Confirman procesamientos y piden ampliar la investigación de las entregas de dinero en el departamento de Cristina Kirchner

La Cámara Federal confirmó hoy los procesamientos por haber recibido supuestos sobornos de Roberto Baratta, de otros dos exfuncionarios del Ministerio de Planificación y de tres empresarios en un tramo de la causa de los cuadernos de las coimas que todavía no fue elevado a juicio oral.

Según el fallo, al que accedió LA NACION, como se encuentran acreditadas las entregas de dinero a Daniel Muñoz -exsecretario privado de Néstor Kirchner- en la calle Uruguay 1306, domicilio de Cristina Kirchner, los jueces sugirieron, en una línea que parece aludir a la vicepresidenta, que “restaría evaluar la posible responsabilidad en este hecho [una serie de entregas en el departamento de Juncal y Uruguay] de los otros coimputados”.

Por estos supuestos sobornos del caso de los cuadernos de las coimas, Cristina Kirchner no fue indagada. Está procesada y elevada a juicio, en cambio, por otros hechos de este mismo expediente, que incluyen otras supuestas entregas de bolsos con pesos y dólares en su departamento de Recoleta.

El fallo fue firmado por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que confirmaron la ampliación de los procesamientos que había dictado el juez de primera instancia Julián Ercolini en febrero pasado.

Oscar Centeno, el chofer de Baratta, describió en sus anotaciones cómo gran parte del dinero recaudado por su jefe y sus colaboradores era luego entregado a Muñoz en el departamento de Uruguay y Juncal. El fallecido juez Claudio Bonadio dio por probadas esas entregas cuando dictó los primeros procesamientos en la causa. Dijo que habían sido al menos 87.

En ese fallo se detallaba que quienes declararon información valiosa sobre las entregas en el departamento de los Kirchner fueron el extitular del Occovi Claudio Uberti y el financista Ernesto Clarens. Según dijo Bonadio cuando elevó el caso a juicio, en septiembre de 2019, Cristina Kirchner está sospechada de haber cobrado coimas y de haber montado la estructura para hacerse del dinero obtenido en forma ilegal de los empresarios.

Con el fallo de la Cámara de hoy quedaron firmes los procesamientos de los empresarios Hugo Alberto Dragonetti, de la constructora Panedile, Alberto Taselli, titular de la empresa de energía Edecat, y Juan Mauricio Balán, de Industrias Juan F. Secco, todos por el delito de cohecho. También de Nelson Lazarte, exsecretario privado de Baratta, y de Hernán Camilo Gómez, exfuncionario del Ministerio de Planificación. Todos ellos fueron indagados en diciembre del año pasado.

Sobre el rol de Baratta, mano derecha del exministro de Planificación Julio De Vido, los camaristas dijeron en el fallo: “Más allá de que su posición dentro del organigrama administrativo no aglutinara formalmente las diversas competencias necesarias para resolver todas las cuestiones que motivaron los pagos, [Baratta] ocupaba un rol central dentro de la estructura paralela de recaudación y actuaba como referente del Ministerio de Planificación, con capacidad real para instrumentar internamente las decisiones atinentes a las empresas -según evidenciaron, de manera conteste, las manifestaciones de los empresarios involucrados-”.

En cuanto a Lazarte, los camaristas afirmaron: “Era el encargado de recibir y trasladar importantes cantidades de dinero entregadas por los empresarios, tarea que solo podía desempeñar alguien unido a Baratta por un particular lazo de confianza. Al tiempo que su presencia en los distintos eventos escrutados posibilitó que los fondos llegaran posteriormente a manos de aquél”.

Fue revocada, en cambio, la ampliación del procesamiento de Claudio Glazman, otro de los empresarios involucrados en el caso cuadernos, porque los jueces consideraron que las entregas de dinero atribuidas a él son parte de una misma maniobra por la que él ya fue elevado a juicio oral.

La causa tiene su origen en los datos revelados por las anotaciones de Centeno que registró durante casi una década movimientos de los exfuncionarios del Ministerio de Planificación. La investigación fue realizada por LA NACION.

El caso tuvo su punto más álgido en agosto de 2018, con un operativo de detenciones que incluyó no solo a Baratta y a sus colaboradores, sino también a empresarios del mundo de la energía y de la obra pública. En los meses posteriores, decenas de imputados declararon como “arrepentidos” y admitieron haber hecho pagos ilegales a los exfuncionarios de Planificación, algunos a modo de “aportes a la política” y otros para recibir certificados de obras públicas que ya les habían sido adjudicadas.