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Impuesto a la riqueza: los empresarios afirman que es "confiscatorio"
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LA NACIONFrancisco Jueguen
El Foro de Convergencia Empresarial y la Unión Industrial Argentina (UIA), dos de las entidades empresarias más importantes del país, alertaron hoy que el llamado "impuesto a la riqueza" que impulsan Máximo Kirchner y Carlos Heller, y que se debatirá esta semana en la Cámara de Diputados, es "confiscatorio", y afirmaron que perjudicará a las inversiones privadas.
En un comunicado, el Foro instó al Congreso de la Nación a que retire su discusión. Esos empresarios advirtieron que perjudicará a las provincias, que grava a los activos que también están afectados a la producción, afecta a la creación de trabajo y obliga a quiénes deban tributar el impuesto a vender parte de sus bienes para poder hacerle frente. El Foro de Convergencia cuestionó además la actual presión tributaria en la Argentina.
"Convocamos al Congreso de la Nación a que retire la discusión de este mal impuesto y convoque a las distintas organizaciones sociales a una mesa donde se pueda discutir las políticas de estado que nos permitan salir de esta difícil situación todos juntos", cerraron en el comunicado enviado este mediodía a los medios y titulado: "La ley de aporte extraordinario a los grandes patrimonios no debe ser aprobada".
En la UIA no se quedaron atrás. En un documento, que incluye ejemplos del impacto del impuesto en el sector productivo, concluyeron que el "proyecto descapitaliza a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia social, sanitaria y económica". Además, cuestionaron que no diferencia entre el patrimonio formado por capital productivo (empresas, máquinas y activos tecnológicos en el país) y aquél compuesto por activos financieros o inmuebles. "Este proyecto grava aquellos recursos que deben destinarse a la inversión, indispensables para recuperar el crecimiento", estimó la UIA.
La entidad fabril, en cambio no reclamó que se retire del Congreso, pero sí cambios, entre ellos; excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos; permitir dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año; incorporar las mismas exenciones que las que presenta el impuesto a los bienes personales, agregando la exención a obligaciones negociables de empresas argentinas e incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales.
El aporte extraordinario fue un tema ampliamente criticado en el último Coloquio de IDEA, pero también en las reuniones que el presidente, Alberto Fernández, tuvo con empresarios en las últimas semanas, y en el encuentro que el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo con la Asociación Empresaria Argentina (AEA) dos semanas atrás.
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A continuación, el texto completo:
El Foro de Convergencia Empresarial observa con gran preocupación el avance, en la Cámara de Diputados, del Proyecto de Ley de Aporte Extraordinario a los grandes patrimonios.
Sorprende que, en un momento en que se necesita promover la inversión privada para recuperar la actividad económica y generar empleo genuino, la Cámara de Diputados impulse un proyecto de ley que, a todas luces, generará un efecto inverso, y que, cuando es necesario que todos usemos nuestra energía hacia un mismo objetivo, se introduzca una discusión que vuelve a dividir a los argentinos.
El dislate de este impuesto es tan evidente, que sorprende su sola discusión.
Se trata de una iniciativa que es confiscatoria, al gravar nuevamente activos que ya son objeto de otros gravámenes y desconoce la realidad económica de los individuos, generando transferencias de recursos entre regiones productivas, centralizando aún más el poder en el ámbito nacional.
En efecto, al ser un impuesto no coparticipable se originan nuevas trasferencias de recursos desde las economías provinciales hacia el ámbito federal, generando una relación costo-beneficio negativo para las provincias. Además, apenas el 20% del producido del impuesto se destinaría en forma exclusiva a gastos vinculados con la pandemia.
No impactará solo en las "grandes fortunas", como se pretende hacer creer, dado que este impuesto grava a los activos que también están afectados a la producción, sin tener en cuenta, además, la existencia de deudas generadas para su incorporación al patrimonio.
Finalmente, afecta directamente a la creación de trabajo y obliga a quiénes deban tributar el impuesto a vender parte de sus bienes para poder hacerle frente.
El país necesita del esfuerzo de todos, incluido el sector público que, hasta ahora, no ha evidenciado ninguna medida de redimensionamiento o racionalización, como sí lo ha tenido que hacer el sector privado. La presión tributaria en la Argentina ya es una de las más altas del mundo y la creación de nuevos impuestos para financiar un gasto público creciente en los tres niveles del Estado no va a permitir que salgamos de la prolongada recesión en la que estamos inmersos desde hace mucho tiempo. Pensar que el aumento de impuestos no tiene límites ni consecuencias en la inversión y en la actividad económica es desconocer las leyes más elementales de la economía.
Por eso, convocamos al Congreso de la Nación a que retire la discusión de este mal impuesto y convoque a las distintas organizaciones sociales a una mesa donde se pueda discutir las políticas de estado que nos permitan salir de esta difícil situación todos juntos.
