emanadas de los tribunales. Asombra, en relación con este tema, la danza de jueces y fiscales comprometidos en el suceso de la triple fuga; y ya se sabe que, cuando hay muchos, las querellas jurisdiccionales son campo propicio para demorar las causas.

Por fin, el tercer paso es obvio. Estas metas y objetivos no tendrán mayor destino en ausencia de una política de Estado en materia de seguridad que cuente con un amplio respaldo del arco político. ¿Será posible? Este interrogante toca de lleno en el porvenir del justicialismo.

En la conformación de Cambiemos y en el nuevo gobierno no hay en principio infiltración del narcotráfico. En el caudaloso movimiento del peronismo existen, en cambio, graves presunciones acerca del involucramiento en esas tenebrosas redes de destacadas figuras del gabinete que feneció el 10 de diciembre.

Es muy difícil concebir el pacto entre diversos partidos acerca de una política de Estado de seguridad pública con estos elementos, pero sí es concebible una política de Estado capaz de aislar esas tendencias adictas al encubrimiento y a los que no las condenan o las aceptan por razones de conveniencia opositora. En otras palabras: si se quiere esta reforma en profundidad, el peronismo tendrá que limpiar sus establos.

De lo contrario, el panorama que se abriría no es prometedor. Las leyes que coronarían esta política de Estado requieren un generoso apoyo legislativo. De no contar con esas mayorías en ambas cámaras, las posibilidades de reforma quedarían en manos de los gobiernos de provincia y de la asistencia que, dentro del marco legal existente, podría prestarles el gobierno nacional. Esta hipótesis, asentada sobre la tentación de resolver este problema a golpes de DNU y sobre una conducción del peronismo que no logra liberarse de las ataduras del pasado es a toda luces precaria.

Pese a las buenas intenciones, la probabilidad de que siguiese creciendo el narcotráfico aumentaría tanto como el desarrollo de un mundo herido por la naturalización del crimen y por el perverso acostumbramiento de vivir mal, sin respeto a la vida y a la dignidad de las personas.

Esto es lo que no queremos. Para eso hay que poner cuanto antes manos a la obra en políticas de consenso que separen el trigo de la cizaña.