A cuatro meses del atentado a Cristina: la causa pierde fuerza y el atacante se aísla sin recibir visitas

Fernando Sabag Montiel no quiere visitas. Detenido desde el 1 de septiembre, rechaza a los poquísimos que quieren verlo desde que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Solo una mujer obtuvo su autorización. El resto, no. Ni siquiera una psicóloga, ni su defensor oficial. Lee, encerrado en la celda que antes ocupó el narco colombiano “Mi Sangre”, Henry de Jesús Londoño. Y la Justicia se apresta a enviarlo a juicio oral, mientras analiza más teléfonos y acaso recurra, otra vez, a la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI).

La jueza federal María Eugenia Capuchetti despidió el año con una decisión: analizarán tres teléfonos de dos colaboradores del diputado nacional de Pro Gerardo Milman, en un período acotado: los veinte días posteriores al 30 de agosto, inclusive. Rechazó así el pedido de la vicepresidenta, que quería que el análisis abarcara del 1 de julio a la actualidad.

Capuchetti rechazó ese pedido, apoyada en las pautas que fijó la Cámara Federal, aunque aclaró que el análisis podría ampliarse si surgen indicios que lo justifiquen, argumento que rechazó la querella. Los representantes de la vicepresidenta presentaron un escrito en el que acusaron a la jueza de bordear el “encubrimiento” y confían en lograr, más adelante, su apartamiento de un expediente que acumula 17 cuerpos, más anexos, que suman más de 11.000 fojas.

Más allá de esa tensión, la pesquisa continuará durante enero, sin que la afecte la feria judicial. El jueves 5, uno de los tres detenidos, Nicolás Carrizo será indagado otra vez, a pedido de la querella, que quiere que el jefe de los “copitos” responda preguntas sobre algunos mensajes que se extrajeron de su teléfono. El objetivo de la vicepresidenta es insistir con que debe investigarse la conformación de una eventual asociación ilícita.

Quedó en suspenso, por el contrario, la posibilidad de encarar un “peritaje destructivo” sobre el teléfono de Sabag Montiel. “El análisis conllevaría la exploración de todos los vericuetos del aparato”, explicó a LA NACION una fuente al tanto de la pesquisa, “pero implicaría su destrucción defintiva por lo que ya no podría ser sometido a futuros peritajes; por eso se requirió el consentimiento de la querella”.

En el país solo habría dos fuerzas que podrían desarrollar ese peritaje: la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería. Y dada las turbulencias ya registradas en el expediente, la jueza Capuchetti se inclinaría por los gendarmes, según adelantaron desde los tribunales de Comodoro Py.

Pero el peritaje quedó en el aire. Durante una audiencia de la que participaron la jueza, el fiscal federal a cargo de la instrucción, Carlos Rívolo; un letrado de la vicepresidenta, Marcos Aldazabal; una perito de parte y un experto de Gendarmería, se evaluaron las posibilidades y riesgos de encarar esa prueba. Incluiría un ensayo en un teléfono idéntico al de Sabag Montiel para, de resultar alentador, encarar la prueba definitiva sobre el aparato real.

“Podemos hacerlo”, afirmó el emisario de la Gendarmería, lo que no objetó la perito de Fernández de Kirchner, aunque Aldazabal preguntó si no había alguna empresa o fuerza en el exterior más capacitada. Ante esa consulta, Rívolo propuso que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), del Ministerio Público Fiscal, haga consultas adicionales. Incluso, con el FBI, que ya colaboró en la investigación.

Hasta el momento, según fuentes con acceso al expediente, cada nueva prueba complica más aún la situación procesal de Sabag Montiel; de su novia, Brenda Uliarte, y de Carrizo. Por el contrario, el panorama aparece más favorable para quien fuera la cuarta detenida, Agustina Díaz, quien fue beneficiada con una falta de mérito y fue excarcelada en noviembre.

Sin indicios fehacientes

Cumplidos cuatro meses de investigación, tampoco se encontraron evidencias o indicios fehacientes que conecten a Sabag Montiel, Uliarte o Carrizo con los focos de interés de Fernández de Kirchner: la agrupación Revolución Federal y Milman. Al menos por ahora, tampoco surgieron vínculos entre los detenidos y la custodia de la vicepresidenta.

Aún así, los abogados de Fernández de Kirchner pidieron este miércoles la detención de tres miembros de Revolución Federal -Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra-, tras sostener que intentaron contratar a un sicario para asesinarla. Lo planteó en otro expediente, que instruye el juez Marcelo Martínez de Giorgi y en el que se investiga a esa agrupación por incitación a la violencia, apología al crimen e intimidación pública.

