Un mecanismo de censura indirecta

Un diciembre 28 años después, la democracia recuperada por los argentinos ha dado un paso atrás aunque la retórica oficial pretenda lo contrario.

En abierta contradicción con la Constitución y con los pactos internacionales , se ha consagrado en la Argentina un régimen de intervención y regulación sobre la fabricación y venta de papel para diarios desconocido en el mundo.

Al declarar de interés público la fabricación, comercialización y distribución de la pasta celulósica y papel para diarios, se abrió la puerta a una regulación sin precedente: no hay en América latina, en Europa, Estados Unidos y Canadá, regímenes de este tipo.

Bastan tristes experiencias aquí y en tantas partes para saber por qué los tratados internacionales consideran a la intervención del Estado en el mercado de papel como un mecanismo de censura indirecta.

Lo explica claramente el rechazo a esa intervención tan temida de todas las asociaciones representativas -Adepa, Adira (Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina) y la Cooperativa de Provisión de la Prensa Argentina- y de muchos diarios y publicaciones que, sin renegar de sus antiguas y actuales críticas a la empresa Papel Prensa, están ciertos que la proclamada democratización difícilmente pueda originarse en un Gobierno que abreva en una concepción que niega la condición mediadora del periodismo en la democracia. Los diarios del interior pidieron que quedara explícito que la importación continuará libre, sin aranceles ni restricciones. Pidieron que el Estado les transfiera su participación en Papel Prensa. No fueron escuchados. La nueva ley formaliza la capacidad de intervenir en el comercio exterior del producto. Ese control conjunto de la producción y oferta local y de las importaciones quedó consagrado con el voto favorable de 41 senadores.

Premura para regular el papel; morosidad para legislar sobre el acceso a la información o sobre la distribución de la publicidad oficial, manejada para alentar el discurso único.

Es la libertad la que está en juego aunque así no lo denoten ni la rapidez del debate parlamentario ni la escasez de esos gestos políticos que reclaman las instancias cruciales.

Premisas falsas, mentiras abiertas, verdades a medias, han jalonado el camino. Más de un año tiene una investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en la que han declarado varios editores y todos han dejado claro que tienen varias fuentes alternativas de papel con abastecimiento fluido. Pero la letanía oficial recita el monopolio y eso se compadece más con la historia simbólica (¿?), ese relato tergiversador elaborado con la misma eficacia que se tuvo para destruir las estadísticas del Estado.

La ley que acaba de sancionarse parte del falso supuesto de que la empresa Papel Prensa fue creada con el objetivo de lograr el autoabastecimiento. Cuatro décadas atrás el Estado promovió varios proyectos y dos de ellos se concretaron: uno el ya mencionado el otro Papel del Tucumán.

En sus orígenes, Papel Prensa firmó con el Estado un contrato por el que se obligaba a producir 105.600 toneladas al año de papel de diario. Hoy produce 170.000, abastece al 75% del mercado local – estaba previsto que abasteciera al 35-40%- y Papel del Tucumán, luego de muchos avatares, quebrar y pasar por varias manos, hoy se dedica a otros papeles. Aquel contrato, venció hace más de veinte años.

Falseado el origen sobre su constitución, se crea ahora un régimen abusivo, impropio de una sociedad anónima privada por el cual se obligará a la empresa a trabajar a plena capacidad operativa y a presentar y efectuar planes de inversión tendientes a satisfacer la totalidad de la demanda interna. Por via de un mecanismo de aporte de capital del Estado se pueden diluir las tenencias de los demás accionistas – Grupo Clarín y S.A. La Nación - , lo que ha llevado a sectores de la oposición a denunciar el procedimiento como confiscatorio.

La nueva ley establece la obligación de importar papel de diario para hacerse acreedor al derecho a comprar papel en el mercado local porque parte de la base de que el adquirido en el exterior es más caro. Y no es así: según datos de la Aduana los grandes y medianos importadores compran en el exterior a precios inferiores al de Papel Prensa.

Se crean registros, comisiones de control parlamentario y comisiones reguladoras, se fija precio único al contado, se determinan multas y penalidades. Y aun falta la reglamentación. ¿En cuántas ventanillas habrá que golpear para solicitar permiso para adquirir el papel?