El caso de “Chocolate” Rigau | La Legislatura bonaerense quedó a un paso del allanamiento tras desafiar a la Justicia

LA PLATA.- La Legislatura bonaerense quedó a un paso de afrontar un allanamiento y desatar un conflicto abierto de poderes. ¿Por qué? Porque le informó a la fiscalía que investiga el desvío de cientos de millones de pesos de las arcas públicas provinciales que protagonizan los Albini y Julio “Chocolate” Rigau que evaluará por su cuenta si le responde quiénes son los funcionarios y empleados que integran un área clave de la Cámara. Y en caso de responderle, cuándo y cuánto le responderá. Al final, bajo presión, terminó por responder.

El escrito de las autoridades de la Legislatura llegó a los tribunales de esta capital poco antes de la feria judicial de enero. La Dirección General Legal y Técnica presentó un texto con apenas dos párrafos en los que planteó que resolverá por sí misma si le entrega información a la fiscalía cuando termine de analizar el expediente penal. En otras palabras, le comunicó que el avance de la investigación del Poder Judicial queda supeditado a una decisión discrecional del Poder Legislativo.

“Teniendo en particular consideración que recién el día 18 de diciembre se otorgó vista de la IPP [por la investigación criminal] a esta Honorable Cámara”, señaló el escrito, “y [dada] la voluminosidad y complejidad de la misma, en resguardo de la protección integral de los datos personales cuya información se requiere (ley 25.326), informo a Ud. que una vez evaluada las actuaciones y determinada la base fáctica, se proveerá”.

El escrito que presentó la Legislatura provocó una respuesta tajante de la fiscal a cargo de la investigación, Betina Lacki. Le recordó que el Ministerio Público Fiscal es el titular de la acción pública –es decir, el órgano a cargo de investigar la posible comisión de delitos- y que, por tanto, son los fiscales los que deben buscar las pruebas y requerir información, sin que esa facultad quede sometida “al juicio de valor” de terceros, aunque sean otros poderes del Estado.

Lacki remarcó, además, que la invocación de la ley 25.326 de Habeas Data por parte de la Legislatura es “precaria y carente de fundamentación”. Entre otros motivos, porque la decisión de las autoridades legislativas de retacearle a la fiscalía los nombres de los integrantes de la Secretaría Administrativa “no encuadra en ninguna de las excepciones” previstas en esa norma. En otras palabras, la Cámara que preside Alejandro Dichiara (Unión por la Patria) invocó una ley que no estipula lo que la Cámara afirma que estipula.

“En relación a la alegada protección de los datos personales surge con meridiana claridad que tal afirmación no tendría asidero en virtud que la información requerida no revista una naturaleza sensible relativa al origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual”, detalló la fiscal Lacki, que remarcó que la posición en contrario de la Legislatura “no alcanza para evitar que un órgano del Poder Judicial legitimado para ello pueda acceder a la información solicitada”.

La fiscal recordó, además, que en contraposición a la reticencia de las autoridades de la Cámara, la ley 27.275 de Acceso a la Información Pública garantiza el acceso a la información pública, la transparencia de la gestión pública y consagra que “toda la información en poder del Estado se presume pública”. Más aún, destacó que en su artículo 7° señala que el Poder Legislativo en uno de los sujetos obligados a entregar esos datos.

En ese sentido, desde que “Chocolate” Rigau fue detenido el 8 de septiembre pasado mientras extraía dinero de 48 tarjetas de débito pertenecientes a “ñoquis” o prestanombres de la Cámara de Diputados bonaerense, la Fiscalía envió dos oficios a la Legislatura que no tuvieron respuesta. En ambos solicitó que le enviaran la lista completa de empleados y funcionarios que integran la Secretaría Administrativa –a cargo de Miguel de Lisi-, sean de planta permanente o temporaria, incluyendo todo el personal de todas las direcciones que dependen de esa Secretaría, desde el 1 de enero de 2021 hasta la actualidad.

Con esa información, la fiscal Lacki busca determinar quiénes se desempeñan o desempeñaron en las dependencias de la Legislatura que están o estaban a cargo de nombrar empleados, custodiar sus legajos y auditar sus labores. El objetivo, según adelantó la fiscalía, sería citarlos para que expliquen cómo y quiénes decidieron los nombramientos de “Chocolate” Rigau y los 48 titulares de esas tarjetas de débito, las tareas que cumplían –o debieron cumplir- y los sumarios administrativos que se abrieron desde la detención de Rigau.

En ese sentido, y al contrario de lo que invocaron las autoridades de la Legislatura, la fiscal Lacki sostuvo que la investigación aborda una hipótesis de “gravedad o interés institucional”, que la “actitud reticente” de la Cámara “impacta necesaria sobre el servicio de administración de Justicia” porque frustra el avance de la pesquisa y vulnera, por tanto, derechos consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales.

El juez de Garantías que supervisa la investigación, Guillermo Federico Atencio, ahondó en la gravedad que revista el caso en varias de las resoluciones que firmó durante las últimas semanas. Calculó, incluso, que el robo a las arcas públicas bonaerenses podría superar los $800 millones al año y estimó que “con el devenir de la pesquisa, se llegará a detectar un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”.

En ese sentido, Atencio considera que el subdirector de Personal de la Legislatura, Claudio Albini, quien también se encuentra detenido, no sería el jefe de una presunta asociación ilícita, sino que las órdenes provendrían de alguien de más alto rango que permanece en las sombras. Para el magistrado, “nada de lo perpetrado pudo escapar del conocimiento y control de aquellos a quienes se les otorgan los módulos que posibilitan las contrataciones de quienes sin prestar servicio alguno se les concedía los derechos a la cobertura médica y al beneficio jubilatorio a cambio de la millonaria recaudación de lo que lamentablemente se naturaliza como la ‘plata de la política”.

En ese sentido, la defensa de Albini solicitó a la Fiscalía que cite a declarar al inmediato superior de su cliente en la Dirección de Personal de la Legislatura, Pablo Parente, para que explique cómo es el procedimiento para nombrar y contratar empleados, y detalle cuáles eran las funciones de Albini. Pero chocó con la negativa de Lacki, que explicó que primero quiere acceder a toda la información que le retacean las autoridades de la Legislatura.

En ese contexto, la fiscal requirió, por tercera vez, a las autoridades de la Cámara que entreguen la información solicitada sobre todo el personal de la Secretaría Administrativa, pero trazó una línea roja. Adelantó que si esta vez no aporta los datos exigidos “se requerirá mediante orden jurisdiccional”. Es decir, orden de presentación o allanamiento. Y al final, ante ese cuadro inquietante, la Legislatura terminó por responder. Presentó un escrito, ya durante la feria judicial de verano.

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