Caso Chocolate: confirman la prisión preventiva de los Albini, a la espera de un juicio oral

La Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó este martes la prisión preventiva que afrontan Claudio y Facundo Albini como presuntos miembros de una asociación ilícita que defraudó al Estado bonaerense por cientos de millones de pesos, por lo que continuarán tras las rejas, junto a Julio “Chocolate” Rigau, a la espera de un eventual juicio oral.

El tribunal confirmó la prisión preventiva de los Albini en un fallo dividido, en el que sostuvo que ordenar sus excarcelaciones podría conllevar “riesgos procesales”; es decir, que los acusados entorpezcan la investigación criminal, sea porque podrían profugarse o amedrentar a los testigos.

La defensa de los Albini buscará ahora llegar a la Casación bonaerense, con la esperanza de revertir allí la figura de la asociación ilícita y, acaso, obtener la excarcelación de Claudio, subdirector de Personal de la Cámara de Diputados provincial, y de su hijo Facundo, apoderado del Frente Renovador de Sergio Massa y concejal platense.

Para los Albini, la prisión preventiva es arbitraria porque no habría pruebas que los vinculen directamente con los delitos cometidos. Pero para los camaristas que conformaron la mayoría –Miriam Ermili y Fernando Mateos-, sin embargo, la defensa efectuó un “análisis sesgado de los elementos probatorios, sin cuestionar las premisas” que desarrolló el juez de Garantías, Federico Guillermo Atencio, al dictar sus prisiones preventivas.

Por su parte, el tercer camarista, Ernesto Ferreira, consideró que los delitos que habrían cometido los Albini no deben encuadrarse dentro de la figura de una asociación ilícita, sino de un fraude contra la administración pública, aunque compartió la posición mayoritaria de rechazar la excarcelación de los acusados.

A fines de diciembre, el juez Atencio consideró que existen pruebas suficientes para concluir que los Albini y Rigau integraron una asociación ilícita que habría esquilmado durante años las arcas públicas bonaerenses, por al menos $800 millones, a través de “ñoquis” y prestanombres en la Legislatura, pero discrepó con la fiscal Betina Lacki en un punto clave. Para el magistrado, ellos no serían los jefes de la supuesta banda, sino que hay alguien más, por encima de ellos, que era el verdadero jefe y que continúa oculto.

“No me resulta razonable presumir”, afirmó Atencio, que la jefatura de la banda “pudiera reducirse a un empleado de categoría inferior, a un subdirector de un área ajena al manejo de las contrataciones”, explicó en alusión a Claudio Albini. Para el magistrado, “nada de lo perpetrado pudo escapar del conocimiento y control de aquellos a quienes se les otorgan los módulos que posibilitan las contrataciones de quienes sin prestar servicio alguno se les concedía los derechos a la cobertura médica y al beneficio jubilatorio a cambio de la millonaria recaudación de lo que lamentablemente se naturaliza como la ‘plata de la política’”.

Ahora, la decisión de la Cámara de Apelaciones conlleva que tanto Claudio Albini como su hijo Facundo permanecerán alojados en la Alcaldía Departamental Roberto Pettinato, en las afueras de esta ciudad, a la que fueron trasladados el 22 de noviembre pasado, a la espera de que sus abogados recurran a la instancia de Casación, o a la instancia de un juicio oral.

La fiscal Lacki, en tanto, procura avanzar ahora sobre los escalones superiores de responsabilidad criminal dentro la Legislatura bonaerense. Sea entre quienes fueron las autoridades de la Cámara de Diputados provincial durante los últimos años o entre los jefes de los bloques que callan desde que estalló el escándalo en septiembre.

En ese sentido, tanto las autoridades de la Legislatura, como los jefes de los principales bloques políticos optaron por el silencio y los movimientos por debajo de la escena pública durante los últimos meses. Ni Unión por la Patria, ni Juntos por el Cambio, ni La Libertad Avanza impulsaron reformas para transparentar la ejecución presupuestaria o las nóminas de empleados del Poder Legislativo, ni requirieron informes sobre los resultados del sumario administrativo que se abrió tras la detención de “Chocolate” Rigau para determinar responsabilidades.

En ese sentido, los datos que salen a la luz sobre la Legislatura bonaerense permiten vislumbrar la presencia de cientos –o incluso miles- de “ñoquis” y prestanombres, como también de barrabravas de distintos clubes de fúlbol e incluso presos en las nóminas de empleados, designados punteros que responden a distintos espacios políticos.

En la resolución que dictó la prisión preventiva de los Albini, el juez Atencio centró el foco sobre quien presidió la Cámara de Diputados hasta el 10 de diciembre, Federico Otermin (alfil de Martín Insaurralde), y los entonces vicepresidentes Adrián Urreli (Juntos por el Cambio), Carlos “Cuto” Moreno (kirchnerista), Rubén “Turco” Eslaiman (massista) y Fabián Perechodnik (Juntos por el Cambio), al igual que en los jefes de los bloques Frente de Todos, César Valicenti, y radical, Maximiliano Abad.

Pero la fiscal Lacki busca, también, avanzar sobre los otros “chocolates” que detectó durante su investigación. Ya acumuló evidencias de que Rigau no fue el único que fatigó los cajeros automáticos de esta capital para extraer dinero de decenas de tarjetas de débito. Detalló que se cruzó y saludó con una mujer que gestionaba 17 tarjetas y con un hombre que tenía 16 durante las madrugadas del 11, 17 y 18 de agosto, como también del 5 de septiembre.

Apoyada en videos de las cámaras de seguridad del Banco Provincia que muestran a esa mujer y a ese hombre de espaldas, Lacki consideró probada “la existencia de una operatoria que incluye más miembros, aunque hasta el momento no se encuentren identificadas, pero que sin lugar a dudas permite sostener, como ya lo hiciera Vuestra Señoría [por el juez Atencio] que ‘con el devenir de la pesquisa, se llegará a detectar un acto de corrupción de inmensurable trascendencia’”.

Para avanzar por esa senda, la Fiscalía pidió una serie de informes a la Legislatura. ¿Las respuestas? Primero se negaron a responder; luego indicaron que evaluarían si responderían y, cuando la fiscal citó a declarar al director de Legal y Técnica de la Cámara de Diputados, Eduardo Vito Resiglione, la audiencia se postergó porque estaba de vacaciones.