Un nuevo veto a la creación de riqueza

Los kirchneristas, que son nuevos ricos, detestan la riqueza de los otros. Por eso, el heredero Máximo y el banquero sensible Carlos Heller presentaron un proyecto de creación de un impuesto a la riqueza.

La Argentina no crece ni crea empleo genuino desde hace una década. El pésimo manejo de la pandemia ha agravado un cuadro sumamente delicado, que originó un derrumbe brutal del PBI y que dejará alrededor de un 50% de pobres. Muchos argentinos, en especial los más jóvenes y calificados, emigran. Gran parte de ellos no tiene idea de lo que hará en los países donde recale, pero cree que encontrará más oportunidades que en su propia tierra, en donde las autoridades nacionales ponen en riesgo los frutos de su esfuerzo y le han declarado la guerra al mérito.

La inversión es bajísima, porque todo tiende a desalentarla. Sin inversión, es fácil prever que solo habrá en el futuro más pobreza.Y no habrá inversión mientras no se recupere el factor más importante para su estímulo, que es la confianza. En este marco, el "aporte solidario y extraordinario" que pide el kirchnerismo, que no es otra cosa que el nombre amable de otro impuesto, es un eslabón más en una cadena de elementos que empujan a la Argentina al abismo. Se lo conoce, más allá de su pomposa denominación formal, como "impuesto a la riqueza". Mejor sería llamarlo "veto a la creación de riqueza". A los que crean riqueza, ni justicia.

El "aporte solidario y extraordinario" que pide el kirchnerismo, que no es otra cosa que el nombre amable de otro impuesto, un eslabón más en una cadena de elementos que empujan a la Argentina al abismo

El proyecto presenta, además, serios reparos constitucionales. En primer lugar, los argentinos sabemos desde 1932, cuando se creó el impuesto a los réditos, que los tributos que se anuncian como de emergencia, "por tiempo determinado", como lo exige la Constitución Nacional (art. 75, inc. 2) para los directos que establezca la Nación, llegan para quedarse. En la Argentina, la excepción es la regla; la emergencia, la normalidad.

Hay, por otra parte, una doble imposición con relación a los activos ya gravados por el impuesto a los bienes personales. Y la nueva imposición es retroactiva, toda vez que se refiere a los activos existentes al 31 de diciembre de 2019, lo que viola de manera grosera el principio de legalidad tributaria.

Esa "doble Nelson" sobre los mismos bienes puede llevar a una situación de confiscatoriedad. La Corte Suprema ha determinado que los tributos son confiscatorios cuando absorben una porción sustancial de la renta o el capital. En tales casos, se vulnera el derecho de propiedad, enfáticamente garantizado por la Constitución Nacional en el artículo 17: "La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley".

Estos son solo algunas de las objeciones constitucionales que suscita la iniciativa. Pero supongamos, por vía de hipótesis, que el proyecto superara el test de constitucionalidad. Si así fuera, sería igualmente nefasto, porque el mensaje que transmite el Instituto Patria es claro: los que invierten, producen y crean empleo no son bienvenidos. La propiedad privada, como el mérito, es sospechosa. Genera personas que defienden su autonomía personal, que labran su propio destino, que piensan por su cuenta, en lugar de subordinarse al "héroe colectivo", que casualmente es la familia Kirchner y su séquito. Esas personas que valoran el progreso y la creatividad son la contracara de nuestro extraño progresismo.

El kirchnerismo desalienta la educación y la inversión, los dos grandes motores del futuro. Quiere congelar a la Argentina en un eterno pasado.

Diputado Nacional (Juntos por el Cambio- PRO) - CABA