José Manuel Ubeira y Aldazabal llegaron a trazar una eventual relación entre ese grupo de ultraderecha y quien gatilló el 1 de septiembre. “¿Fue Sabag Montiel el sicario de Revolución Federal? Todavía no lo sabemos, pero la conversación entre Sosa y Morel existe, y en la causa varios testigos dijeron que Sabag Montiel solo podría haber hecho lo que hizo por dinero”.

El pedido, sin embargo, no prosperó. El juez Martínez de Giorgi rechazó las solicitudes de detención. Y desde los tribunales pidieron cautela. “Cuando fueron citados a declarar, los que afirmaron que a Sabag Montiel le pagaron para atentar contra la vicepresidenta recularon o lanzaron especulaciones, más propias de lúmpenes que buscan cinco minutos de fama”.

Lo que sí hay en la causa

“Lejos del foco público se tomaron muchas declaraciones testimoniales y se analizaron y cruzaron más teléfonos de los que se sabe”, detalló una fuente del caso a LA NACION, “pero hasta el momento no surgieron vínculos o indicios que conecten a estos tres [por Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo] con Revolución Federal. De hecho, del material surge que estos tres comenzaron a hablar sobre un ataque [contra Fernández de Kirchner] el 2 de abril, semanas antes de la formación de Revolución Federal”.

Ese material probatorio acumulado en el expediente durante los últimos cuatro meses incluye el análisis de 43 teléfonos celulares, el desarrollo de 48 peritajes, decenas de allanamientos, y el libramiento de exhortos nacionales e internacionales. También, la colaboración de, entre otros organismos, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que libró más de 500 oficios para recabar información que permitiera analizar los movimientos de dinero de los “copitos” y rastrear un posible financista. Hasta el momento, no apareció. Ni con Revolución Federal, ni con los $7 millones que un miembro de esa agrupación, Morel, recibió de Caputo Hermanos entre diciembre de 2021 y agosto de 2022.

“¿Le doy un ejemplo de las hipótesis que descartamos?”, inquirió una fuente tribunalicia. “¿Recuerda que Sabag Montiel y Uliarte fueron a Avellaneda horas antes del atentado, que comieron en un MacDonald’s y levantaron un papelito? Se probó que solían levantar los tickets en todos los locales de comida rápida para ver si podían ‘garronear’ un postre o una bebida. ¿Y recuerda que Sabag Montiel tenía una constancia ‘trucha’ de discapacidad? Era para entrar gratis al Parque Sarmiento”. La entrada cuesta 100 pesos.

“Señoritas” y custodios

Para Fernández de Kirchner, sin embargo, la pesquisa está mal direccionada. Y reclamó ahondar en Milman. Sugirió que deberían impulsar su desafuero: “¿Qué pasa cuando nos enteramos por la televisión que el señor tiene no sé cuántas señoritas a cargo; que siendo miembro de la comisión de seguridad tenía contratos con empresas de seguridad?”.

Lejos de los micrófonos, los investigadores también buscan completar el análisis sobre la custodia de Fernández de Kirchner. ¿Actuaron bien, de manera negligente o en complicidad con los atacantes? “Hasta el momento, no surge ningún vínculo o indicio de connivencia entre los custodios y los ‘copitos’”, indicaron, “más allá de que la Policía Federal pueda aplicar sanciones por cómo procedió la custodia esa noche”.

Tampoco surgen pistas que comprometan a los restantes miembros de la “banda de los copitos”, que permanecieron bajo vigilancia de la PSA, sostienen fuentes de la investigación. Los resultados fueron banales. Tanto, cuentan en Tribunales, que en un momento la jueza consultó qué hacían a un funcionario que los estaba siguiendo en tiempo real. ¿Respuesta? “Están jugando con botellas de gaseosas vacías como ‘espaditas’ en el parque”.

Mientras tanto, el hombre que dijo encarnar una profecía del “Nostradamus argentino”, Benjamín Solari Parravicini, permanece aislado en un sector especial del Complejo Penitenciario I de Ezeiza, donde no lo visitó ningún familiar. Solo pidió verlo una excompañera de la escuela primaria y él la autorizó. Pero el encuentro duró poco: la muchacha ingresó alentada por un abogado que quería ofrecerle sus servicios. No prosperó.

Sabag Montiel se aisló aún más durante las últimas semanas. Cortó el vínculo con una psicóloga, rechazó todos los pedidos de entrevistas y no quiso recibir a su defensor oficial. Lee, alejado de los demás presos y monitoreado las 24 horas, y deambula por su celda.