Aumentos en subtes y peajes | Jorge Macri se desmarca del pedido de los gobernadores y se pliega al ajuste de Milei

La Ciudad de Buenos Aires promueve una significativa suba de tarifas de algunos de los servicios públicos porteños y se acopla al plan de ajuste del gobierno de Javier Milei, lejos de la actitud combativa de los gobernadores.

A través de dos decretos (100 y 101) publicados ayer en el Boletín Oficial, Jorge Macri impulsó un aumento del 359% en el boleto de subte a partir de abril y de 150% en los peajes de autopistas urbanas. Se da en sintonía con el gobierno nacional, que anunció la eliminación del Fondo Compensador del Interior por el que se financia el transporte público por fuera del AMBA. A la vez, se desmarcó del pedido de los gobernadores, quienes criticaron la medida de la Casa Rosada y algunos anunciaron que trabajarán para sostener el subsidio.

“Teniendo en cuenta que el transporte público en el AMBA debe ser pensado de manera integral y que el gobierno nacional implementó recientemente una nueva tarifa para colectivos y trenes con ajustes bimestrales de acuerdo a la inflación, la propuesta apunta a mantener la proporción tarifaria entre los diferentes modos de transporte”, señala el comunicado difundido por el gobierno porteño.

En ese sentido, el cuadro tarifario propuesto establece que el pasaje de subte, que hoy está en $125, pase a costar, para quienes tengan la SUBE nominalizada, $574 en abril, $667 en mayo y $757 en junio; mientras que el Premetro valga $200,90, $233,45 y $264,95, respectivamente. Asimismo, para los que no tengan registrada la SUBE, la propuesta es que el boleto cueste $859,07 desde abril y el del Premetro, $300,67. Es decir, el aumento inicial será de un 359% y culminará en un acumulado de 505%.

Los peajes

En cuanto a los peajes, el costo de transitar en auto por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Alberti, Salguero, Sarmiento, Illia y Paseo del Bajo pasará de $910 en hora pico a $2.276. En junio habrá un segundo incremento del 35%, que acumulará una suba del 185% total.

Estas tarifas comenzarán a regir tras su discusión en las audiencias públicas convocadas para el 15 de marzo, en las que se descuenta que serán aprobadas. El costo del AByL y patentes, en tanto, se actualiza mes a mes por el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

“El jefe de gobierno tiene que actuar como un gobernador y eso implica defender a los porteños y sus intereses. Jorge Macri no solo no está haciendo un solo planteo sino que, además, con la espalda presupuestaria de la Ciudad, se esperaría que pudiese acompañar a los ciudadanos, pero hace todo lo contrario y profundiza el ajuste”, señaló Claudia Neira, legisladora de la Ciudad por Unión por la Patria.

La medida contrasta con la puja de los gobernadores con el gobierno nacional, que tras los tironeos por el proyecto de ley ómnibus, decidió eliminar el Fondo Compensador del Interior, que subsidia el transporte público de todo el país a excepción del AMBA.

Esto generó la reacción de mandatarios provinciales de diferentes espacios políticos, quienes cuestionaron las asimetrías con la Ciudad y el Gran Buenos Aires, y objetaron el impacto económico que tendrá en los bolsillos de sus ciudadanos. En algunas ciudades el boleto de colectivo podría sobrepasar los $1000.

De hecho, ayer por la tarde, 16 intendentes de ciudades de todo el país se congregaron en un hotel cercano al Congreso de la Nación para pedir la coparticipación de una porción del impuesto a los combustibles con el fin de compensar la quita de subsidios al transporte público. Los alcaldes que llevaron la voz cantante fueron Pablo Javkin, de Rosario; Daniel Passerini, de Córdoba, y Juan Pablo Poletti, de Santa Fe.

“Vamos a mantener el subsidio que tiene la provincia de Santa Fe con el transporte, que es alrededor de 2000 millones, y lo vamos a actualizar, porque claramente los costos de vida han aumentado en toda la provincia, pero no nos podemos hacer cargo de lo que Nación no manda, con una provincia que nos la han dejado con un déficit muy pero muy grande”, indicó el mandatario radical Maximiliano Pullaro.

Desde Chubut, el gobernador Ignacio Torres (Pro) presentó una medida cautelar ante la justicia federal para exigir “el pago del subsidio nacional al transporte público de pasajeros”. El pedido también lleva la firma del intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, de Unión por la Patria, quien acompañó la iniciativa porque sostuvo que esa zona “es la más perjudicada”.

El gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, también rechazó la medida del Ejecutivo y la calificó como “tonta, ridícula, poco inteligente”. En la misma línea se pronunció el cordobés Martín LLaryora, quien dijo que la decisión del Gobierno es “arbitraria” y que perjudica “a los trabajadores, a los estudiantes, a los jubilados y a las familias argentinas”.

Los chispazos entre los mandatarios provinciales y el Presidente se multiplicaron frente a los diversos traspiés que tuvo en el Congreso el proyecto de ley ómnibus impulsado por el Poder Ejecutivo. El presidente y su gabinete ataron esta situación a la actitud de los mandatarios provinciales, a quienes Milei acusó de obstaculizar la iniciativa para resguardar sus propios intereses. La suba de retenciones a las economías regionales, al complejo cerealero y ganadero, así como la merma de los impuestos coparticipables fueron los principales cuestionamientos de los gobernadores, quienes condicionaron su apoyo a cambios puntuales en el texto de la norma. Sin embargo, el diálogo entre los mandatarios provinciales y la Casa Rosada se fue tensando y la búsqueda de consensos terminó obturada.

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