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Caso cuadernos: Indagan a Roberto Baratta por las pruebas que presentó Ernesto Clarens
El exfuncionario kirchnerista fue citado por el juez Julián Ercolini, acusado de haber recibido sobornos de contratistas del Estado
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LA NACIONCandela Ini
En la recta final del año, el exsecretario de Coordinación y Control y exmano derecha de Julio De Vido, Roberto Baratta, será indagado este lunes, acusado de haber cobrado sobornos a empresarios durante el kirchnerismo, en la causa de los cuadernos de las coimas. Se trata de un tramo del caso que todavía no fue elevado a juicio oral, en el que son investigados Baratta, un grupo de colaboradores del Ministerio de Planificación, y ocho empresarios que hacían negocios con el Estado. El juez es Julián Ercolini, y el fiscal, Carlos Stornelli.
También será indagado este lunes el exsecretario de Baratta Nelson Lazarte, mencionado por el chofer Oscar Centeno como otro de los hombres que recolectaba dinero negro en bolsos a bordo de su auto.
Durante la semana pasada declararon vía Zoom ante el juez Ercolini, que subroga el juzgado que estaba a cargo de Claudio Bonadio, los empresarios Hugo y Hugo Alberto Dragonetti, Alberto Tasselli, Jorge Balán, Claudio Glazman, Claudio de Lassaletta, Mauro Guatti y Fernando Alexis Sananez, y el exfuncionario del Ministerio de Planificación Hernán Gómez.
Las indagatorias fueron ordenadas a partir de prueba que había aportado el financista Ernesto Clarens, quien, al declarar como arrepentido, presentó una serie de planillas con pagos enumerados. Algunos de esos datos fueron cruzados, además, con elementos que surgían de los registros escritos por Centeno en sus cuadernos.
El expediente más contundente de la trama cuadernos, por la cantidad de imputados y por la magnitud de los hechos investigados, fue elevado a juicio oral en septiembre de 2019. Allí, la vicepresidenta Cristina Kirchner está procesada como jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero de empresarios contratistas del Estado. Baratta está procesado en ese expediente como organizador del armado delictivo, junto con De Vido y otros exfuncionarios que recibieron dinero y luego lo entregaron en una de las propiedades de la familia Kirchner, en Recoleta, y en la Quinta de Olivos.
El futuro del juicio
El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal 7, difícilmente comience el próximo año. El tribunal todavía le reclama recursos a la Corte Suprema para dar comienzo a la instrucción suplementaria, pero los pedidos no fueron contestados. Con más de 140 partes involucradas, el juicio oral y público por la causa surgida a partir de las anotaciones de Centeno tendrá dimensiones inéditas, calculan en los tribunales.
El caso de los cuadernos de las coimas tuvo su punto más álgido en agosto de 2018, cuando el caso se hizo conocido con un operativo de detenciones que incluyó no solo a Baratta y sus colaboradores, sino también a empresarios del mundo de la energía y de la obra pública. En los meses posteriores, decenas de imputados declararon como colaboradores y admitieron haber hecho pagos ilegales a los exfuncionarios de Planificación, algunos a modo de “aportes a la política” y otros para recibir certificados de obras públicas que ya les habían sido adjudicadas.
El año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal respaldó gran parte de la prueba que forma parte de ese expediente, al validar las declaraciones de los imputados colaboradores y descartar los planteos de los exfuncionarios que buscaban voltear la causa.
El kirchnerismo, sin embargo, recibió buenas noticias en los tribunales durante este último año. Tres expedientes que involucraban a la vicepresidenta y a exfuncionarios de sus gobiernos (los casos conocidos como memorándum con Irán, dólar futuro y Hotesur) fueron cerrados.
Dos empresarios de gran afinidad con ella, Fabián De Sousa y Cristóbal López, fueron absueltos. También fue cerrado el caso Qunita, que involucraba al actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. El caso de los cuadernos de las coimas, cuyo destino es muy relevante para el poder político y empresario, es de los pocos expedientes por hechos de corrupción ocurridos durante el kirchnerismo que todavía sigue en pie.
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